Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones

El presente Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones para la adecuada aplicación de la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, en adelante la Ley, y dictar otras disposiciones.

2.1. Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces en las entidades públicas, son responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el acceso a cargos o puestos de funcionarios/as y directivos/as públicos/as de libre designación y remoción.

2.2. Los/as funcionarios/as y directivos/as públicos/as de libre designación y remoción, tienen la obligación de presentar, previo a su designación o en el marco de la adecuación al presente Reglamento, la información que acredite el cumplimiento de los requisitos para el acceso a dichos cargos o puestos.

2.3. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es la responsable de brindar asistencia técnica a las entidades públicas para efectos de la aplicación de la Ley y del presente Reglamento, así como de establecer los criterios técnicos para su correcta aplicación e interpretación; y, supervisar su adecuado cumplimiento.

1. Encargatura: Forma de desplazamiento temporal para el desempeño de funciones de responsabilidad de dirección. Esta se rige de acuerdo a la normativa de la materia correspondiente. Puede presentarse como Encargo de puestos, acción mediante la cual se autoriza el desempeño de un cargo con plaza presupuestada vacante; o Encargo de funciones, acción mediante la cual se autoriza el desempeño de las funciones por ausencia del titular del cargo por vacaciones, licencia, destaque o comisión de servicio.

2. Estructura funcional: Agrupa las funciones de un programa o proyecto especial y establece las líneas de autoridad y mecanismos de coordinación para el logro de sus objetivos. El Manual de Operaciones desarrolla la estructura funcional y se representa en el organigrama.

3. Estructura orgánica: La estructura orgánica agrupa las competencias y funciones de la entidad en unidades de organización y establece las líneas de autoridad y mecanismos de coordinación para el logro de sus objetivos. En el Reglamento de Organización y Funciones se desarrolla la estructura orgánica de la entidad y se representa en el organigrama.

4. Experiencia laboral específica: Forma parte de la experiencia laboral general; se asocia a uno o más de los siguientes tres componentes y se acredita con el cumplimiento de alguno de ellos:

9. En el puesto o cargo.

   ii) En la función o materia.

   iii) En el sector público.

   iv) Por equivalencia

5. Experiencia laboral general: Tiempo que la persona ha laborado, independientemente del régimen laboral o modalidad de contratación, y se cuenta desde el momento de haber egresado de la formación universitaria completa o técnica completa. Las prácticas pre profesionales y profesionales forman parte de la experiencia laboral y se regulan por la ley de la materia.

6. Nivel organizacional: Categoría dentro de la estructura orgánica de la Entidad que refleja la dependencia entre los órganos y demás niveles organizacionales, de acuerdo con sus funciones y atribuciones. Para el presente Reglamento, este considera a la estructura funcional de un programa, proyecto especial, órgano desconcentrado, entre otros.

7. Órgano: Es la unidad de organización del primer y segundo nivel organizacional en una estructura orgánica.

8. Órganos de Administración interna: Son aquellos encargados de asesorar o apoyar a la entidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas y están constituidos, respectivamente, por los órganos de asesoramiento y apoyo.

9. Órganos desconcentrados: Son aquellos que desarrollan funciones sustantivas para prestar bienes o servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio. Requieren de una organización desconcentrada, distinta a la de la entidad de la cual forman parte, la cual se desarrolla en un manual de operaciones, de corresponder. Actúan en representación de la entidad de la cual forman parte.

10. Órganos de línea: Son aquellos que ejercen funciones sustantivas en la entidad y pueden ser de tipo técnico - normativo o de prestación de bienes y servicios.

11. Otras formas de organización: Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público.

12. Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público: Plataforma digital que sirve como herramienta de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública. La implementación y actualización se encuentra a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

13. Programa: Forma de organización desconcentrada que adopta una entidad para resolver un problema, una situación crítica o implementar una política pública, en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece.

14. Proyecto especial: Forma de organización desconcentrada que se crea para alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida.

15. Titular: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública.

16. Unidad funcional: Es la unidad de organización que agrupa servidores civiles al interior de una estructura funcional.

