La enseñanza del derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades

AutorGorki Gonzales Mantilla
Páginas16-97

Page 16

Introducción

El presente trabajo pretende identificar los rasgos característicos de la enseñanza del Derecho en el Perú, sin perder de vista en esta aproximación a los actores que confluyen en su desarrollo: alumnos y profesores. No obstante, dicho enfoque adquiere sentido sólo cuando se le vislumbra entretejido con la dinámica de los cambios sociales. Las facultades de Derecho y su relación con el medio, constituyen un punto de mira no desdeñable, si se trata de entender el sentido que adquiere la enseñanza del Derecho. Un proceso heterogéneo de cambios que lleva consigo resistencias pero también continuidades.

La enseñanza del Derecho -en líneas generales- busca proveer herramientas, afinar destrezas y propiciar competencias, identificadas por una perspectiva comprehensiva y un discurso útil para justificar el quehacer de los abogados, el cual es fácilmente reconocible como instrumento básico para la constitución de intereses y posiciones de poder "legítimos" en la sociedad. Por ello, la forma que adquiere la educación legal -es decir, el conocimiento que se imparte y el modo a través del cual se produce la interacción pedagógica- puede ser considerada como un indicador del modo como se construye la textura social.

El estudio aquí propuesto intenta establecer las líneas generales de la enseñanza del Derecho en el Perú a comienzos del siglo XXI, sin pasar por alto lo ocurrido en los años previos, fundamentalmente en lo referido a algunos de sus indicadores básicos. Quizá uno de los principales problemas de la investigación y, por ello, una de sus limitaciones, ha sido el acceso a la información. En general, las entidades oficiales como la Asamblea Nacional de Rectores, el Ministerio de Educación o el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, carecen de publicaciones en las que se haga referencia específica a las facultades de Derecho. La documentación sobre la educación superior tampoco es muy precisa,Page 17por esta razón, una parte importante de los datos que han permitido articular los principales indicadores de la educación legal, está construida a partir de los listados o boletines anuales que se encuentran en los archivos de la Asamblea Nacional de Rectores, en los informes que cada universidad envía anualmente a dicha entidad y, en situaciones extremas, la información se obtuvo pidiéndola directamente a cada una de las universidades, no siempre con la misma fortuna.

Es preciso indicar que cuando se hace referencia al problema de la enseñanza del Derecho en el Perú, el tema resulta inevitablemente monopolizado por la intensa experiencia que la Pontificia Universidad Católica del Perú ha tenido en esta materia. Adquiere sentido, por ello, el que nuestra Casa de Estudios aparezca como un actor principal en el trabajo, a partir de la reconstrucción del proceso gestado en los años sesenta, como momento de ruptura con el pasado y como punto de partida para el desarrollo de un discurso y un tipo de práctica reformista en la enseñanza de la disciplina jurídica.

Explorar el impacto de la formación legal en el desarrollo de la actividad profesional, es una tarea fundamental, pero ello supone configurar los indicadores de este importante espacio de la vida institucional del país que por el momento no existen. Se abre, en este sentido, una tarea pendiente y una necesidad hacia el futuro.

La parte final del trabajo está dedicada a formular un conjunto de reflexiones que tienen como punto de apoyo los "hallazgos" de la investigación, pero que dejan tras de sí otras interrogantes vinculadas a las oportunidades y limitaciones de la reforma de la enseñanza del Derecho.

Page 18

1. La enseñanza del Derecho en un escenario de cambios

La enseñanza del Derecho en el Perú se ha movido históricamente en un escenario de tensiones entre la tradición y el cambio. La estructura de los programas de educación legal en el país, ha estado siempre dominada por una férrea perspectiva más atenta al orden de los códigos que a la dinámica social. El punto de mayor tensión en la segunda mitad del siglo XX parece ubicarse en la década de los años sesenta, un período que articula un nuevo mapa institucional y social en el Perú, producto de los acelerados cambios de los años previos y de las transformaciones que en el país se produjeron1.

