Conclusiones

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La vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado peruano durante los dos periodos en que Alberto Fujimori estuvo al mando del país ha sido una realidad tangible a pesar de las obligaciones internacionales adquiridas al haber ratificado este instrumento, situación que se desprende claramente del desarrollo de su gobierno.

Con el triunfo de Alberto Fujimori en los comicios electorales celebrados en 1990 para elegir al nuevo presidente de la República, las esperanzas de cambio habían vuelto a surgir entre los ciudadanos peruanos. Las propuestas que planteó en el tema económico y de la lucha contra la subversión habían logrado convencer a los electores. Sin embargo, lo que ocurrió durante los diez años que Fujimori se mantuvo en el poder generó muchos sentimientos encontrados, desde los que apoyaron las acciones del Gobierno, hasta los que las repudiaron.

En efecto, más de cinco años después de que Fujimori renunciara a la presidencia del Perú, para los ciudadanos peruanos no resulta sencillo entender con claridad lo que realmente ocurrió durante la década de los noventa. Muchas respuestas superficiales salen a la luz, en las que se evidencian distintas posiciones. Por un lado está el sentir de quienes se vieron beneficiados por el Gobierno, frente al sufrimiento de los que padecieron o vieron padecer o morir a sus seres queridos, en manos de las agrupaciones terroristas y/o de las fuerzas estatales.

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Al inicio del Gobierno de Fujimori, el panorama nacional era realmente preocupante. Muchos problemas aquejaban al país, pero sobre todo la violencia generada por el conflicto armado interno era un tema de considerable preocupación. Los métodos que se venían empleando para controlar las acciones subversivas habían fracasado, trayendo consigo constantes violaciones de derechos humanos.

Combatir el hambre y la miseria, por ser éstos el «caldo de cultivo» de la subversión, sería la base de la lucha contrasubversiva que iniciaría el Gobierno de Fujimori. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que, lamentablemente, este enfoque distaba considerablemente de la verdad. Al igual que en los gobiernos que le precedieron, la estrategia empleada para luchar contra la subversión estuvo basada en las Fuerzas Armadas, aunque en este caso se incrementaron mucho más sus prerrogativas. En un inicio, la posición que había adoptado el Gobierno era aplaudida por la mayoría, pese a los cambios radicales de sus propuestas electorales. Nadie podía sospechar lo que se avecinaba. El país sólo quería ver avances significativos, sin detenerse a pensar en los métodos que el Gobierno estaba empleando para tal fin.

Progresivamente, las acciones del nuevo régimen dejaban entrever sus verdaderas intenciones. Si bien inicialmente pretendieron demostrar su interés por mantener un ambiente de concertación, pronto, su afán por conseguir el poder absoluto sería una realidad, con el agravante de utilizar todo su ingenio para pretender revestir sus acciones de una aparente legalidad, para evitar los cuestionamientos tanto a nivel interno, como internacional.

En este arduo camino por alcanzar el poder absoluto, uno de los primeros obstáculos con los que tuvo que lidiar el Gobierno de Fujimori al comienzo de su gestión fue la falta de mayoría parlamentaria en el Legislativo. A pesar de no encontrar un Congreso de oposición, consideraba que sus planes podían verse envueltos en una suerte de limitación. Una tentativa de solución la hallaron en la delegación de facultades. Sin embargo, la Constitución de 1979 era muy clara al exigir al Poder Ejecutivo dar cuenta de los decretos legislativos emitidos en mérito a esta potestad. Al considerar esta disposición un inconveniente, el Ejecutivo no tardó en encontrar una fórmula para superar el problema.

Cuando se otorgaron las facultades para legislar, se concedió un plazo específico de 150 días. El Gobierno aprovechó para emitir muchos de los decretos legislativos relacionados con el tema de la pacificación, cuyo contenido fue posteriormente cuestionado, durante los últimos días del plazo otorgado. La intención era clara, complicar el trabajo del Legislativo para evitar que se avocase a éstos de forma idónea. Finalmente, se logró cuestionar algunos de estos decretos, generando como único resultado un estado de tensión entre ambos poderes. Al emitir los decretos...