17. Unidad orgánica: Es la unidad de organización del tercer nivel organizacional en la que se desagrega un órgano.

18. Gestión pública: Conjunto de procesos que llevan a cabo las instituciones del Estado con el fin de administrar los recursos públicos y ofrecer servicios a la ciudadanía, generando valor público. Su objetivo es satisfacer las necesidades colectivas de manera eficiente, transparente y equitativa. Abarca la planificación, organización, dirección y control de políticas, programas y proyectos públicos, e incluye el componente de responsabilidad que se asume por realizar las tareas para alcanzar las metas, en cualquier nivel de gobierno.

19. Gestión municipal: Se entiende al ejercicio de la gestión pública, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas que establezcan disposiciones para la jurisdicción territorial y nivel de descentralización.

20. Equivalencia para el requisito de la experiencia en el puesto o cargo: Componente de la experiencia específica que permite acreditar el cumplimiento de la experiencia en el puesto o cargo. Su contabilización puede ser a razón de uno por uno o dos por uno, pudiendo contabilizar años, meses y días.

21. Equivalencia de formación académica: Mecanismo excepcional mediante el cual se establecen requisitos alternativos que suplen al requisito primigenio de formación académica.

4.1. En ningún caso, los instrumentos de gestión de la entidad pública deben contener requisitos menores a los establecidos en la Ley y el presente Reglamento, bajo responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos involucrados en el proceso de aprobar los instrumentos de gestión correspondientes, o a quienes se delegue dicha responsabilidad, según corresponda.

4.2 Para el caso de directivos públicos, las entidades públicas que establezcan requisitos mayores, específicos y/o adicionales a lo dispuesto en el presente Reglamento, estos deben ser formulados conforme a la normativa aprobada por SERVIR, aplicable para la formulación de perfiles.

Las disposiciones del presente capítulo le son aplicables a los/as funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel nacional, regional y local, comprendidos en el artículo 4 de la Ley.

En consistencia con el artículo 4 de la Ley, los siguientes funcionarios públicos deben cumplir, además de los requisitos dispuestos en el artículo 53 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y en sus respectivas leyes orgánicas, con los siguientes requisitos:

6.1. Viceministro: contar con formación superior completa, con diez años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar o equivalencia en el sector público o privado, pudiendo ser estos, parte de los diez años de experiencia general.

6.2. Secretario general de ministerio: contar con formación superior completa, con ocho años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar o equivalencia en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los ocho años de experiencia general.

6.3. Titulares, adjuntos, presidentes, miembros y sus asesores, así como los asesores de los órganos colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos del Poder Ejecutivo: contar con formación superior completa, con ocho años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar o equivalencia en el sector público o privado, pudiendo ser estos, parte de los ocho años de experiencia general.

6.4. Para efectos de la aplicación del numeral 6.3, el puesto o cargo de asesor debe estar establecido en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad, según corresponda.

6.5 Para efectos de la experiencia específica en puesto o cargo directivo se considera:

1. En el sector público, experiencia en puestos o cargos de directivo, jefatural o responsable de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga uno o más equipos a su cargo.

2. La experiencia en el sector privado, o empresas del Estado, en puestos de dirección siempre que cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y lidere una oficina o área o similar.

3. Respecto a las equivalencias o nivel jerárquico similar debe considerarse lo dispuesto en el artículo 9.

Conforme al artículo 4 de la Ley, los gerentes generales regionales deben contar con formación superior completa, con cinco años de experiencia general y tres años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar o equivalencia en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los cinco años de experiencia general.

Los funcionarios públicos (gerentes municipales), de acuerdo a la tipología de distritos establecida en la Resolución Viceministerial Nº 005-2019-PCM/DVGT y modificatorias, deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos que se señalan a continuación:

8.1. Conforme al artículo 4 de la Ley, los gerentes municipales de los gobiernos locales provinciales y gerentes municipales de distritos de más de doscientos cincuenta mil habitantes deben contar con formación superior completa, con cuatro años de experiencia general y tres años de experiencia específica en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal o las equivalencias establecidas en el artículo 9, pudiendo ser estos, parte de los cuatro años de experiencia general.

8.2. Gerentes municipales de municipalidades tipo A0 de distritos de menos de doscientos cincuenta mil habitantes:

1. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia de formación académica.

2. Experiencia general: cuatro (04) años.

3. Experiencia específica: i) Tres (03) años en función o materia relacionados a gestión municipal y/o gestión pública; ii) De estos tres (03) años, dos (02) años deben ser en puestos o cargos directivos en el sector público o privado o las equivalencias del artículo 9 y iii) De estos tres (03) años, un (01) año en el sector público.

   8.3. Gerentes municipales de municipalidades tipo A2, A3.1 y A3.2:

1. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia de formación académica.

2. Experiencia general: cuatro (04) años.

3. Experiencia específica: i) Tres (03) años en función o materia relacionados a gestión municipal y/o gestión pública; ii) De estos tres (03) años, dos (02) años deben ser en puestos o cargos directivos en el sector público o privado o las equivalencias del numeral 10.2 del artículo 10 y iii) De estos tres (03) años, un (01) año en el sector público.

   8.4. Gerentes municipales de municipalidades tipo AB:

1. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia de formación académica.

2. Experiencia general: cuatro (04) años.

3. Experiencia específica: i) Tres (03) años en función o materia relacionados a gestión municipal y/o gestión pública; ii) De estos tres (03) años, un (01) año debe ser en puestos o cargos directivos en el sector público o privado o las equivalencias del numeral 10.2 del artículo 10 y iii) De estos tres (03) años, un (01) año en el sector público.

   8.5. Gerentes municipales de municipalidades tipo B1 y B2, así como de municipalidades tipo B3, siempre que estas cuenten con gerente municipal:

1. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia de formación académica.

2. Experiencia general: cuatro (04) años.

3. Experiencia específica: i) Tres (03) años en función o materia relacionados a gestión municipal y/o gestión pública; ii) De estos tres (03) años, un (01) año debe ser en puestos o cargos directivos en el sector público o privado o las equivalencias del numeral 10.2 del artículo 10 y iii) De estos tres (03) años, un (01) año en el sector público.

   8.6 Para efectos de la experiencia específica en puesto o cargo directivo se considera:

1. En el sector público, experiencia en puestos cargos de directivo, jefatural o responsable de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga uno o más equipos a su cargo.

2. La experiencia en el sector privado, o empresas del Estado, en puestos de dirección siempre que cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y lidere una oficina o área o similar.

9.1 Para los puestos o cargos de funcionarios públicos de libre designación y remoción del nivel nacional, regional, y de gobiernos locales provinciales y gerentes municipales de distritos de más de doscientos cincuenta mil habitantes, la equivalencia para el cumplimiento del requisito de la experiencia en el puesto o cargo directivo, debe entenderse que a razón de un (01) año equivale a:

1. Un (01) año como funcionario público de elección popular, directa y universal.

2. Un (01) año como funcionario público de designación regulada.

3. Un (01) año como funcionario público de órgano de alta dirección o miembros de consejo directivo y miembros de directorios de empresas estatales.

4. Un (01) año en cargo directivo, jefatural o responsable de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga uno o más equipos a su cargo.

5. Un (01) año como asesores de alta dirección, jefe de gabinete o el que haga sus veces en entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos regionales y gobiernos locales, así como asesores del servicio parlamentario y de la organización parlamentaria en el Poder Legislativo.

6. Dos (02) años en puestos de alta dirección o la que haga sus veces, en el sector privado con personal a cargo.

7. Dos (02) años en los demás casos de asesorías profesionales no contempladas en los supuestos anteriores.

9.2 Para el caso de la equivalencia establecida en el literal c) del numeral 9.1, los miembros de consejos directivos incluyen a los miembros de consejos directivos, directorios o similares de las empresas estatales, privadas y mixtas.

9.3 La equivalencia establecida en el literal f) del numeral 9.1 se refiere a otros supuestos no contemplados en el literal b) del numeral 6.5 del artículo 6.

10.1 Para los puestos o cargos referidos en el numeral 8.2 del presente Reglamento, la equivalencia para el cumplimiento del requisito de la experiencia en el puesto o cargo directivo, se aplican las equivalencias contenidas en el artículo 9.

10.2 Para los puestos o cargos referidos en el numeral 8.3, 8.4 y 8.5 del presente Reglamento, la equivalencia para el cumplimiento del requisito de la experiencia en el puesto o cargo directivo, se aplica a:

9. Las equivalencias contempladas en el artículo 9 del presente Reglamento; y,

ii) Los puestos o cargos de coordinadores, responsables y supervisores.

En el marco de lo establecido en la Ley y sólo para fines del presente Reglamento, se considera equivalente al requisito de título profesional otorgado por universidad, referido en el literal a) de los numerales 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 del artículo 8, alguno de los siguientes supuestos:

11.1. Para los gerentes municipales de municipalidades tipo A2, A3.1, A3.2, AB, B1, B2 y B3:

1. Grado de Bachiller otorgado por universidad y un (01) año de experiencia adicional en gestión municipal y/o gestión pública.

2. Título profesional o de segunda especialidad otorgado por institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años de experiencia adicional en gestión municipal y/o gestión pública.

   11.2. Para los gerentes municipales de municipalidades tipo A0:

1. Grado de Bachiller otorgado por universidad y dos (02) años de experiencia específica adicional en gestión municipal y/o gestión pública.

2. Grado de Bachiller otorgado por universidad y estudios de Maestría, acreditando estudios culminados o la condición de egresado.

12.1. En las entidades del nivel nacional y regional, los requisitos mínimos contenidos en el presente Reglamento, se aplican a los servidores civiles que ocupan puestos o cargos que realizan funciones de planeación, dirección, organización y evaluación, indistintamente de la denominación del puesto o cargo, que lideran:

1. Órgano de segundo nivel organizacional y unidad orgánica del tercer nivel organizacional, en entidades públicas del nivel nacional.

2. Órgano de segundo nivel organizacional y unidad orgánica del tercer nivel organizacional en Gobiernos Regionales.

3. Otras formas de organización del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales.

12.2. En las entidades del nivel local de tipo A0, A1, A2, A3.1 y A3.2 y AB, de acuerdo a la tipología de distritos establecida en la Resolución Viceministerial Nº 005-2019-PCM/DVGT y modificatorias, los requisitos mínimos contenidos en el presente Reglamento aplican a los servidores civiles que ocupan puestos o cargos que realizan funciones de planeación, dirección, organización y evaluación del segundo nivel organizacional indistintamente del nombre del puesto o cargo o de si este se encuentra determinada por la confianza del funcionario que lo designa.

Los requisitos establecidos en disposiciones normativas específicas emitidas por entes rectores de sistemas administrativos son aplicados sólo si estos son superiores y/o complementarios a los regulados en el presente Reglamento. Los entes rectores de sistemas administrativos coordinan con SERVIR la incorporación de dichos requisitos en los instrumentos de gestión de las entidades públicas que contienen dichos perfiles.

El procedimiento de vinculación dispuesto en el presente capítulo es de aplicación a los siguientes cargos o puestos:

1. Funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción de las entidades públicas comprendidas en el ámbito de la Ley.

2. Directivos/as públicos/as de libre designación y remoción de las entidades públicas comprendidas en el ámbito de la Ley.

27.1. Previo al inicio del procedimiento de vinculación, las entidades públicas deben contar con los siguientes instrumentos de gestión:

1. Manual de Clasificador de Cargos o Manual de Organización y Funciones o el Manual de Perfiles de Puestos, el cual contenga la descripción del cargo o puesto.

2. Cuadro para Asignación de Personal (CAP), o Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) o Cuadro de Puestos de la entidad (CPE), el cual contenga el cargo o puesto y su respectiva posición en condición de previsto.

27.2. Las entidades públicas deben contar con la disponibilidad presupuestal que requiera el cargo o puesto para efectuar la contratación, según lo establezca la normatividad vigente en la materia.

28.1. Inicio del procedimiento. El procedimiento de vinculación inicia con la solicitud del funcionario/a público/a proponente o la máxima autoridad administrativa, de ser el caso, a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, adjuntando copia del currículum vitae documentado, para la evaluación de la persona propuesta respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, en el presente Reglamento, en otras disposiciones normativas específicas emitidas por entes rectores de sistemas administrativos y de las entidades en los instrumentos de gestión respectivos.

28.2. Verificación de cumplimiento del perfil de puesto. La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, verifica el cumplimiento de los requisitos, emitiendo el informe de cumplimiento, o no cumplimiento, de corresponder.

Producto de la revisión, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, puede solicitar directamente información complementaria a la persona propuesta, quien debe remitir lo requerido en el plazo que ésta determine. Si vencido el plazo, la persona propuesta no cumple con acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, en el presente Reglamento, en otras disposiciones normativas específicas emitidas por entes rectores de sistemas administrativos y en los instrumentos de gestión respectivos, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, emite el informe de no cumplimiento.

El cómputo de los años de ejercicio de funciones, para todos los casos regulados en la ley, se aplica de manera acumulativa y sin excluir ningún tipo de régimen laboral o contractual conforme a lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria Final del presente reglamento.

En la verificación del cumplimiento del requisito de experiencia específica en puestos o cargos de directivo público, se considera la experiencia en condición de encargados en puestos o cargos o funciones de directivos públicos.

28.3. Verificación de impedimentos para el acceso a la función pública. El informe que emita la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, debe contener la verificación de que la persona propuesta no cuente con impedimentos para el acceso a la función pública. Para tal efecto se revisa obligatoriamente la información proporcionada por la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de encontrarse inscrito en este último debe cancelar el registro o autorizar el descuento por planilla o por otro medio de pago, previo a la expedición de la resolución de designación correspondiente, de acuerdo a la Ley Nº 28970, Ley que crea el registro de Deudores Alimentarios Morosos. Adicionalmente, debe considerarse los registros disponibles vinculados a cargos y funciones específicas creadas con normas con rango de ley, según se detalla en el Compendio Normativo sobre Impedimentos para el Acceso a la Función Pública, Anexo Nº 01 al presente Reglamento.

28.4. Designación y publicación. De haberse emitido el informe que contiene la revisión al cumplimiento del perfil y de impedimentos para el acceso a la función pública, la entidad puede continuar con el procedimiento para la emisión de la Resolución de designación, la cual se publica en la sede digital de la entidad, y en el diario oficial El Peruano, de corresponder.

28.5. Para la designación de viceministros se aplica el procedimiento dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias.

28.6. Para la designación de funcionarios/as públicos/as que sean titulares de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, las disposiciones de los numerales 28.1, 28.2 y 28.3 del presente artículo, son aplicadas por la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, del ministerio al que pertenece el/la ministro/a de Estado proponente.

El personal de confianza en ningún caso será mayor al cinco por ciento (5%) del total de cargos o puestos existentes en la entidad, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cincuenta (50) servidores/as de confianza.

En el cálculo del cinco por ciento (5%) de servidores/as de confianza previsto en el artículo 29, se considera lo siguiente:

30.1. El total de cargos o puestos de la entidad se determina considerando el total de cargos o puestos previstos y ocupados existentes en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) vigente de la entidad, según corresponda, y el total de servidores/as contratados/as bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 registrados/as en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) o, en el caso de los gobiernos locales, en la planilla de la entidad a la fecha de publicación de la Ley.

30.2. Cuando se cuente con Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), el cálculo debe considerar el total de posiciones de los puestos previstos y ocupados bajo el régimen del servicio civil en la entidad.

30.3. Si al calcular el porcentaje del cinco por ciento (5%) se obtiene un número con decimales, se debe aplicar solo el número entero.

31.1. La entidad pública puede solicitar excepción únicamente al tope de cincuenta (50) servidores/as de confianza, siempre que no exceda el tope máximo del cinco por ciento (5%) de cargos o puestos de la entidad previsto en el artículo 29.

SERVIR evalúa las solicitudes de excepción respecto a la cantidad de cargos o puestos de la entidad y, en base a ello, determina los puestos a ser exceptuados.

