Un presupuesto se balanceaba

Decía hace poco Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, que a pesar de las tensiones políticas hay ciertas líneas rojas que jamás deben cruzarse, que las batallas pueden darse en determinados campos y esferas concretas de discusión, pero nunca comprometiendo lo fundamental de la economía nacional.Y entre lo más fundamental del manejo económico están la responsabilidad fiscal y el ordenamiento del servicio público. Ambos criterios, no obstante, han sido comprometidos de manera innecesaria por la aprobación la semana pasada de la ley de negociación colectiva en el sector público por parte del Congreso. El dictamen finalmente aprobado recogía iniciativas de los partidos Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Acción Popular y Fuerza Popular.Como se sabe, esta norma ?aprobada después de las 11 de la noche del pasado jueves? promueve que los trabajadores públicos negocien aumentos salariales, situación que no está permitida por la legislación vigente para salvaguardar el orden y la predictibilidad del presupuesto. La iniciativa se enmarca en el mismo espíritu que impulsó hace poco la derogación del Decreto Legislativo 1442, cuyo fin era ordenar la planilla del Estado. A la fecha, aunque parezca increíble, no existe conocimiento centralizado sobre quiénes son todos los trabajadores públicos, cuánto se les paga y por qué.Respecto de la responsabilidad fiscal, la norma que permite la negociación colectiva abre un espacio significativo de incertidumbre sobre el tope adecuado del gasto en remuneraciones públicas. Si bien la tasa de sindicalización en organizaciones estatales es relativamente baja ?apenas uno de cada siete trabajadores públicos esta sindicalizado, aproximadamente? el potencial costo fiscal de la iniciativa es grande. Si aún con la prohibición de la negociación colectiva el gasto público en ?personal y obligaciones sociales? ha subido ya en...

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