Ley mordaza y acción afirmativa

AutorRonald Dworkin
Páginas181-198
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Ley mordaza y acción afirmativa
Los abogados derechistas que Reagan nominó para el Departamento de Justi-
cia en su presidencia temprana prometieron una “revolución reaganista” en
Derecho constitucional. Intentaron llenar los tribunales federales de cada nivel
de jueces que fueran capaces de sobrevivir los exámenes políticos más exigentes
para el nombramiento judicial que jamás se hubieran realizado en este país; y les
pidieron a estos jueces que tomaran decisiones destinadas a revocar décadas de
precedentes constitucionales, con el objetivo de que la Constitución ya no sea
por más tiempo una fuente importante de derechos minoritarios o individuales
en contra del ejercicio injusticado de la autoridad pública.
La revolución está empezando a dar sus frutos. En sus decisiones recientes,
la Corte Suprema (que hoy parece estar en las seguras manos de jueces a quienes
los conservadores tildan de políticamente correctos) ha abrogado o recortado en
aspectos importantes algunos derechos constitucionales tradicionales. Ha adop-
tado, en este sentido, nuevas reglas que limitan tajantemente el número de veces
que las personas sentenciadas a la pena capital pueden solicitar a los tribunales
federales que consideren nueva evidencia o nuevos argumentos1. Ha decidido que
meramente podría tratarse de un “error inocuo” que la policía fuerce mediante
golpes la confesión de un acusado2. Ha rechazado la utilización de estadísticas
1 McCleskey vs. Zant, 59 U.S.L.W. 3782
2 Arizona vs. Fulminante, 59 U.S.L.W. 4235
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claramente pertinentes a la hora de decidir si la raza ha jugado algún papel en el
veredicto ejecutorio de un acusado de color3. Les ha concedido a los Estados el
poder de restringir los abortos de formas que resultan particularmente dañinas
para las mujeres pobres, y, más recientemente, en Rust vs. Sullivan, ha declarado
constitucional una orden ejecutiva que prohíbe que los médicos de cualquier
clínica que reciba nanciamiento federal puedan discutir u ofrecer información
sobre el aborto, o indicar de dónde dicha información podría extraerse, incluso
tratándose de mujeres que especícamente solicitan discutir el aborto y que no
tienen otra forma de acceder a una consulta médica4.
La última de estas decisiones parece particularmente aberrante para los estu-
diosos del Derecho constitucional. Por vez primera, la Corte ha convalidado el
poder gubernamental de imponer restricciones no sólo sobre lo que las personas
que aceptan el dinero del gobierno podrían hacer con ese dinero, lo cual resulta
a menudo razonable, sino sobre lo que ellas podrían decir en el cumplimiento de
sus deberes profesionales, lo cual golpea prácticamente en el nervio de la libertad
de expresión, especialmente en una sociedad como la nuestra en la cual la medi-
cina, la investigación y la educación están tan densamente interconectadas con el
nanciamiento gubernamental.
Más aún, la Corte hizo esto de una manera particularmente cruel: convalidó la
reinterpretación que un burócrata de Reagan hizo sobre un estatuto del Congreso
que siempre había sido interpretado en tensión con esa implicancia, a pesar del
hecho de que, como la jueza O’Connor señaló en su agudo voto en disidencia, la
Corte tradicionalmente evita interpretar las actas del Congreso de una manera que
plantee difíciles problemas constitucionales, a menos que sea el propio Congreso el
que insista en plantearlos. El Congreso puede —y muy bien podría— promulgar
otro estatuto que declare que la interpretación planteada por la administración
resulta equivocada. Pero Bush puede vetar ese estatuto, y una minoría de legisla-
dores, ligados a grupos “provida”, pueden refrendar ese veto.
No sólo esta decisión, sino cada una de aquellas que he mencionado, resulta
revolucionaria: en cada una de ellas la Corte ha ignorado décadas de precedentes, y
cada una de ellas hubiera sido inimaginable hasta hace poco. (En 1981, por ejemplo,
los otros ocho integrantes de la Corte votaron en contra del intento del juez Rehnquist
3 McCleskey vs. Kemp, 481 U.S. 279. Aunque las personas negras que asesinan a personas blancas son
mucho más proclives a ser sentenciadas a muerte en Georgia que las personas negras que asesinan
a otras personas de su misma raza, o que las personas blancas que asesinan a cualquiera, la Corte
declaró que esto era irrelevante cuando juzgó si la raza había jugado algún rol en la decisión de un
tribunal de Georgia de ejecutar a un acusado de raza negra que fue condenado por asesinar una
víctima de raza blanca.
4 Rust vs. Sullivan, 59 U.S.L.W. 4451

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