Persecución judicial

Por alfredoTorres

A raíz del pedido de asilo de Alan García a Uruguay, sus más encarnizados defensores han sostenido que este se justifica porque en el Perú hay persecución política. Se ha llegado a decir que ?vivimos en un totalitarismo que […] utiliza a la justicia para perseguir a los opositores? y que el país vive ?un estado de odio político, polarización y violencia extrema?.Felizmente, casi todos los analistas peruanos y observadores internacionales que se han pronunciado sobre el tema han coincidido en sostener que en el Perú no hay persecución política, a nadie se lo persigue por sus ideas. El presidente Martín Vizcarra ni siquiera tiene una bancada parlamentaria sólida ni mucho menos operadores en el Poder Judicial, como sí lo llegaron a tener en su momento el Apra y el fujimorismo. La acusación de que el gobierno persigue políticamente a sus opositores por la vía judicial es tan absurda que se cae por sí sola.Otros analistas han sostenido que, si bien en el Perú no hay persecución política y hay evidente separación de poderes, sí hay una persecución judicial y periodística. En este caso, la crítica es para la gestión de determinados fiscales y jueces, así como de los medios de comunicación. El problema con este argumento para Alan García es que el presidente Tabaré Vázquez no podría justificar ante su país y ante la comunidad internacional que le brinda asilo para protegerlo de los jueces y la prensa.En todo caso, la supuesta persecución judicial-periodística no sería solo contra Alan García. Antes de dictaminarse impedimento de salida del país para él, Ollanta Humala y Nadine Heredia sufrieron prisión preventiva; Keiko Fujimori y diversos gobernadores y ex gobernadores de diferentes tendencias sufren ahora similar medida cautelar; Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y otros políticos, el congelamiento de sus bienes y la prohibición de salir del país; por no hablar de Alejandro Toledo, que está con orden de captura internacional. Si la Embajada de Uruguay concede asilo a García, debería prepararse para acoger también a los demás políticos investigados.Lo que sí existe son críticas de diversos sectores al abuso de la prisión preventiva cuando existen otras alternativas como la detención domiciliaria con grillete electrónico, que debería aplicarse a todos los inculpados con riesgo de fuga que no hayan sido acusados por hechos de violencia. Si la ley vigente requiere algún ajuste para que esto sea posible, está en manos del...

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