El Gran Hermano

El pasado martes, la Comisión de Constitución del Congreso rechazó una iniciativa para darle mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sentido que sugirió la SBS con un proyecto de ley que pretendía que dicha unidad pudiera acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria de las personas cuando lo considere necesario. La idea de los autores de dicho proyecto, en pocas palabras, era que otorgarle tal facultad a la UIF consolidaría un control eficaz del lavado de activos del narcotráfico y coadyuvaría a fiscalizar el financiamiento del terrorismo. La comisión rechazó este pedido bajo el argumento de que vulneraría el derecho constitucional del ciudadano al secreto bancario y tributario. Y no podríamos estar más de acuerdo.No es casual que la Constitución establezca que el levantamiento de dicho derecho solo pueda ser solicitado por el Poder Judicial, la fiscalía o alguna comisión investigadora del Congreso. Lo que busca la Constitución es brindar garantías a los ciudadanos de que existe algún ente fiscalizador independiente que verifique que el Gobierno no cometa abusos o violaciones contra la privacidad, ni que tampoco utiliza la información privada...

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