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Vincent

Hace algunos días aparecieron en YouTube los audios de una reunión sostenida el año pasado entre los entonces ministro de Justicia, procurador del Estado, presidente del Poder Judicial y jueza encargada del Caso Chavín de Huántar. Unas semanas antes se había hecho público el audio de una conversación donde el ministro de Defensa aseguraba que ya había obtenido ?luz verde? de la esposa del presidente para realizar una serie de adquisiciones para su sector. Todo esto, aparentemente, ha llevado al Gobierno a proponer (a través de un proyecto de ley) que para acabar con las interceptaciones ilegales se eleven las penas para estos delitos.No podemos negar que muchas veces los contenidos de las interceptaciones han sido de alto interés público y han servido para que los peruanos nos enteremos de una serie de temas importantes que de lo contrario escaparían a nuestro conocimiento (como casos de corrupción en el Estado). Sin embargo, también es indiscutible que nuestro país parece haberse convertido en uno donde el derecho a la privacidad de las comunicaciones es letra muerta. La interceptación ilícita, después de todo, parece estar disponible para quien pueda pagarla.Por ello, es positivo que el Gobierno tome consciencia del problema y quiera hacer algo al respecto (aunque para ello haya tenido que llegar al vergonzoso extremo de mostrar que el Estado no tiene cómo proteger ni las conversaciones del ministro de Defensa). El problema, no obstante, es que, para efectos de desalentar cualquier delito, de poco sirve aumentar las penas si los delincuentes saben que de cualquier manera no serán atrapados. Resulta inútil que en el papel se amenace a los ?chuponeadores? con que irán, digamos, cien años presos, si en la práctica saben que nunca serán condenados.La historia de las grabaciones ilegales de los últimos años, precisamente, muestra que la regla ha sido la incapacidad del Estado de encarcelar a quienes cometen este tipo de crímenes. Para muestra, algunos botones.¿Se capturó a quienes grabaron las conversaciones del señor Castañeda Lossio o del promotor de la pasada campaña por la revocación de la alcaldesa de Lima? ¿O a los responsables de la aparente interceptación de las comunicaciones del gobierno...

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