Editorial
| Autor | Eloy Espinoza-Saldaña Barrera |
| Cargo | Catedrático de universidad. Magistrado y ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Fundador y primer Coordinador General de 'Derecho y Sociedad'. Actual Editor General de la revista 'Derecho y Sociedad'. |
| Páginas | 13-13 |
Editorial
Este número 54 de “Derecho y Sociedad” tine varios signicados de vital relevancia. En
primer lugar, la disciplina jurídica a abordar es el Derecho Administrativo. Y es que el Derecho
Administrativo, como erróneamente creía algún sector, no es la mera descripción del conjunto
de las entidades, procedimientos, principios, deberes y derechos que permiten materializar
las diferentes actividades o funciones que cada vez asume el Estado para asegurar su cabal
funcionamiento. El Derecho Administrativo es mucho más que eso. Es el arma jurídica cotidiana
para limitar el ejercicio del poder de quienes cuentan con cuotas de poder (competencias),
ya sea controlando el abuso o la desviación de ese poder. Es, además, y por encima de todo,
la disciplina jurídica que busca asegurar que los(as) ciudadanos(as) puedan atender sus
necesidades básicas y el desarrollo de su proyecto de vida en sus diferentes aspectos. Es por
ello que hoy, con justicia, se reclama un derecho a una buena administración, obviamente con
reparticiones estatales más comprometidas con la ciudadanía y sus más vitales requerimientos.
La terrible pandemia que vivimos a nivel mundial nos ha demostrado cuán importante es contar
con Administraciones que tomen medidas que privilegien la tutela de las personas. Y es que,
aunque hay quien crea que estoy siendo dramático, en ello está en juego la vida, la salud y los
demás derechos fundamentales de toda la humanidad. Por ende, ahora, entre otros factores, se
busca una comunicación más directa entre la Administración en sus diversos niveles y espacios
de la sociedad civil, y ya no solamente a nivel del control de la actuación administrativa, sino
también, y sobre todo, para emprender una labor conjunta para enfrentar el mejor desarrollo
y garantizar una adecuada continuidad de programas, proyectos y actividades. Y es que
nuestra vida cotidiana no contará o no volverá a contar con las condiciones que se espera si no
comprendemos las cosas y el rol de las Administraciones públicas y del Derecho Administrativo
de esta manera.
La acogida a plantear estos temas a través de “Derecho y Sociedad” ha sido fantástica. En
términos cuantitativos, se han recibido tantas y tan brillantes contribuciones que, con todo
gusto, anuncio que tendremos un número 55, o un segundo tomo del número 54, para así dar
a conocer tan valiosas contribuciones. En el plano cualitativo, es un verdadero lujo contar en
esta edición con trabajos de Allan Brewer-Carías, Juan Carlos Cassagne, Jorge Fernández Ruiz,
Jaime Rodríguez Arana, Javier Barcelona Llop y un largo etcétera, que incluye, por ejemplo, a
la destacada iuspublicista Miriam Ivanega y a buena parte de los mejores administrativas de
nuestro medio, sin soslayar que el segundo tomo, o el número 55, según se opte, cuenta con el
apoyo de trabajos y autores de igual calidad y prestigio.
Ahora bien, y en épocas dónde la Administración, en protección de la ciudadanía y todo lo
que implica el Estado Constitucional, tiene que ser enérgica frente al cumplimiento de las
tareas asumidas, este número pone especial énfasis en los alcances de lo que involucra
la potestad sancionadora de la Administración, la cual , por cierto, no puede ni debe ser
ejercida de cualquier manera, sino con escrupuloso cumplimiento de ciertos parámetros:
respeto irrestricto de los derechos fundamentales, y entre ellos, los que involucra lo que aquí
llamaremos debido procedimiento; cabal seguimiento de principios o subprincipios como los
de legalidad(juridicidad), tipicidad, taxatividad o proporcionalidad; análisis detallado sobre si
nos encontramos ante eximentes o frente a atenuantes, o si nos hallamos ante delitos o faltas.
De allí la relevancia de la materia, y la calidad de los aportes que aquí se publican al respecto.
Tal como se había adelantado, importantes colaboraciones engalanan esta edición de
“Derecho y Sociedad”. En lo referido a las diferentes aristas de la potestad sancionadora de
la Administración, se cuenta con textos como el del maestro y jurista Juan Carlos Cassagne,
Profesor Emérito de la Universidad Católica Argentina y Titular consulto de la Universidad de
Buenos Aires; Jaime Rodríguez Arana, Catedrático de la universidad de La Coruña y Presidente
del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo; o de Armando Canosa, Catedrático
de la universidad de Buenos Aires. Mención especial merece el estupendo trabajo de Javier
Barcelona Llop, Catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de Cantabria, con una
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