Ocho años de buenas prácticas hídricas
| Autor | Luis Luján Cárdenas |
| Cargo | Sociólogo |
La autoridad nacional del Agua (ANA) ha cumplido ocho años de vida institucional. Adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, según la Ley Nº 29338, que puso al Perú en la vanguardia en la gestión integrada de los recursos hídricos en América del Sur.
La ANA administra el agua superficial y subterránea de 159 unidades hidrográficas existentes en el país. En sus primeros años, soportando cambios permanentes en su jefatura, fortaleció su organización creando órganos desconcentrados (14 autoridades administrativas del agua y 72 autoridades locales del agua), y elaborando documentos de gestión para su fortalecimiento organizacional e institucionalización.
También se promulgó el Decreto Legislativo 997, que crea la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, dado el preocupante deshielo de nuestros glaciares.
Entre el 2011 y 2012 se crearon seis Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba, importante quiebre en la gestión y visión país de los recursos hídricos, lo que indudablemente fortalecerá la paz social, el aumento de la inversión pública y privada, el desarrollo de las comunidades y una mayor sostenibilidad de la economía verde.
Se emitió, además, una normatividad que agiliza los procedimientos administrativos de otorgamiento de licencias de derecho de uso de agua, y el reglamento de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua. Del mismo modo, la ANA publicó varios estudios: Medición de la huella hídrica en el Perú en el sector agropecuario, Medición voluntaria de la huella hídrica para promover en la actividad privada la responsabilidad social corporativa del agua, y el Inventario de presas en el Perú.
En los últimos cuatro años ha obtenido logros importantes: en el 2012, el Acuerdo Nacional aprobó la Política de Estado 33, referida a los recursos hídricos, que considera el agua como patrimonio de la Nación y derecho fundamental de la persona. En el 2013, la ANA estableció nuevas tarifas de retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residual, sinceramiento que no fue del agrado de algunos sectores empresariales; y firmó convenio con el Ministerio de Educación para insertar en el currículo escolar la problemática hídrica y capacitar a los profesores con la...
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