Doe Run contra el Perú.
| Autor | Pajares Garay, Erick |
El mundo se divide, sobre todo. entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar ...
EDUARDO GALEANO
INVERTIR EN EL PAÍS ¿O INVERTIR EL PAÍS?
"¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante, el agua o el oro?". Con estas preguntas hechas en la plaza de Bambamarca, el entonces candidato Ollanta Humala (mayo de 2011) proclamaba en Cajamarca la defensa del ambiente, la necesidad de ordenar el territorio y la protección de los acuíferos para la agricultura, para luego, como Presidente de la República, algunos meses más tarde, decretar el estado de emergencia en dicha región (julio de 2012), y así garantizar el "Estado de derecho", o mejor dicho, para asegurar--mediante la coerción-la viabilidad del polémico proyecto minero Conga (Newmont--Yanacocha), generando una crisis política y social que significó la caída de dos gabinetes ministeriales y la pérdida de invalorables vidas humanas. Público fue también el malestar de Humala al cuestionar que grandes empresas (léase Telefónica) "judicializan el pago de tributos", señalando que antes de tomar una decisión sobre la renovación del contrato de concesión la corporación telefónica debía resolver su deuda tributaria (S/.3877 millones, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria--SUNAT), pero finalmente el contrato fue extendido. No menos contradictorio resulta que, antes de iniciar su mandato, Humala cuestionase los tratados de libre comercio, proponiendo renegociarlos utilizando los mecanismos previstos en dichos acuerdos, aunque ahora los adhiere pues "tiene que respetar las políticas de Estado" (1)
Pero Humala también se ha mostrado crítico ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Referidas a las Inversiones (CIADI), dependencia del Banco Mundial, anticipando los riesgos que conlleva el mecanismo arbitral inversionista-Estado. Lo hizo en la XXI Cumbre Iberoamericana (Paraguay, octubre de 2011), cuando señaló que el Perú estaba encarando procesos arbitrales internacionales por más de US$4000 millones, y más recientemente en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- CELAC (Santiago de Chile, enero de 2013).
Sin embargo, a finales de enero de 2013, una delegación de la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTR), liderada por el embajador Marantis, visitó el Perú y Chile para revisar las negociaciones del Acuerdo Trans Pacífico (TPP). El objetivo geopolítico de Estados Unidos (EE. UU.) es reconcentrar--mediante sus corporaciones--su hegemonía en la región frente a China y Rusia, y apurar el cierre del acuerdo en la próxima reunión de APEC (Bali, octubre de 2013), aun cuando cuestiones sensibles como la propiedad intelectual y la libertad en el uso de internet todavía se discuten.
Entonces, mientras Humala en citas oficiales cuestiona un mecanismo que en efecto lesiona los intereses nacionales, paralelamente su gobierno negocia el TPP, que extendería los mecanismos privados de imposición de los inversores extranjeros, exponiendo al Perú a mayores demandas arbitrales internacionales. (2)
Esas gruesas inconsistencias del mandatario, impropias en un estadista, desvelan la "bipolaridad" en su acción política; si acaso confirman la inmensa capacidad de permeabilizar que muestra el corporativismo trasnacional cuando de capturar al Estado se trata. En todo caso, ambas situaciones se corresponden mutuamente.
En este contexto emergen ahora--entreteniendo el debate nacional sobre minería, ambiente y acuerdos comerciales--las sombras de las empresas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP), que el 7 de abril de 2011 han presentado una demanda de arbitraje por US$800 millones ante el CIADI, acusando al Estado peruano de "expropiación indirecta", precisamente cuando a la empresa metalúrgica se le exigía el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo de La Oroya. (3)
LO QUE SE ADVIRTIÓ SOBRE EL TLC PERÚ--EE. UU. (O LO QUE NO DEBE REPETIRSE)
En 2007, cuando se discutían las implicancias del TLC Perú--EE. UU., diversos analistas advirtieron sobre los riesgos de incluir medidas extremas de protección para los inversionistas extranjeros mediante la aplicación de un sistema privado de solución de controversias "inversionista-Estado", que repetía (casi textualmente) las disposiciones del TLC de América del Norte (TLCAN), (4) permitiendo que las empresas extranjeras obtengan indemnizaciones por cualquier medida gubernamental--políticas de salud, ambientales, de ordenamiento territorial, de empleo, laborales u otras-que socave, en su opinión, sus "ganancias futuras previstas".
Así, la disputa planteada...
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