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El control en pandemia

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Por NelsonShack

La violencia con la que el COVID-19 golpea al país y enluta a miles de familias desde hace más de dos meses representa el reto más grande que ha enfrentado el Perú en este siglo y obliga a la adopción de medidas extraordinarias para tratar de contener el avance de los contagios, proteger la salud de las personas, y al mismo tiempo salvaguardar la estabilidad financiera y laboral, en un contexto de desaceleración global.El Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el estado de emergencia sanitaria y un plan de acción para promover la reactivación económica, destinando más de S/67.000 millones. Para asegurar su rápida ejecución, el Gobierno adoptó un marco normativo que flexibiliza la adquisición de bienes y la contratación de servicios y dispuso la entrega de bonos y ayudas sociales a sectores vulnerables por más de S/7.700 millones, fondos que deben ser supervisados eficientemente.Frente a esta situación y por mandato de una ley expresa, la Contraloría General diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19, orientada a prevenir los riesgos de la corrupción, que solo en el 2019 ocasionó pérdidas al Estado por más de S/23.000 millones.La estrategia está centrada en contribuir, a través del control, al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud y la protección adecuada del personal sanitario, policial y militar; y en apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de inmovilización con la verificación de canastas básicas y entrega de bonos. Busca, además, contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica (Reactiva Perú y otros).Así, la Contraloría General viene desplegando en el país más de 1.600 auditores provistos de equipos de bioseguridad para supervisar cerca de 1.400 entidades y emitir 4.500 informes de control. A la fecha, llevan emitidos más de 2.900 informes que alertan a las instituciones y a la ciudadanía sobre las deficiencias e irregularidades.En esa tarea se comprobó la compra de implementos de protección que no cumplen con las especificaciones técnicas o que fueron adquiridos a proveedores poco idóneos y a precios injustificados. Además, se alertó de que un alto porcentaje de municipios no rinde cuenta de la entrega de canastas familiares o no publica las listas de sus...

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