Un breve análisis a propósito de la suspensión del plazo de prescripción de la potestad sancionadora de la administración pública
| Autor | Renoir Manrique |
1. Introducción
Back to the Future es una película ambientada en la década de 1980 y la historia gira en torno a Marty McFly y el “Doc” Brown, quienes se embarcan en una aventura a través del tiempo. ¿Tiempo? ¡Así es! La trama de la película se centra en los viajes en el tiempo usando un automóvil DeLorean para volver al pasado y regresar al futuro.
Uno de los temas principales de la historia es el paso del tiempo y cómo este fenómeno nos afecta en cada una de las actividades que desarrollamos cotidianamente. Esto nos invita a relacionar esta temática con una figura del Derecho Administrativo Sancionador: la prescripción de la potestad sancionadora de la Administración Pública.
Así como en la película el tiempo desempeña una función disciplinaria para aquellos que no saben aprovecharlo, en el Derecho se suscita un efecto parecido que se expresa a través de la prescripción extintiva. Mientras que Back to the Future nos enseña que desaprovechar el tiempo acarrea secuelas adversas para los protagonistas, la inacción de la Administración para efectuar su potestad punitiva también sufre una consecuencia: la vuelve incompetente para perseguir y reprimir una conducta transgresora de las normas de orden público1.
En este breve artículo nos abocaremos a examinar la relación entre el transcurso del tiempo y la potestad sancionadora de la Administración Pública. Nos importará, en ese sentido, enfocarnos en la figura de la prescripción y los efectos extintivos que extinguen la potestad del Estado para perseguir y sancionar conductas contrarias al ordenamiento jurídico.
2. Aproximación a la naturaleza jurídica de la prescripción administrativa
La prescripción es una figura jurídica que implica la extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de una infracción, lo cual acarrea la pérdida del ius puniendi de la Administración Pública y elimina la posibilidad de que esta pueda establecer la existencia de una conducta infractora y, por ende, imponer una sanción administrativa2.
Así, se trata de una limitación al ejercicio del poder punitivo de la Autoridad que tiene un doble fundamento: desde el punto de vista de los administrados, supone una garantía amparada en la seguridad jurídica, la cual exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y, del lado de la Administración Pública, establece un incentivo cimentado en la eficacia de su actuación, que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas, para optimizar recursos3
Al respecto, cabe refrendar lo anotado por el Tribunal Constitucional4, que define a la prescripción en los siguientes términos:
“La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma.
Es decir, que mediante la...
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