Desnudar a un santo para vestir a otro: ¿Eliminar la declaración jurada de intereses para los árbitros?

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, es un honor poder colaborar con “Ius Verum”, siendo la primera revista de la facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Aprovecho la ocasión para felicitar y reconocer el enorme trabajo de los alumnos al fundar la revista en plena pandemia, dentro un contexto muy difícil para los universitarios, y es que, siempre es gratificante ver a los alumnos sumados a un proyecto tan retador y ambicioso como el manejo de una revista universitaria.

En esta oportunidad me gustaría compartir unas ideas sobre cómo la sobrerregulación, que deben de cumplir los árbitros, puede ir en contra de las buenas prácticas arbitrales, incentivando a lo que se le conoce como “las tácticas de guerrilla” en el arbitraje, que bordean la ética profesional (HORVATH, 2017), referido a la presentación de recusaciones infundadas sobre los árbitros y trayendo como consecuencia la suspensión innecesaria de los procesos arbitrales.

Cuando nos referimos a la sobrerregulación, estamos enfatizando en la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, el mismo que fue implementado por el Poder Ejecutivo, usándose como una herramienta para orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos en la lucha de la corrupción, el mismo que va a completar con información respecto a actividades de carácter profesional u ocupacional, actividades comerciales, relaciones de parentesco, entre otras, con la finalidad de hacer público los posibles conflictos

de intereses.

La intención puede ser útil para los servidores públicos, sin embargo, la una norma de cumplimiento para los árbitros puede generar arbitrajes ineficientes, no solo por el mismo hecho de crear causales de recusación ajenas a la Ley de Arbitraje o leyes especiales, sino, además, que se preconcibe la idea de creer que el árbitro es un funcionario o servidor público, siendo nuestra propuesta su idea de este artículo es analizar cómo derogatoria.

Considero que no es necesario vestir al santo de la anticorrupción, para desvestir la figura del arbitraje.

PALABRAS CLAVE

Arbitraje, Recusación, Declaración Jurada de Intereses y Corrupción.

1. ¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES?

   Mediante Decreto de Urgencia N.º 020-2019, y su Reglamento publicado mediante Decreto Supremo N° 091-2020-PCM, se establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (en adelante, DJI) en el sector público, por parte de los servidores civiles, de aquellos que desempeñan función pública, independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren en las entidades de la administración pública, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado (Pólemos, 2020).

   Sobre el, habría que traer a colación que en la Exposición de Motivos del Decreto se expresa, en términos de necesidad de la medida, que la dación de la norma antes aludida se justifica dado el afán de consolidar los estándares de integridad en la administración pública (Parodi, 2013), como expresión firme de la estrategia de integridad y lucha contra la corrupción del Estado, en apego al Decreto Supremo N.° 056-2018-PCM, teniendo su regulación los dos siguientes ejes:

   (i) Cumplimiento de la meta central de Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción

   El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, establece la Acción N° 29: “adecuar el marco normativo en la materia de integridad de acuerdo a los estándares de la OCDE, a través del (…) ii) establecimiento de la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses”, planteando como meta de cumplimiento de esta medida de esta medida a partir del año 2019.

   (ii) Alta incidencia de casos de corrupción y recurrencia de figuras delictivas a conflictos de intereses

   La alta incidencia de los casos de corrupción que se vienen registrando en los tres (03) niveles de gobierno evidencia el grave daño que sufre el Estado y la ciudadanía frente este fenómeno. Cifras recientes a junio de 2019 evidencian que la carga procesal de corrupción asciende a 40,286 casos en investigación a nivel procesal (Decreto de Urgencia que Establece la Obligatoriedad de la Presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público, 2018). Los conflictos de intereses podrían (agravados) convertirse en actos de corrupción reconocidos en nuestro ordenamiento general, los cuales pueden ser evitados a través de este mecanismo de...