La ausencia del análisis costo/beneficio en los proyectos de ley: tres casos para analizar
| Autor | Liza Ramos Dávila |
| Cargo | Docente de Derecho de la Universidad Científica del Sur |
- INTRODUCCIÓN
La sustentación de toda propuesta normativa requiere de auténtica justificación. La ligereza en el análisis de la realidad, así como el incumplimiento de requisitos materiales en la tarea de legislar, nos conduce directamente al ejercicio parlamentario insustancial y a la denominada legislación simbólica (Ramos, 2010).
Afortunadamente, las herramientas que aporta la Teoría de la legislación nos permiten entrever cuál es, realmente, la finalidad de un proyecto de ley: regular de manera adecuada un determinado problema o situación o, simple y llanamente, mejorar las perspectivas electorales del impulsor de la iniciativa legislativa (Ortiz de Urbina, 1995:2).
Según la Teoría de la legislación, en todo proyecto de ley (en adelante, PL) debieran identificarse los siguientes elementos:
- EL ACB DE UN PROYECTO DE LEY
El análisis costo/beneficio, en adelante ACB, de una propuesta legislativa no es solo monetario o financiero. Supone una ponderación razonada y medible de los beneficios sociales en comparación con los costos sociales que representa la propuesta. Esto supone, de entrada, identificar y cuantificar a los potenciales beneficiarios.
Tal como anota Sainz (1989: 22) los elementos que componen el coste de una norma conforman tres grupos: a) los que determinan el coste de elaboración y actualización de la norma; b) los que determinan el coste de aplicación de la norma por la Administración y de su cumplimiento por los afectados; y, c) los que determinan el coste de vigilancia y control.
Con la Ley 26889, “Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa”, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 008-2006-JUS se establece la exigencia normativa de incluir el ACB en la producción legislativa. Conforme al Reglamento de la indicada Ley, el análisis costo beneficio “permite cuantificar los costos y beneficios, o en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables”.
Esta exigencia también se halla prevista en el art. 75 del propio Reglamento del Congreso.
Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. (…) (resaltado añadido)
En lo que sigue analizaremos tres proyectos de ley presentados en el Congreso de la República, el mes de septiembre de 2020.
3.1 El PL 6322-2020: Propone ampliar los supuestos de nepotismo a la contratación de progenitores de los hijos, con la modificación del artículo 1 de la Ley 26771.
En lo sustancial, el PL mantiene el texto del Art.1 de la Ley 26771, modificado por la Ley 30294, e incorpora el siguiente párrafo: “para los efectos de la presente ley el parentesco por afinidad se entiende también respecto del concubino o conviviente y progenitores de los hijos”.
Con el indicado proyecto se alude a la madre o padre de hijos, con los que se tuvo una relación en el pasado o con los que ni siquiera hubo una relación estable, siempre y cuando se haya procreado un hijo.
La actual normativa establece prohibiciones por razón de consanguinidad o afinidad; sin embargo, no es taxativa la prohibición de contratar referida a las ex parejas, o a los progenitores de los hijos1. En tal sentido, sería una precisión necesaria para impedir comportamientos que, vía fraude a la ley, terminen logrando la irregular contratación directa o indirecta de los progenitores de los hijos.
En el rubro sobre análisis costo beneficio, el PL 6322-2020 solo consigna lo siguiente:
«La presente Resolución Legislativa no genera gastos al erario público. Por el contrario, genera ahorro y un beneficio...
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