Caso Municipalidad Provincial de Castilla, STC 0018-2007-PI, del 09 de junio de 2008
| Páginas | 89-93 |
Page 89
TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Arequipa, a los 24 días del mes octubre de 2007, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad Provincial de Castilla (Arequipa) contra la Ley N.º 28162 “Ley que precisa los alcances de la Ley N.º 27160 y modifica el artículo 2º de dicha norma ordenando el pago del justiprecio respectivo”.
Tipo de proceso: Proceso de inconstitucionalidad.
Demandante: Municipalidad Provincial de Castilla (Arequipa).
Norma sometida a control: Ley N.º 28162.
Normas constitucionales cuya: Artículo 70º de la Constitución.
vulneración se alega.
Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.º 28162, que precisa los alcances de la Ley N.º 27160 y modifica su artículo 2º, por ser contraria al principio bien común consagrado en el artículo 70º de la Constitución Política.
“Ley que precisa los alcances de la Ley N.º 27160 y Modifica el artículo 2º de dicha norma ordenando el pago del justiprecio respectivo.
Artículo 1.- Objeto de la Ley
Precísase que la exclusión de área a la que se refiere el artículo 1º de la Ley N.º 27160 es una expropiación, de acuerdo a lo normado por la Ley N.º 27117 y demás normas legales conexas.
Artículo 2.- Del pago del justiprecio
El sujeto activo de la expropiación a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley, Empresa Prestadora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. - SEDAPAR deberá pagar el justiprecio que el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) estipule a favor de la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa, Irrigación El Cural - AMPACA, sujeto pasivo de la expropiación y propietario del área transferida a SEDAPAR S.A. mediante Ley N.º 27160”.
-
ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE
Con fecha 22 de mayo de 2007 el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Castilla de Arequipa solicita que se declare la inconstitucionalidad de laPage 90 Ley N.º 28162, porque considera que es contraria al artículo 70º de la Constitución, toda vez que perjudica el bien común.
Manifiesta que mediante la Ley N.º 12398 –artículo 2º–, se adjudicó a favor de AMPACA un área de 5,352 hectáreas bajo la condición de que fuera puesta bajo riego a fin de aprovechar las aguas de los ríos Chili y Borracho y las lagunas de Anantas. Pero no señaló que tal adjudicación fuera en propiedad. Pese a ello, AMPACA inscribió en Registros Públicos un área de 7,647.83 hectáreas y nunca cumplió con la condición referida.
Asimismo la parte demandante señala que la Ley N.º 27160 modificatoria de la Ley N.º 12398 excluyó de la superficie adjudicada a AMPACA un área de 341,29 hectáreas SIC que no habían sido adjudicadas por la Ley N.º 12398, y que sin embargo fueron inscritas en registros públicos, y que de este modo dichas áreas fueron revertidas al dominio del Estado y adjudicadas a título gratuito a favor de la EPS SEDAPAR S.A. para ser destinada a la construcción de lagunas de oxidación. Refiere también que la Ley Nº 27160 no había establecido propiedad ya que no existe acto jurídico que acredite de manera fehaciente la transferencia de dominio, sino simplemente se trata de una reversión, y que no obstante la Ley N.º 28162 calificó la exclusión como una expropiación y estableció la obligación de SEDAPAR S.A. de pagar a favor de AMPACA el justiprecio que CONATA estipule.
-
ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA
Con fecha 25 de septiembre de 2007 se apersona el Procurador del Congreso y contesta la demanda solicitando que se declare infundado el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 28162, por cuanto tal norma no contraviene la Constitución por el fondo ni por la forma, total o parcialmente, como tampoco directa o indirectamente.
Manifiesta que no es admisible evaluar la propiedad del mencionado terreno, aspecto fundamental de la controversia, puesto que dicho pedido no se ajusta a la naturaleza del proceso de inconstitucionalidad, debiendo discutirse en la vía jurisdiccional ordinaria, siendo ésta el proceso abreviado regulado en el Código Procesal Civil que establece las normas aplicables a las impugnaciones que se deriven de un procedimiento expropiatorio.
Refiere también que en el presente proceso de inconstitucionalidad no se admite estación probatoria y en tal sentido el cuestionamiento sobre la propiedad del terreno expropiado requerirá necesariamente la presentación de determinadas pruebas, como planos, peritajes especializados para determinar los límites y linderos del terreno cuestionado, la presentación de los respectivos títulos posesorios, entre otros medios probatorios que el juez disponga actuar, y en caso de existir terceros con derechos involucrados, estos deberán participar ejerciendo la defensa de sus derechos e intereses.
Por otro lado, sobre la constitucionalidad de la Ley N.º 28162 impugnada, considera que...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba