El mercado político y el mercado económico
| Autor | Alfredo Bullard González |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho Civil y Análisis Económico del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| Páginas | 855-896 |
Esta sección se basa en el artículo «Votando por Refrigeradoras y Comprando Congresistas ¿Por qué no?» publicado en Ius Et Veritas, N.º 20, 2000.
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Imaginemos un país hipotético en el que se efectúan tres reformas del sistema Constitucional.
La primera es cambiar el régimen económico para producir bienes privados usando como mecanismo de decisión la democracia. Bajo tal régimen se producirán las refrigeradoras que la mayoría, por medio del sistema político, decida que se produzcan.
La segunda es cambiar la estructura del sistema político para producir bienes públicos usando el mercado. En tal sistema los escaños en el Congreso o el propio cargo de Presidente de la Republica se venderían al mejor postor.
La tercera es sujetar la existencia o no de derechos individuales a la decisión de la mayoría. Así si la mayoría decidiera que la vida, la libertad o la propiedad no deben respetarse, bastaría su decisión para remover tales derechos y dejar desprotegidos a los individuos.
Analizar estos tres cambios nos ayudan a entender los límites que la economía impone a la democracia y los que la democracia impone al mercado. Page 856
Imaginemos que (como suele ocurrir) la decisión de qué refrigeradoras se producen y se consumen es dejada al mercado. Es la interacción de productores y consumidores la que determina qué refrigeradoras se van a fabricar y a qué precio. Los consumidores eligen así de las diversas opciones que el mercado ofrece, qué refrigeradora quieren tener en su casa.
La primera reforma que hemos sugerido propone dejar de usar el sistema de mercado para decidir qué refrigeradoras se van a producir y sustituirlo por el sistema democrático, es decir por las decisiones que se adopten a través del sistema político.
Bajo esta reforma las decisiones de producción de bienes y servicios (electrodomésticos, alimentos, turismo, vestido, etc.) son dejadas en manos de las autoridades democráticamente elegidas. El Gobierno, como representante de la voluntad popular, decide qué refrigeradoras son buenas para los ciudadanos, ordena su producción en un número adecuado y las entrega a los consumidores. Para ello entrega a los ciudadanos cupones que pueden, libres de cualquier pago, canjear por el modelo de refrigeradora elegido por las autoridades.
Este sistema sustituye al mercado por un sistema democrático. El resultado de un sistema de esas características afectará seriamente la producción de bienes normalmente considerados privados. Los consumidores podrían querer refrigeradoras diferentes, más grandes o más pequeñas, con distintas características. Si el Gobierno no puede identificar claramente las preferencias de los consumidores, habrá gente con refrigeradoras no deseadas.
Además el sistema puede generar una tremenda escasez o una abundancia extrema, pues tendrá problemas para identificar cuántas refrigeradoras se necesitan. La respuesta más usual será la escasez, porque el Estado carecerá de recursos para producir refrigeradoras suficientes. Además, como las refrigeradoras serán gratuitas, todos, hasta los que no les interesa tener una, la pedirán. Tendremos colas y largos tiempos de espera y, posiblemente, a falta de estímulos competitivos, las calidades dejarán mucho que desear. Finalmente la corrupción será inevitable y quienes puedan corromper a los funcionarios podrán obtener más refrigeradoras y quienes no puedan se quedarán sin una.
El sistema descrito no es de ciencia ficción. Es una descripción simplificada del modelo de economía planificada que tuvo su expresión más clara en el sistema soviético y en general lo tiene en las economías de signo socialista1. Page 857 En ese sistema el Estado trataba, por medio de cálculos econométricos de sofisticados economistas, calcular la demanda de cada bien o servicio y producir y entregar a los consumidores cantidades adecuadas de dichos bienes o servicios. El resultado fue el descrito: mala asignación de recursos, mala calidad, escasez notoria, y un alto nivel de corrupción. Hoy pocas personas plantearían regresar a un sistema como el descrito.2
El cambio nos ilustra un primer límite de la democracia que desarrollaremos más adelante: la democracia tiene, operativamente, límites intrínsecos para producir una dotación adecuada de bienes privados
La segunda reforma planteada sería sustituir el sistema de votación para elegir al Congreso (o al Presidente), por un sistema de compra del cargo. Inicialmente se haría una subasta mediante la cual los que presenten pujas más altas adquieran el cargo de Congresista. Los Congresistas así designados tendrían la libertad de vender su puesto cuando quisieran, de manera que la renovación del Congreso ya no se produciría mediante elecciones populares periódicas, sino mediante compras y ventas continuas, en un sistema de mercado. La composición del Congreso reflejaría así las preferencias de quienes quieren participar en políticas expresadas en «votos monetarios», y la «representación» política sería el resultado de algo similar al que arrojaría una bolsa de valores.
El resultado sería desastroso. El Congreso daría leyes que no responden necesariamente al bien común, sino al interés particular de sus integrantes. El parlamento estaría conformado por personas ricas con interés en participar en política. Pero sería una política diferente, en la que la constante sería producir «bienes públicos» sobre la base de intereses privados. Por ejemplo, si las empresas adquieren suficientes escaños en el Congreso darían normas ambientales que no necesariamente buscarían un uso adecuado Page 858 del medio ambiente, entendido como un bien común de todos, y por el contrario propiciarían un uso privado de dicho ambiente en perjuicio de los demás.
Lo que habría ocurrido es que estarían usando el mercado para producir bienes públicos y al hacerlo se afectaría el derecho de todos a que se provean los bienes públicos que necesitamos, convirtiendo el sistema político en un mecanismo de repartija de privilegios a particulares.
Este sistema tampoco es de ciencia ficción y se parece mucho a lo que vivimos en Latinoamérica. Es lo que ocurre con los sistemas mercantilistas, en los que los particulares compran las decisiones políticas mediante influencias o incluso dinero para conseguir que se produzcan los bienes públicos que ellos necesitan y no los que la sociedad requiere. Los videos de Montesinos en Perú comprando funcionarios o incluso empresarios mediante el uso de recursos públicos es una muestra de ese «mercado político» funcionando.
Esta segunda reforma nos muestra el signo contrario de la anterior, es decir el límite operativo del mercado para producir bienes públicos.
La tercera reforma tiene que ver con las dos anteriores y se refiere al cambio de la relación entre derechos individuales y decisiones democráticas de la mayoría. Tanto el sistema democrático como el sistema de mercado requieren de un paquete de derechos individuales básicos para funcionar. En el caso de la democracia, esos derechos son considerados, sin discusión, fundamentales. Ello ocurre por ejemplo con el derecho a la integridad física, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho de asociación, entre otros. Es la existencia efectiva de tales derechos lo que hace la diferencia entre un mero sistema electoral y una auténtica democracia.
En ese sentido, no es posible que esos derechos puedan ser «derogados democráticamente». Si la mayoría decidiera que tales derechos son incómodos porque, por ejemplo, no permiten combatir de manera efectiva al terrorismo, o afectan la gobernabilidad, no aceptamos que tal derogación pueda ocurrir. Para evitarlo sujetamos a la democracia a un control jurídico de manera que las mayorías no puedan afectar los derechos individuales y encargamos su protección a un sistema más tecnocrático (o aristocrático según como se le mire), como el Poder Judicial o Tribunales Constitucionales. Si bien los Tribunales están sujetos a una serie de controles democráticos, lo cierto es que los sistemas de nombramiento y de remoción tratan justamente de aislar la designación de sus miembros de presiones «excesivamente democráticas» buscándose más técnicos en leyes que políticos. Un Page 859 ejemplo claro es la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos miembros son designado de por vida, y están libres de un control democrático puro que permita su remoción. Como bien decía el abogado peruano Enrique CHIRINOS SOTO, los vocales de la Corte Suprema de los Estados Unidos «nunca son removidos, y rara vez mueren».
Las cosas no son muy distintas desde el punto de vista del funcionamiento del mercado. Para funcionar el mercado requiere, además de la propia libertad de comercio, un paquete básico de derechos fundamentales, sin los cuales el sistema se hace inviable. Esos derechos son la propiedad, el derecho de libre contratación, entre otros. Sin estos derechos su funcionamiento no es posible.
Al igual como ocurre con los derechos que permiten el funcionamiento de la democracia, los que permiten el funcionamiento del mercado tampoco pueden ser «derogados democráticamente». No es admisible que en un barrio los vecinos organicen una Asamblea...
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