El JNE debe corregir medida antidemocrática

¿A quién le podría convenir tener elecciones con un apagón de encuestas, algo totalmente inédito en el mundo democrático? ¿Qué presiones estarían detrás de una medida anticonstitucional y antidemocrática que afecta no solo la imagen del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sino también el proceso electoral en curso? ¿Y, si hoy se acepta este nefasto precedente contra las encuestadoras ?a las que exige dar ?los nombres, DNI, teléfono y dirección, de cada uno de los encuestados??, quiénes podrían ser los próximos afectados?

Hay razones para la suspicacia, sobre todo cuando son los voceros del oficialismo, tanto gubernamental como parlamentario, los que apoyan de modo tan apasionado una medida tan sombría. A ellos se suman candidatos que antes eran entusiastas defensores de las encuestas, cuando las lideraban, y ahora las recusan cuando van rezagados; y otros conocidos por su admiración al régimen autoritario de Hugo Chávez, en Venezuela, que ha usado métodos similares para identificar, amedrentar y atacar a quienes se oponen a su abusivo gobierno.

Ante las nuevas exigencias del JNE, las encuestadoras, a través de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), han rechazado la inconstitucional medida, que vulnera garantías fundamentales a la reserva y la confidencialidad. Como explican los expertos, si el voto es libre y secreto, las encuestas, que son una aproximación al sufragio, deben gozar de las mismas garantías.

El gremio de empresas encuestadoras ha dicho que ?de mantenerse la mencionada reforma, las empresas encuestadoras se verán impedidas de publicar encuestas sobre intención de voto, puesto que rehúsan a ponerse en la posición de obligar al encuestado a perder el anonimato de su opinión política y asumir la distorsión que ello implica en la representatividad de las encuestas?.

El asunto es grave. Bien es cierto que algunas encuestadoras han sido objeto de crítica, a veces justificada, por la disparidad de sus resultados o por sus métodos. Esto debe llevar no solo a una actitud de autocrítica y autorregulación de las propias empresas encuestadoras, sino también a mejorar la labor fiscalizadora del JNE para asegurar la calidad técnica, representatividad y legitimidad de los estudios de mercado.

Sin embargo, de allí a exigir que se rompa el...

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