Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Constitucional y Social Transitoria de 26 de Junio de 2007 (Expediente: 002388-2006)

PonenteTicona Postigo
Fecha de Resolución26 de Junio de 2007
EmisorSala Constitucional y Social Transitoria
Expediente002388-2006
VocalesTicona Postigo, Soliz Espinoza, Palomino Garcia, Castañeda Serrano, Miranda Molina
ProcedimientoCASACION

Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria CAS 2388-06 LIMA EJECUCION DE GARANTIA Lima, veintisiete de junio Del dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número dos mil trescientos ochentiocho - dos mil seis, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, de conformidad con el dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Civil, emite la siguiente sentencia;

MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por Obras Civiles e Industriales Sociedad Anónima (OCISA), F.A.C.H. y M.E.M.S. de C., mediante escrito de fojas seiscientos diecisiete, contra el auto de vista de fojas seiscientos uno expedido por la Primera Sala Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintiuno de abril del dos mil seis, que confirma la resolución apelada de fojas cuatrocientos ochentidós, que declara infundadas la excepción y contradicción formuladas por los ejecutados y, en consecuencia, se proceda al remate de los inmuebles dados en garantía;

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del veintidós de setiembre del dos mil seis, por las causales previstas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual los recurrentes denuncian: a) la interpretación errónea del primer párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, pues para el Colegiado Superior, sólo opera la sanción prevista en este párrafo cuando el título valor ha circulado y se encuentra en poder de un tercero; no obstante, la norma en comento es aplicable tanto a los casos en que el título valor haya circulado, como en aquellos en que no lo hubiera hecho, vale decir cuando la aceptación, giro o suscripción del mismo hubiese sido a cargo del deudor, quien lo emitió al portador o a la orden del acreedor, sin que hubiesen intervenido terceras personas; b) la inaplicación del segundo párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, que establece que la obligación primitiva quedará en suspenso siempre que haya mediado la entrega de títulos valores que constituyan órdenes o promesas de pago; y en el caso de autos la obligación primitiva ha quedado en suspenso por haber mediado entrega al acreedor de un título valor, tal cual fue el pagaré cero uno - cero dos mil cuarenta y siete - siete; c) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, específicamente de los artículos seiscientos ochenta y ocho y seiscientos ochenta y nueve del Código Procesal Civil, toda vez que la escritura publica que contiene el Contrato de Formalización de Cesión, Transferencia de bienes y de garantías del dieciséis de febrero del dos mil uno, no puede dar origen a ninguna acción de ejecución, además que el supuesto título no cumple con dos de los tres requisitos comunes para que proceda la ejecución, pues la obligación contenida en aquél no es cierta, ya que no contiene ningún reconocimiento o declaración de derechos por parte del deudor a favor de COFIDE, y tampoco es exigible, toda vez que está sujeta a la condición prevista en el segundo párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil; y,

CONSIDERANDO

Primero

- Que, existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada, se dispondría el reenvío de la causa al estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida;

Segundo

- Que, de autos aparece que Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) interpuso demanda de ejecución de garantías para efectos de que los ejecutados Obras Civiles e Industriales Sociedad Anónima (OCISA), F.A.C.H., M.E.M.S. de Cornejo y FHC Inversiones Mineras Sociedad Anónima cumplan con pagarle la suma de ciento cuarenta y dos mil quinientos dólares americanos, que corresponde al cincuenta por ciento del monto representado en el Pagaré cero uno - cero doce mil cuarenta y siete, obrante a fojas ocho, bajo apercibimiento de procederse al remate de los inmuebles dados en garantía por los esposos Cornejo-Mohme. COFIDE precisa en su demanda que las garantías fueron otorgadas a favor del Banco Banex mediante escrituras publicas del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, siendo que dicha entidad financiera les cedió el veintinueve punto cuarenta y tres por ciento de sus derechos reales mediante escritura publica de Contrato de Formalización de Cesión, Transferencia de Bienes y de Garantías del dieciséis de febrero del dos mil uno; asimismo, señala que el adeudo materia de cobro deriva del Pagaré cero uno - cero doce mil cuarenta y siete, girado a favor del Banco Banex por la coejecutada OCISA, el mismo que fue transferido a COFIDE mediante endoso;