31.2. Criterios para sustentar la excepción al tope de confianza

Los pedidos de excepción se sustentan en la necesidad de incorporar cargos o puestos basados en la confianza del titular para asegurar una gestión institucional eficaz o atender las demandas públicas prioritarias, en función a los siguientes criterios:

1. Cantidad de servidores/as civiles, referido al total de servidores/as civiles que se encuentran en la entidad pública bajo cualquier régimen de vinculación con el Estado vigente a la fecha en la que se solicita la excepción.

2. Tipo de entidad pública, referido a la naturaleza de la entidad dispuesta en la Constitución Política del Perú, leyes orgánicas y los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y sus modificatorias, que permitan identificar su clasificación.

3. Naturaleza o funciones de la entidad pública, referido a su ámbito de competencia material y a sus funciones, de acuerdo a su norma de creación u otra de similar jerarquía que le asigne nuevas competencias y/o funciones.

4. Ubicación del cargo o puesto, referido al lugar que ocupa el cargo o puesto materia del pedido de excepción dentro de los niveles organizacionales establecidos en el instrumento de gestión vigente de la entidad pública.

5. Función del cargo o puesto, referido a funciones de dirección, asesoramiento, sustantivas o de apoyo establecidas en el instrumento de gestión o perfil correspondientes para los cargos o puestos materia del pedido de excepción.

6. Atención a políticas priorizadas, referido a la relación entre el cumplimiento de ejes, lineamientos, metas u otros, dispuestos en la Política General de Gobierno, declaratorias de interés nacional o necesidad pública, entre otras, y las funciones dispuestas para los cargos o puestos materia del pedido de excepción.

7. Acceso a información confidencial, referido al proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno en el que pudieran intervenir los cargos o puestos materia de excepción. Dentro de este criterio también se considera el acceso a la información vinculada con la seguridad nacional u orden interno.

La entidad pública, a través de la máxima autoridad administrativa, presenta a SERVIR la solicitud de excepción al tope de confianza, adjuntando un informe que sustente el cumplimiento de los criterios descritos previamente, así como adjuntando la evidencia que permita demostrar dicho cumplimiento. SERVIR evalúa y, de ser necesario, solicita información complementaria a la entidad.

Las solicitudes de excepción al tope de confianza se aprueban mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR y se publica en el diario oficial El Peruano.

SERVIR supervisa el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley y el presente Reglamento, en el marco de su atribución supervisora regulada en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y normativa complementaria.

Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, tienen la obligación de poner a disposición de SERVIR la información o registros que resguarden, de manera íntegra y en los plazos establecidos, bajo responsabilidad del/de la Titular de la entidad.

La supervisión se realiza a partir de la información que obra en el legajo de personal, sea para evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y el presente Reglamento, al momento del acto de designación o en el proceso de adecuación, según corresponda. Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces, deben tener actualizado el legajo de personal, el cual debe tener como mínimo la información señalada en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias.

Además de lo dispuesto, el legajo debe incluir la totalidad de los documentos que acreditaron el cumplimiento de requisitos para la vinculación; copias de los documentos y/o reportes expedidos por la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, o por los registros referidos en el numeral 28.3 del artículo 28; así como la Declaración Jurada que sustenta que el/la servidor/a no contaba con inhabilitaciones y/o impedimentos para el ejercicio de la función pública, de forma previa a su ingreso a la entidad.

La Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR reporta al Órgano de Control Institucional de la entidad supervisada, con copia a la Contraloría General de la República, respecto a aquellas entidades que no cumplen con la presente disposición.

La Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR comunica los resultados de la supervisión, de conformidad con el procedimiento previsto en la Directiva "Normas para el procedimiento de atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", formalizada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000078-2020-SERVIR/PE o la norma que lo sustituya, y otorga un plazo de siete (7) días hábiles para implementar las medidas correctivas y/o acciones a seguir.

Cuando se advierta que la entidad supervisada ha incumplido con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, los resultados se comunican al Órgano de Control Institucional con copia a la Contraloría General de la República.