El impacto internacional de las acciones emprendidas durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori: intervención de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

AutorFabiola Butrón Solís
Páginas85-134

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1. Labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la década de 1990: aspectos generales
1.1. El pronunciamiento y las acciones de la Comisión Interamericana previos al autogolpe de Estado de 1992

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto especial atención en el Estado peruano dada la situación de extrema violencia que caracterizaba al país, además de las constantes muestras de violaciones de los derechos humanos que se venían produciendo. Su avocación a casos individuales en los que se advertía la vulneración de estos derechos y las visitas de observación in loco al Estado son muestra de ello.

1.1.1. La Comisión Interamericana avisa y alerta

Como antecedente a las acciones emprendidas por la Comisión Interamericana durante el Gobierno de Fujimori, se encuentra la primera visita de observación in loco que hizo la Comisión al Perú en 1989, marcando una pauta importante en el tema de los derechos humanos. La Comisión pudo conocer de cerca la caótica situación que estos derechos atravesaban. Emitiendo en estePage 86 sentido un comunicado de prensa1 a su finalización y, con posterioridad, dos comunicaciones2 más detalladas. En el contenido de dichos documentos se encuentra reflejada su preocupación.

Ya centrados en 1990, una de las acciones que emprendió la Comisión Interamericana en favor de los derechos humanos fue la visita de observación in loco al Perú que, por invitación de este país, realizó entre el 28 y el 31 de octubre de 1991. En esta visita, la Comisión pudo advertir la violencia derivada del conflicto armado interno que venía sufriendo el país, recibió además testimonios que son muestra del sufrimiento de la población, principalmente la más vulnerable a las acciones violentas nacidas de las instancias estatales, co-Page 87mo de los grupos terroristas. Se destaca que la Comisión fue alertada sobre las acciones del Gobierno en detrimento de los derechos humanos pero en beneficio de sus objetivos particulares; condenó sin paliativos esas acciones3.

De igual forma, la Comisión Interamericana fue informada sobre las medidas que se tomaron en el país a fin de superar los problemas existentes en materia de derechos humanos; transmitiendo su esperanza de que las mismas puedan desarrollarse de manera óptima, anexando la importancia de la participación de las instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos para la consecución de tal fin. La Comisión resalta además la actitud receptiva a sus planteos por parte de altas autoridades militares. En este sentido, reconoce los problemas que conlleva la lucha contra la subversión, pero es muy clara en sus planteamientos en relación al respeto de los derechos humanos.

El párrafo 10 del comunicado de prensa de julio de 1991 es la muestra fehaciente de ello:

La Comisión está consciente de las dificultades que conlleva la aplicación de una seria política de defensa de los derechos humanos por parte de las instituciones armadas en un conflicto en el cual hay quienes se consideran liberados de la sujeción de ley alguna. Tal como señalara el presidente de la Comisión en 1989 al entonces señor ministro de Relaciones Exteriores del Perú, las Fuerzas Armadas están llamadas a defender la Constitución y las leyes y tan alta función no puede ser desvirtuada por el empleo de métodos específicamente vedados por ese orden normativo.

El tema de la impunidad fue otro punto de preocupación de la Comisión. Consideró al respecto que la identificación y sanción ejemplar de los responsables de violaciones de los derechos fundamentales es imprescindible. Ha manifestado, de igual forma, su satisfacción respecto a la información propor-Page 88cionada sobre la identificación de quienes actúan en las zonas de emergencia y puedan estar involucrados en violaciones de los derechos humanos. Resaltando su utilidad para la eliminación de la preocupante impunidad que ha venido caracterizando el accionar de las fuerzas estatales, hecho que se refleja en la ausencia de personas condenadas por violaciones de los derechos fundamentales.

Además, la Comisión se pronunció sobre los estados de emergencia que continúan rigiendo en diversas regiones del país, así como en aquellos lugares en los que ya se ha levantado dicho estado, pero donde sin embargo existen ciertos problemas relacionados a la preponderancia del poder militar.

Otro tema que consideró la Comisión es el caso de las rondas campesinas, método voluntario que permite la autodefensa de la población rural. Su preocupación en torno a esta cuestión estuvo centrada en que algunas de éstas no fueran integradas de forma voluntaria, y que en muchos casos se diera lugar a violaciones de derechos fundamentales.

Respecto a los derechos al debido proceso y a la libertad personal, vinculados estrechamente con el derecho a la integridad personal, la Comisión Interamericana fue informada sobre la falta de formalidad en los arrestos, la inoperancia de los recursos de amparo y hábeas corpus, la lentitud con que se llevan a cabo los juicios, aspecto traducido en la cantidad de población penal que se encuentra sin sentencia definitiva. Al respecto, la Comisión extremó las advertencias al Gobierno sobre lo que era y no era un comportamiento correcto en este sentido4.

La Comisión también tuvo la posibilidad de observar las condiciones inapropiadas en las que la población penal cumple su privación de libertad. Pese a ello, manifestó su satisfacción frente al compromiso de las autoridades penitenciarias de mejorar las condiciones carcelarias. Ponderando el peligro que, según la experiencia reciente del Perú, podía generar la declaración de estado de emergencia en los penales de la ciudad de Lima y el sometimiento de éstos a la autoridad del comando político militar.

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En un contexto general, la Comisión pudo apreciar la difícil situación que atravesaban los derechos humanos en el Perú. Sin embargo, mostró una posición optimista respecto al compromiso del Gobierno de mejorar esta situación. Es lamentable que con el transcurso del tiempo sus expectativas se vieran frustradas. El Gobierno de Fujimori demostró sus verdaderas intenciones, las violaciones de los derechos humanos derivadas de las acciones del nuevo régimen continuaron siendo una constante en el país.

1.1.2. El Estado peruano manifiesta su posición

Las conclusiones a las que arribó la Comisión Interamericana luego de su primera visita in loco al Perú marcan un aspecto de suma importancia, tomando en cuenta que en esa época los comicios electorales destinados a elegir un nuevo presidente para el Perú estaban cercanos. Era indispensable que el Gobierno entrante tomase en consideración las apreciaciones de la Comisión respecto a la situación de los derechos humanos en el país.

En efecto, una de las acciones emprendidas al inicio del Gobierno de Alberto Fujimori en relación a la Comisión Interamericana fue la emisión de una respuesta a la comunicación que ésta había aprobado en su 77.º periodo de sesiones.

En la Nota de la Representación Permanente del Perú ante la OEA que se emite a la Comisión, el Gobierno peruano transmite de forma extensa los alcances respecto a la situación por la que atravesaba el país. Expresa, además, su compromiso de combatir la violencia, pero en un contexto de respeto a los derechos humanos.

En la Nota se ha señalado expresamente que el Gobierno no puede permanecer inerte, sino que tiene la obligación moral y jurídica de reaccionar y defenderse del terrorismo como una forma de violencia política ilegal, ilegítima e inmoral, que por la vía de diversos delitos agrede a la sociedad peruana, la diminuye en sus justas exigencias de cambio y afecta seriamente las posibilidades presentes y futuras de una construcción democrática de todo el Perú5.

El Gobierno peruano se declara dispuesto, a la luz de las ideas que en...

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