Tercero

- Que, al formular contradicción, los coejecutados alegaron la inexigibilidad de la obligación, en razón -entre otros- a que el pagaré había perdido su mérito ejecutivo por no haber sido protestado a su vencimiento, tornando en inexigible la deuda contenida en él, a tenor de lo normado en el artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil; además, refirieron que la cesión de créditos a favor de COFIDE carece de validez, pues jamás se les comunicó formalmente de la cesión operada, fundamento último que sirvió igualmente para que los coejecutados formularan excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante;

Cuarto

- Que, el Juez de la causa declaró infundadas la excepción y contradicción formuladas por los coejecutados sobre la base de las siguientes conclusiones: i) que la demandante acredita su legitimidad para obrar con el Contrato de Formalización de Cesión, Transferencia de Bienes y de Garantías que celebró con el Banco Banex en liquidación el dieciséis de febrero del dos mil uno, habiendo cumplido la actora con comunicar a la deudora y a los garantes hipotecarios sobre la cesión, conforme se aprecia de las cartas de fojas cincuenta a cincuenta y tres, por lo que ésta ha surtido efecto legal de acuerdo a lo previsto en el artículo mil doscientos quince del Código Civil; ii) con respecto al perjuicio del pagaré por falta de protesto a su vencimiento, se aprecia del texto del citado título que figura el total acuerdo de las partes para que dicho documento quede renovado en las fechas que allí se indican, y si bien el documento tenía como fecha de vencimiento el treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el mismo fue renovado señalándose como nuevo vencimiento el veintiocho de junio del mismo año; iii) que el título materia de ejecución lo constituye el documento que contiene la garantía, y si bien el artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, establece que al estar perjudicado el título valor la obligación que representa estaría extinguida, es relevante mencionar que de la interpretación literal de la norma se infiere que ello es aplicable cuando la pretensión es una acción cambiaria en el cual dicho título sirve de recaudo a la acción, situación que no se da en el presente caso, por cuanto el pagaré que se indica sólo constituye un medio de prueba. La Sala Superior al resolver la apelación formulada por los coejecutados (sustentado en los mismos argumentos de su escrito de contradicción), precisa que el artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil no resulta aplicable al caso de autos, pues extender la extinción de la obligación primitiva a los casos en que los participantes en el título valor correspondan al mismo acreedor y deudor, sería aplicar una sola consecuencia jurídica (la extinción) a dos situaciones jurídicas disímiles, ya que si el título valor está a cargo de un tercero, el perjuicio impide que el deudor pueda ejercitar las acciones cambiarias contra dicho tercero, pero si el título está a cargo del mismo deudor, el perjuicio lesiona únicamente al acreedor, el cual se ve privado de las pretensiones derivadas de aquél; en conclusión -sostiene el Colegiado Superior-, debe entenderse el anotado perjuicio como la pérdida de la acción cambiaria de regreso ocasionada por la infracción de los deberes de diligencia impuestos al tenedor;

