Apuntes para la protección de los derechos ciudadanos a través del Proceso Contencioso Administrativo: el agotamiento de la vía previa

AutorCarmen Vegas Guerrero
CargoAbogada egresada de la Maestría de Derecho de la Empresa por la Pontifica Universidad Católica del Perú
Páginas75-85
Apuntes para la protección de los derechos ciudadanos a través del
Proceso Contencioso Administrativa: el agotamiento de la vía previa
Carmen Vegas Guerrero
75Círculo de Derecho Administrativo
I. Introducción
El Proceso Contencioso Administrativo es
una disciplina del Derecho Procesal de suma
importancia en nuestro ordenamiento jurídico,
enmarcado en un Estado Constitucional de
Derecho, en donde, frente a la vulneración de los
derechos o intereses de los sujetos administrados
por parte de las entidades de la Administración
Pública (sea por un acto u omisión), se activa esta
vía jurisdiccional de control ulterior y concluyente.
De esta manera, los conflictos que se originan
del conjunto de situaciones a través de las cuales
los administrados, sean personas naturales o
jurídicas, se vinculan con la Administración
Pública, buscan ser resueltos a través de una
relación procesal, es decir, mediante el Proceso
Contencioso Administrativo. Esto es, sometiendo
y subordinando la actuación de la Administración
Pública al principio de constitucionalidad y a la
plena vigencia de los derechos fundamentales,
ejerciendo así el control del Poder Público.
En el Perú, el Proceso Contencioso Administrativo
se encuentra actualmente regulado en el Texto
Apuntes para la protección de los derechos
ciudadanos a través del Proceso Contencioso
Administrativo: el agotamiento de la vía previa
Carmen Vegas Guerrero*
SUMILLA
El presente artículo tiene por objetivo develar los múltiples problemas existentes relacionados
al requisito exigido para poder recurrir al Proceso Contencioso Administrativo, es decir, el
agotamiento de la vía administrativa. Para ello, la autora describe las múltiples posiciones
doctrinarias a favor y en contra de dicho requisito, la posición que nuestros legisladores han
tomado al respecto, teniendo en consideración diversas leyes e informes elaborados con relación
a dicho tema, para terminar describiendo los problemas que se suscitan al exigir dicho requisito
en el ámbito de los derechos de los administrados, los problemas que surgen dentro de la
Administración y las posibles acciones a tomar para resolver la situación de disparidad entre
administrados y Administración.
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que
Regula el Proceso Contencioso Administrativo
(en adelante LPCA), aprobado mediante Decreto
Supremo N° 013-2008-JUS. Sin embargo, no
es una figura nueva. Ya se recogía en el Código
Procesal Civil Peruano de 1992, dentro del
conjunto de los procesos civiles. Sin embargo, es a
partir de la promulgación de la Ley N° 27584, en
el año 2001, que se recoge sus rasgos particulares
y regulación autónoma, en la búsqueda de una
tutela jurisdiccional efectiva.
Es en este sentido, que nuestro ordenamiento
constitucional lo hace suyo1 y se establece en el
TUO de la LPCA que la finalidad de la acción
Contencioso Administrativa es “(…) el control
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones
de la Administración Pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados” (artículo 1°).
Si bien es cierto que las normas buscan regular
los diversos sentidos y aspectos de la conducta en
el marco de una vida en sociedad, para permitir
el desenvolvimiento y desarrollo de la misma en
paz, no es la única variable necesaria. Es decir, no
* Abogada egresada de la Maestría de Derecho de la Empresa por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Ha ejercido como
Presidenta con rango de Ministro de Estado de la Comisión Nacional de la Juventud – CNJ/CONAJU, así como ha presidido
a nivel internacional la Organización Iberoamericana de Juventud – OIJ. Ha prestado sus servicios profesionales al Jurado
Nacional de Elecciones, Primera Vicepresidencia de la República y se ha desempeñado como Subjefa de la Oficina Nacional
Anticorrupción. Actualmente es Asociada Senior del Estudio Echecopar.

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