Apuntes sobre la participación ciudadana en materia ambiental en el Perú
| Autor | Edson R. Humberto Espinoza Meléndez |
| Cargo | Docente a cargo del curso de Derecho Ambiental |
| Páginas | 1-22 |
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Hoy por hoy el tema ambiental nos presenta un desafío que resulta ineludible, pues no importa la edad, el sexo, el estrato social, el nivel académico o cuán enterados estemos de los problemas ambientales que actualmente existen. Todos, en algún momento y en algún aspecto de
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nuestras vidas, nos hemos de ver alcanzados por los efectos negativos que la actividad antropogénica ha venido ocasionando en el ambiente. Obviamente, esto no es ninguna novedad, por el contrario, son ya varios años invertidos en debatir, en los más diversos fueros, la importancia de adoptar una posición armónica con nuestro entorno. Sin embargo, si tomamos como punto de referencia la Cumbre sobre Medio Humano, realizada en 1972 en Estocolmo, podemos ver con preocupación que en 40 años, pese a los nobles y loables intentos de algunos, la situación de la degradación ambiental, lejos de mejorar, se nos presenta mucho más agudizada.
Necesidad urgente de brindar un marco de protección efectiva para evitar el detrimento del ambiente ha llevado al hombre a diseñar e implementar diversos mecanismos que garanticen que el desarrollo de las actividades humanas no ponga en riesgo al entorno natural ni a sus componentes. Uno de los principales instrumentos para lograr esto ha sido el reconocimiento de derechos especiales a la población para que puedan tomar un rol activo y protagónico en la gestión que el Estado hace del patrimonio natural. Propiciándose que aquél, conjuntamente con los particulares, asuman el compromiso de la conservación de los valores ambientales amparados por la legislación vigente del país en donde se encuentran. Este modelo ha permitido que, al reconocer y garantizar la mencionada posibilidad de participar en la toma de decisiones que hace el Poder Público, se establezca un régimen dinámico, en el cual se exalten los valores democráticos que caracterizan a los estados modernos, y se permita afianzar la corresponsabilidad en la tutela del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Somos parte de un ecosistema en el cual vivimos, producimos y trabajamos. Para que exista equilibrio en todas nuestras acciones, en función de nuestra supervivencia, es imprescindible que tengamos presentes las condiciones ambientales que tenemos hoy y las que tendremos mañana1. Esto nos coloca en un compromiso ineludible para con el medio que habitamos, pues como se ha reseñado en el apartado anterior, estamos insertos en el ecosistema y todas las actuaciones antrópicas generan en aquél un impacto que, en mayor o menor medida, terminará revirtiendo hacia nosotros mismos.
El ambiente, además, se constituye como el tema político por excelencia, ya que, entendido de la manera más amplia, no sólo incluye el escenario donde se producen las relaciones sociales,
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sino que se relaciona íntimamente con la existencia humana a través de la satisfacción de las necesidades básicas y del nivel y calidad de vida. Por consiguiente, la actividad política debe tomar en consideración la cuestión ambiental como marco referencial. De otro lado, la problemática ambiental es ante todo política ya que está relacionada con el proceso de democratización o participación de la población en la gestión de sus necesidades. La interdependencia entre estos dos aspectos se concretiza en los procesos de la descentralización política y la participación ciudadana en aquellas decisiones que tienen que ver con el ambiente y la calidad de vida de la población2.
Es indiscutible que la actuación del hombre puede marcar la diferencia entre el deterioro o la preservación ambiental, puesto que ahora existen diversos mecanismos y herramientas que posibilitan a las personas, sea de manera individual y/o colectiva, el involucrarse en la gestión ambiental de sus países. Ello se ha logrado a través de la consolidación de los modelos democráticos, que han hecho posible que la población no sólo conozca de la actuación legal y material de los gobiernos, sino que además les ha permitido tener una participación activa que contribuye directamente a la consecución de los objetivos de preservación de los valores ambientales del ecosistema. En líneas generales, la participación ciudadana ha mantenido su vigencia e incluso se ha fortalecido año tras año, pues se ha reconocido que ésta resulta necesaria para construir una verdadera democracia3.
La participación implica, según FIALLO, una situación, relación, clima o ambiente que permite individual o colectivamente decidir iniciativas, implementarlas o concretizarlas, ya sea como reflexión, opinión, punto de vista, demanda, petición, actividad, acción, formulación de propuestas, proyectos, planes o estrategias, en relación a una urgencia, necesidad, problema, solución, resolución, cambio y/o transformación, de manera tal que la sociedad o comunidad puedan funcionar efectiva y cotidianamente de la manera o forma democrática al partir de una dinámica referida al interés o significatividad de los sujetos involucrados4.
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Precisamente, la participación ciudadana encuentra su justificación en que a través de ella, los ciudadanos impulsan acciones relacionadas con la adopción de decisiones, influyen en los resultados, e intervienen de manera autónoma e intencionada en los asuntos públicos. Es propio de sociedades participativas que la gente sea alentada a participar, a intervenir en la toma de decisiones y a influir en el desarrollo de su comunidad. Por medio de la participación, las personas y las organizaciones sociales generan iniciativas, fiscalizan la administración pública, acuerdan con el Gobierno estrategias de acción, programas y proyectos para la solución de problemas, intervienen en la solución de sus propias necesidades y eligen a sus autoridades5. Es importante que en la vida de un Estado confluya la participación ciudadana como valor en sí mismo, para afianzar una cultura democrática y construir una verdadera ciudadanía6. Afirma DAVID HELD, que la libertad y el desarrollo individual sólo pueden alcanzarse plenamente, con la participación directa y continua de los ciudadanos con la regulación de la sociedad y del Estado7.
Así, la participación ciudadana podrá ser entendida como el proceso mediante el cual los miembros de la comunidad se comprometen a participar de forma responsable en la solución de los problemas de carácter público8. En esa línea de pensamiento, GONZÁLES BALLAR, afirma que aquella puede entenderse como el proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve9. De la misma opinión son MEJILLONES, IMAÑA y BARRIGA, quienes ven a la participación ciudadana como el proceso mediante el cual la población, es parte activa de las acciones de la gestión del gobierno en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución10. PANFICHI, a su vez, expone que la participación ciudadana permite la profundización de la democracia, la cual es el objetivo del proyecto democrático; toda vez que la participación, en el ejercicio del poder de decisión, es considerada un
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factor clave en la construcción de una mayor igualdad, ya que facilita la formulación de políticas públicas orientadas a este objetivo11. USECHE dice que la participación ciudadana es la aptitud que tienen los miembros de una comunidad política para actuar ante el Poder Público en el proceso de conformación de la voluntad general y trae como consecuencia la posibilidad de que los ciudadanos defiendan sus intereses legítimos personales y directos ante quienes ocupan las posiciones de gobierno participen en la formulación de las políticas estatales y en la distribución efectiva de los bienes de la sociedad y la posibilidad genérica de desarrollar acciones que influyan de una u otra manera en la conducta que asuman los gobernantes Es tas acciones pueden consistir en defensas y solicitudes formuladas ante la administración12. En palaras de JORDANO FRAGA, la participación será un concepto que actúa como valor regulador del flujo de corrientes vitales del Derecho, que permiten adecuar el ordenamiento a los procesos evolutivos de la vida política y social. Surge así, la idea de la participación como un mecanismo de permeabilidad de la Administración Pública hacia la sociedad, a la par que se configura como un método para la ponderación de los intereses que puedan encontrarse en conflicto13.
Podemos advertir que el concepto de participación ciudadana está compuesto por unas notas constitutivas que lo estructuran; y, en base a ellas y considerando lo expuesto previamente, resulta factible proponer una noción propia. Así, se puede afirmar que:
La participación ciudadana es aquel proceso a través del cual la población se ve involucrada, en forma directa y responsable, en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de actuación del Gobierno, con el objeto de participar en la formulación de las soluciones a los problemas de carácter público que puedan afectarle en lo político, lo económico, lo social y lo ambiental; fortaleciendo, a su vez, el proceso democrático.
La noción de participación ciudadana admite, entonces, que las personas que forman la comunidad política puedan actuar en el ámbito del poder, participando en la conformación de la voluntad general, concepto roussoniano14 que versa sobre la decisión mayoritaria de los ciudadanos
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y su poder vinculatorio para toda la organización política...
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