Quinto

- Que, al formular la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso (acápite c), los coejecutados sostienen que el Contrato de Formalización de Cesión, Transferencia de Bienes y de Garantías del dieciséis de febrero del dos mil uno no puede dar origen a ninguna pretensión ejecutiva, por ser un título que no cumple con los supuestos señalados en el artículo seiscientos ochenta y nueve del Código Procesal Civil. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la demanda de ejecución que nos ocupa se ha promovido en mérito a las escrituras publicas de Constitución de Hipoteca del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro y del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, obrantes a fojas doce vuelta y veintidós, respectivamente, y no en mérito a la escritura publica del Contrato de Formalización de Cesión, como erróneamente se indica, por lo que éste último no puede ser considerado como título de ejecución sino sólo como un medio de prueba que acredita la transferencia del veintinueve punto cuarenta y tres por ciento de los derechos reales que detentaba el Banco Banex sobre los inmuebles dados en garantía, a favor de COFIDE. En segundo lugar, la indicada escritura publica del Contrato de Formalización de Cesión, al haber surtido sus efectos en virtud de las comunicaciones notariales remitidas a la empresa deudora y los garantes hipotecarios, acredita la legitimidad para obrar de la demandante como nueva titular (en un veintinueve punto cuarenta y tres por ciento) de los derechos reales que contienen las escrituras publicas de Constitución de Hipoteca del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro y del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En tercer lugar, contrariamente a lo que refieren los recurrentes, los supuestos contenidos en el artículo seiscientos ochenta y nueve del Código Procesal Civil, como es que la obligación contenida en el título puesto a cobro sea cierta, expresa y exigible, no puede verificarse respecto del documento que acredita la cesión de derechos antes indicado, sino respecto a los documentos que acreditan la existencia de obligación contraída por los obligados, y ello en el caso concreto se verifica del análisis conjunto de las escrituras publicas que contienen las garantías, copulativamente con el estado de cuenta del saldo deudor, así como del documento que ha servido de base para la liquidación de este último, que no es otro que el P. cero uno - cero doce mil cuarenta y siete, copiado a fojas ocho, cuyo pago no ha sido acreditado en autos; razón por la cual los agravios que se denuncian mediante la causal procesal no resultan atendibles;

Sexto

- Que, por lo demás, respecto a la presunta inexigibilidad de la obligación por encontrarse sujeta a la condición prevista en el segundo párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, esto constituye un cuestionamiento sobre el fondo del asunto que no cabe analizar a través de una causal procesal y que, de cualquier forma, viene siendo denunciado a través de la causal de inaplicación de una norma material, por lo que carece de objeto, por el momento, pronunciarse al respecto;

Sétimo

- Que, existe interpretación errónea de una norma de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: 1) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; 2) que éstos, así establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; 3) que elegida esta norma como pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); 4) que en la actividad hermenéutica, el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia;

Octavo

- Que, el artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, regula uno de los mecanismos mediante los cuales se faculta al deudor para cumplir con las obligaciones a su cargo: la entrega de títulos valores en calidad de pago. El pago se entenderá realizado y, por tanto, la obligación extinguida, cuando el título valor hubiere sido pagado, o cuando el mismo se hubiera perjudicado por culpa del acreedor, esto es, por la persona que lo recibió en pago de la deuda mantenida, salvo que las partes hubieran pactado expresamente un efecto distinto; así se precisa en la Exposición de Motivos del citado artículo, en el que además se señala: "Es conveniente aclarar que el texto legal se aplica tanto a los documentos a cargo de terceros, o sea de aquellos aceptados, girados o suscritos por terceras personas y transferidos por el deudor al acreedor mediante entrega o por endoso; como aquellos otros, aceptados, girados o suscritos únicamente por el deudor al acreedor, al portador o a la orden del acreedor, que el deudor entrega a éste, o sea a aquellos documentos en que la relación cambiaria se circunscribe al deudor y al acreedor, sin intervención de terceras personas" (Exposición de Motivos Oficial del Código Civil. Cultural Cuzco, Lima, dos mil cuatro; pagina setenta y dos);

Noveno

- Que, como puede advertirse con meridiana claridad, la sanción de extinción de la obligación primitiva por perjuicio del título valor por culpa imputable al acreedor que lo recibió en pago, no se refiere únicamente a aquellos títulos a cargo de terceros ajenos a la obligación primitiva mantenida entre el acreedor y el deudor, sino que también puede derivarse de títulos valores a cargo del propio deudor; en tal sentido, debe entenderse que lo títulos valores entregados por un deudor como pago a su acreedor pueden ser aquellos aceptados por el propio deudor como aquellos que éste tuviera girado a su favor y entregado vía endoso a su acreedor, por lo que existe error en la interpretación de la norma material cuando la Sala Superior señala que la sanción o perjuicio (extinción de la obligación primitiva) sólo afecta la acción cambiaria de regreso, cuando el título está a cargo de un tercero, pues dicha sanción también recae sobre títulos perjudicados a cargo del mismo deudor, por lo que el Colegiado Superior pretende hacer distinciones -vía interpretación- donde el texto de la ley no las hace;

