El intérprete, los métodos y la integración jurídica en el ámbito constitucional

AutorMarcial Rubio Correa
Páginas255-305
Capítulo IV
EL INTÉRPRETE, LOS MÉTODOS
Y LA INTEGRACIÓN JURÍDICA
EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL
En este capítulo tratamos, en primer lugar, sobre los aspectos orgánicos de la inter-
pretación constitucional: quién interpreta y con qué alcances. Luego abordamos el
tema de los métodos de interpretación y el de la integración jurídica, todo dentro
del ámbito constitucional.
4.1. El intérprete constitucional
Las sentencias del Tribunal Constitucional han desarrollado diversos temas relacio-
nados con los aspectos orgánicos de la interpretación constitucional. Todo ello tiene
que ver con atribuciones de diversos órganos y con la forma y consecuencias de las
sentencias del Tribunal. A continuación nos ocupamos del asunto principal.
4.1.1. la obligatoriedad de las sentencias y resoluciones que emite
el tribunal constitucional para todos los operadores del derecHo
Este aspecto ha sido abordado en el artículo 204 de la Constitución, que dice:
Constitución, artículo 204. La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad
de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha
norma queda sin efecto [...]
A partir de esta norma queda claro que la publicación de una sentencia de
inconstitucionalidad declarada fundada deja sin efecto —es decir, invalida en
adelante— la norma declarada inconstitucional (la segunda parte del artículo 204,
suprimida por nosotros, manda que la sentencia de inconstitucionalidad no tenga
efectos retroactivos).
L    C   T C
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El Tribunal ha sido mucho más enfático: ha dicho que sus sentencias expulsan la
norma declarada inconstitucional:
1. Que, por sentencia de 13 de agosto del 2001 (exp. N.° 004-2001-I/TC), se declaró
inconstitucional y sin efecto el Decreto Legislativo N.° 900, mediante el cual se modificaron
varias disposiciones de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (N.° 23506), entre ellas el artí-
culo 29°; y que dicha sentencia tiene el efecto previsto en el artículo 204° de la Constitución
y, por lo tanto, expulsa del ordenamiento jurídico a la norma impugnada.
1
El Tribunal ha sostenido, además, que sus sentencias tienen valor de ley,
2
lo que
consideramos correcto, porque el hecho de que tengan valor de ley no implica que
se conviertan en ley: solo quiere decir que tienen el poder de una ley, y eso es cierto
dado que pueden expulsar a las normas con rango de ley del sistema normativo y,
además, realizar control difuso de estas:
[...] este Tribunal Constitucional debe señalar que, en la noción de ley, a la cual se refiere
el principio de legalidad penal, para reservar la determinación de las hipótesis del delito,
incluso, debe considerarse las sentencias del Tribunal Constitucional que, por su propia
naturaleza, tienen valor de ley (P, Alessandro, «Las sentencias “manipulativas”
del Tribunal Constitucional italiano», en AA.VV. El Tribunal Constitucional, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, p. 292).
3
Finalmente, ha establecido que, si bien sus sentencias crean precedente obligatorio
por mandato del bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución y las
leyes que la desarrollan en esta materia, el Tribunal no se reconoce vinculado por las
sentencias de ningún otro órgano del Estado. La razón consiste en que él es el órgano
de control de la Constitución (artículo 201 de la Carta) y, por tanto, sus resoluciones
interpretan la Constitución jurisdiccionalmente hablando. Ha dicho lo siguiente:
Finalmente, y en cuanto a la presunta afectación al derecho de igualdad ante la ley, este
Colegiado expre sa que los derechos reconocidos o que nace n de ejecutorias judiciales
1
Resolución del Tribunal Constitucional emitida el 19 de mayo de 2003 en el exp_2377_2002_AA_TC
sobre acción de amparo interpuesta por Jesús Benigno Oré Monroy contra persona no identificada en la
resolución.
2
Tal vez hubiera sido más correcto que el Tribunal dijera que sus sentencias tienen fuerza de ley. Él
mismo ha dicho que fuerza de ley no es igual que rango de ley, porque las normas con rango de ley están
expresamente indicadas por la Constitución (véase en el punto 2.1.1.2 del capítulo II la referencia a esta distin-
ción conceptual, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el
exp_0005_2003_AI_TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República,
representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2, 3, y la primera y segunda
Disposición Final y Transitoria de la Ley 26285.
3
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de enero de 2003 en el exp_0010_2002_AI_TC sobre
acción de inconstitucionalidad seguida por ciudadanos con firmas contra los decretos leyes 25475, 25659, 25708
y 25880, así como sus normas complementarias y conexas.
El intérprete, los métodos y la integración jurídica
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únicamente bene fician a quienes han sido parte del correspondie nte proceso, mas no
así a quienes, encont rándose en situaciones similares, no han obtenido reso lución ju-
dicial alguna sobre el part icular; de otro lado, las resoluciones de sedes dist intas a este
Colegiado no pueden esta blecer una línea jurisprudencial que lo obligu e, pues, por el
contrario, y en aplicación de la Primera Disposición Gen eral de la Ley Orgánic a del
Tribunal Constitucional, N.° 26435, son las resoluciones del Tribunal Constitucional
las que generan ju risprudencia obligatoria y vin culante para todos los demás órgan os
jurisdiccionales.4
4.1.2. el jueZ es quien tiene las autoriZaciones de los artículos 138 y 200,
inciso 4, de la constitución para pronunciarse sobre la inconstitucio-
nalidad de las normas con rango de ley
El Tribunal Constitucional ha señalado que la función de control constitucional difuso
es exclusivamente jurisdiccional: corresponde a los magistrados que ejercen jurisdicción
y no a otros funcionarios del Estado:
Fundamentos: [...] 3. Que el control difuso de la constitucionalidad de las normas
constituye un poder-deber de l Juez al que el artículo 138º de la Constitu ción habi-
lita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional
y, en general , el principio de jerarquía de las normas, enunciados en el artículo 51º
de nuestra norma fundamental. Este cont rol es el poder-deber consubstancial a la
función jurisdiccional a efectos de garantizar que el proceso sea debido, e n el sen -
tido de que sea un p roceso constitucional, es decir, que un a causa ha de conducirse
procesalmente y ser resuelta, en c uanto al fondo, confor me a normas de indub itable
constituciona lidad, pues no puede reputa rse como debido proceso a a quél en el que,
o es resuelto conforme a normas procesale s de cuestionable constitucionalidad, o el
fondo de él es resuelto en aplica ción de normas sustantivas cuya inconstitu cionalidad
resulta evident e. Por ello, además , desde tal perspectiva, el co ntrol de inaplicabilidad
también viene a ser un principio de la función jurisdi ccional en el sentido del artículo
139º de nuest ra Constitución.
5
Desde luego que el control concentrado que se realiza a través de la acción de
inconstitucionalidad es jurisdiccional, porque lo realiza exclusivamente el Tribunal
Constitucional. Lo que la primera parte de esta cita trae es una interpretación estricta
—y correcta, según nuestro criterio— del segundo párrafo del artículo 138 de la
Constitución, que dice:
4
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 29 de enero de 2003 en el exp_1220_2002_AA_TC sobre
acción de amparo interpuesta por Arrow Air Inc. contra Petróleos del Perú S. A. (Petroperú S. A.).
5
Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de septiembre de 1999 en el exp_0145_99_AA_TC sobre la
acción de amparo interpuesta por Industria de Confección Textil S. A. y otras contra el Supremo Gobierno.

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