Discurso del Dr. César Landa Arroyo, con ocasión de asumir la presidencia del tribunal constitucional

AutorCesar Landa Arroyo
CargoPresidente del Tribunal Constitucional
PáginasI-VII

1. El Tribunal Constitucional

Es indudable que cada institución es tributaria del tiempo y realidad en la que se desenvuelve. Por ello, no se puede entender al Tribunal Constitucional de hoy sino como uno de los resultados del proceso democrático de los años de 1978-1979. No podría ser de otro modo, si se recuerda que el quehacer de la justicia constitucional nació históricamente como respuesta ante las demandas ciudadanas de controlar los excesos del poder –primero público y luego privado– y, así, afirmar los derechos y libertades fundamentales.

Si bien normativamente queda claramente justificado el rol que cumple el Tribunal Constitucional como guardián de los valores jurídicos y democráticos consagrados por el poder constituyente, en la actual transición democrática se ha planteado el problema de los límites de su quehacer contralor; sobre todo, frente a los poderes públicos y a los órganos judiciales especializados del Estado de Derecho. Este escenario ha caracterizado al desarrollo del Tribunal Constitucional, desde que viene cumpliendo a cabalidad sus competencias, lo cual ha puesto en debate la propia naturaleza y la competencia del supremo intérprete de la Constitución.

Ningún Tribunal Constitucional se ha desarrollado sin tensión con los poderes a controlar; por cuanto, no puede permanecer, en el desarrollo de sus funciones, ajeno a la realidad social, política, económica y cultural en la cual se inserta; más aún si su actuación se realiza en una sociedad pluralista, compleja y, a menudo, desintegrada como la nuestra.

El Tribunal Constitucional cumple el mandato popular de ser el órgano de control de la Constitución; para lo cual garantiza, en primer lugar, la constitucionalidad de las normas legales del Poder Legislativo, Ejecutivo y de los Gobiernos regionales y municipales; en segundo lugar, la distribución de competencias y atribuciones entre los poderes y los órganos públicos constitucionales; y, en tercer lugar, las resoluciones del Poder Judicial que afectan los derechos fundamentales. Pero también es verdad que, para cumplir estas atribuciones, el Tribunal Constitucional goza de la competencia jurídica de interpretar la Constitución, a afectos de asegurar el orden jurídico constitucional y la estabilidad jurídica del país en el ámbito económico y político.

Puede decirse que el Tribunal Constitucional ha sabido estar a la altura de las controversias constitucionales que han sido sometidos a su competencia para que sean resueltas. Así, en unos casos ha atendido las legítimas aspiraciones de tutela de los derechos fundamentales de las personas, muchas de ellas vinculadas al ámbito laboral y económico; en otros, las ha desestimado cuando no ha correspondido el derecho. En los conflictos entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Poder Judicial ha intervenido como un poder moderador, contribuyendo a otorgar estabilidad jurídica y gobernabilidad; y, con ello, a fortalecer la democracia y el pluralismo como principio y valor constitucional.

2. Objetivos a realizar durante la gestión

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, bajo la gestión que ahora se me ha encargado, se va a encaminar al fortalecimiento y consecución de los siguientes objetivos:

Objetivos Jurisdiccionales
  1. Fortalecer el rol del Tribunal Constitucional dentro del sistema de división, control y balance entre los poderes y órganos del Estado.

  2. Consolidar las relaciones institucionales en el marco del control constitucional de las leyes y de la protección de los derechos fundamentales.

  3. Efectivizar el cumplimiento, por parte de los poderes públicos y de los particulares, de sus precedentes vinculantes y de su doctrina jurisprudencial.

  4. Continuar con la sistematización y difusión, impresa y virtual, de la línea jurisprudencial del Tribunal, a fin de otorgar seguridad y predictibilidad jurídicas a sus decisiones.

  5. Garantizar el acceso a la justicia constitucional de aquellas personas que carezcan de recur- sos económicos y que requieran una adecuada protección de sus derechos fundamentales.

  6. Mantener la calidad de las sentencias a nivel de su contenido constitucional así como mediante la unificación de criterios en cuanto al aspecto formal de las mismas.

  7. Garantizar la eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional a través de la realización del seguimiento permanente del cumplimiento de sus resoluciones.

  8. Reducir la carga procesal del Tribunal Constitucional mediante la revisión y fortalecimiento de los procedimientos de calificación jurídica de los expedientes que lleguen a la institución.

Objetivos académicos y de investigación
  1. Fortalecer las funciones y tareas del Centro de Estudios Constitucionales como órgano de investigación, académico y técnico de apoyo al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Tribunal Constitucional.

  2. ...

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