Décimo

- Que, no obstante estas precisiones en torno a la interpretación del primer párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, este Supremo Tribunal, al igual que las instancias de mérito, estima que dicha norma jurídica, en su interpretación correcta referida en el considerando precedente, es inaplicable en el caso concreto, no sólo porque en autos no se ha acreditado que el Pagaré de fojas ocho se encuentre perjudicado, sino porque además aquél jamás fue entregado al Banco Banex como pago de una obligación primitiva o deuda asumida con esta entidad, sino que el mismo es representativo de un préstamo que por la suma de doscientos ochenta y cinco mil dólares americanos realizara la citada entidad financiera a favor de OCISA, operación que se encontraba garantizada por las escrituras publica de Constitución de Hipoteca del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la misma que, como señalan las instancias de mérito, se encuentra impaga hasta la fecha. Por tanto, no siendo el citado título valor un documento entregado por el deudor en calidad de pago al Banco Banex, ni tampoco endosado a COFIDE en tal calidad, resulta carente de objeto pretender discutir si el presunto perjuicio del mismo -no acreditado- hubiera o no extinguido la obligación primitiva del cual se deriva;

Décimo Primero

- Que, en ese sentido, resulta de aplicación a los autos lo normado en el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil, según el cual la Sala Suprema no casará la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación, la que -para el caso de autos- se entiende cumplida conforme a los términos señalados en el octavo y noveno considerandos de la presente resolución; razón por la cual la causal de interpretación errónea de una norma material (acápite a) no resulta atendible;

Décimo Segundo

- Que, de otro lado, se denuncia la inaplicación de una norma de derecho material, causal que se configura cuando concurren los siguientes supuestos: 1) el Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probado ciertos hechos; 2) que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; 3) que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el J. no aplica esta norma sino otra, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia;

Décimo Tercero

- Que, los recurrentes sostienen que las instancias de mérito debieron aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, pues la obligación primitiva habría quedado en suspenso al haberse hecho entrega al acreedor del citado título valor. Sin embargo, si bien la norma en comento establece que mientras no se haga cobro del título, la acción primitiva, es decir, aquella que originó su entrega, quedará en suspenso, también es cierto que la "entrega" a que se refiere la norma es la "entrega en pago" de las obligaciones existentes. El pagaré es un título valor que contiene una promesa de pago pura y simple, por lo que su sola entrega al acreedor no puede equipararse con el pago, que se entiende realizado cuando se ha cumplido o ejecutado la prestación en su totalidad, tal como lo informa el artículo mil doscientos veinte del Código Civil, por tanto, el segundo párrafo del artículo mil doscientos treinta y tres del Código Civil, es inaplicable a los autos, desde que el pagaré de fojas ocho jamás fue entregado en pago de la obligación primitiva, por lo que no existe cobro que suspender, tanto más si en este proceso no se demanda la ejecución del indicado título valor sino de las garantías otorgadas para cubrir los adeudos mantenidos por la coejecutada OCISA; razón por la cual la segunda causal material (acápite b) debe ser igualmente desestimada; Décimo

Cuarto

- Que, siendo así, al no verificarse ninguna de las causales denunciadas el recurso de casación, éste resulta infundado, debiendo procederse de conformidad con lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve del citado Código Procesal; por cuyas razones, Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Obras Civiles e Industriales Sociedad Anónima (OCISA), F.A.C.H. y M.E.M.S. de C., mediante escrito de fojas seiscientos diecisiete; en consecuencia, NO CASARON el auto de vista de fojas seiscientos uno, su fecha veintiuno de abril del dos mil seis; CONDENARON a los recurrentes al pago de una multa ascendente a dos Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costas originados por la tramitación del presente recurso; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) contra Obras Civiles e Industriales S.A. (OCISA) y Otros, sobre ejecución de garantías hipotecarias; V.P.S.T.P.; y los devolvieron.-

S.S.

TICONA POSTIGO

SOLIS ESPINOZA

PALOMINO GARCIA

CASTAÑEDA SERRANO

MIRANDA MOLINA

rsb.

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