Indecopi: una reforma pendiente

Darle autonomía constitucional al Indecopi es fortalecer una institución clave para nuestra economía y sociedad.

Debe darse luego de un proceso de reflexión, que reconoce su madurez y experiencia, su solvencia técnica y que, en la actualidad, ya ejerce mandatos constitucionales. Sería un error que esta decisión se base en la búsqueda de una solución inmediata a una crisis política.

Por tanto, esta propuesta debe entenderse como una de las reformas estructurales que el Estado debería impulsar para mejorar la gestión pública y cumplir cabalmente el mandato de su rol subsidiario. Construir nuestra aún frágil democracia empieza por preservar las instituciones de las presiones políticas de todo tipo, ya sean estas partidarias y/o privadas, y ponerlas exclusivamente al servicio del interés público.

El principio de constitucionalidad pretende conceder al Indecopi el espíritu democrático con el cual deberían manejarse las entidades públicas con mandatos tan sensibles como la protección de los ciudadanos consumidores, la garantía de procesos competitivos del mercado y el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Indecopi es, sin duda, una de las instituciones públicas con la que todos deberíamos sentirnos representados y defendidos de los excesos del mercado. Su legitimidad, en democracia, se da en tanto ella vela por nuestro interés general. Por eso, no hay otro camino a tomar de cara a la crisis de confianza institucional que estamos viviendo y en respuesta a los inmensos desafíos de desarrollo socioeconómico que tenemos pendientes en nuestro país.

Mientras se zanja este viejo debate en el pleno, surgen otras legítimas interrogantes relativas a la gobernanza. El dictamen plantea una fórmula interesante en el sistema de elección del máximo órgano de gobierno, el Consejo Directivo. Este se elegiría a través del concurso público de méritos y evaluado por un comité de selección conformado por representantes del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la SBS, la PCM y la Contraloría General de la República por un período de siete años. Este rango de tiempo le daría independencia con respecto del Gobierno y del Congreso en ejercicio.

También deja abierta la posibilidad de la reelección, seguramente inspirada en el BCR, para estimular la meritocracia y el impacto positivo de una buena gestión de política pública. De manera clara, establece los mecanismos de remoción relativos a dicha designación.

Sin embargo, esta propuesta también cierra el paso a...

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