A contracorriente, como advierte un diagnóstico sobre la educación legal del año 1965, los sistemas de enseñanza del Derecho en el país, obedecen a un plan anacrónico que no responde a los requerimientos de la época, "en un mundo influido por una portentosa revolución técnica y convulso por un proceso de profundas transformaciones sociales y económicas"2. La desvinculación entre la enseñanza del Derecho y las demandas de la realidad fuePage 19una constante que volvió a ponerse en evidencia en un estudio realizado sobre la situación de los egresados de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cinco años después; donde se concluye que los abogados de nuestra Universidad "configuran un sector profesional vinculado sólo parcialmente con los problemas sociales de los sectores sociales nacionales mayoritarios"3

Un escenario de cambios en todo orden acompaña al proceso de la universidad peruana -y por lo tanto, al de la educación legal en el país- a partir de aquel período: de la crisis y la erosión del poder oligárquico a las reformas del régimen militar y a la expansión del Estado en la década de los setenta; y del fracaso de las políticas populistas y liberales (1980-1985) al colapso institucional provocado por el gobierno aprista (1985-1990), en esta última década, además, bajo el fenómeno de la violencia política.

En forma paralela, una creciente politización del movimiento estudiantil4 acompasado por el incremento de la población universitaria desde comienzos de los años sesenta, produjo una combinación de expectativas y demandas sociales cuyo reflejo, en ciertos períodos, resultó un factor de importancia en la agenda pública yPage 20en el proceso de "modernización" del país5. Este cuadro de tensiones en la universidad tuvo como marco legal el provisto por la Ley Universitaria del 8 de abril de 1960 (Ley N.° 13417). No se pierda de vista que, a menos de 10 años de promulgada aquella ley, la Junta Revolucionaria de la Fuerza Armada dictó la Ley Orgánica de la Universidad Peruana (Decreto Ley N.° 17437), puesta en vigencia en febrero de 1969.

La primera norma recoge el "restablecimiento del co-gobierno o participación de los estudiantes en la dirección de la universidad"6, que amplió enormemente el ámbito de la autonomía universitaria, al remitir muchos aspectos del gobierno de la universidad a lo que se determinara en sus correspondientes estatutos7. La segunda, sustrae la autonomía universitaria -a través de la creación del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, conformado por autoridades de origen universitario-y restringe el co-gobierno estudiantil. Con este modelo se crea un esquema que inserta el problema de la universidad en el sistema más amplio de reforma de la educación8.

Page 21

En medio de ello, la demanda de los estudios de Derecho se incrementó considerablemente, como indicador no sólo del crecimiento demográfico sino también del acceso a la educación superior de las grandes mayorías nacionales, y como producto probable de los requerimientos generados por el proceso de modernización del Estado y de la sociedad peruanas. Las cifras reflejan este incremento sustancial de los estudiantes de Derecho en el período comprendido entre 1960 y 1986: de 1,338 postulantes, en 1960, a 37,119 en 1986 (Gráfico N.° 1).

Gráfico N.° 1

[NO INCLUYE GRÁFICO]

Page 22

Gráfico N.° 2

[NO INCLUYE GRÁFICO]

En efecto, mientras la población total del país se elevó de 9'900,000 de habitantes, en el año 1960, a 17'300,000, en 1980; y a 22'600,000, en 19909, en el mismo marco temporal, la población global de estudiantes de las universidades del país se multiplicó en catorce veces. Es decir, de 25,748 matriculados en las distintas universidades del país, en 1960, se pasó a 384,599 alumnos en 1986. En el caso de la población de las facultades de Derecho, las cifras no fueron menos conservadoras: de 3,391 alumnos matriculados en 1960, se multiplicó a 35,503 en 1986, año en el que representaban el 9.23% del total de la población estudiantil (Gráfico N.° 3).

Page 23

Gráfico N.° 3

[NO INCLUYE GRÁFICO]

1. 1 La reforma de la enseñanza del Derecho: una experiencia de ruptura con la tradición

No obstante lo expuesto, al parecer, la preocupación por la reforma de la enseñanza del Derecho en toda su intensidad corresponde al pasado10. Como advierte el profesor Felipe González, de la Universidad Diego Portales de Chile:

Page 24

[...] los intentos de reforma escasamente subsistieron. Existen, por cierto, algunas excepciones, como es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a partir de esos años ha venido desarrollando y consolidando modalidades de enseñanza del Derecho distintas a las tradicionales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR