Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23 de Agosto de 2017 (Expediente: 001577-2017)

PonentePARIONA PASTRANA
Fecha de Resolución23 de Agosto de 2017
EmisorTercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria
VocalesYAYA ZUMAETA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, PARIONA PASTRANA, CARTOLIN PASTOR
MateriaContencioso Administrativo
DelitoRevisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
ProcedimientoAPELACION

Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Lima, veintitrés de agosto

del dos mil diecisiete.-

Con el acompañado y de conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo.

I.M. del recurso

Es objeto de apelación: a) la resolución número seis, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y dos, que declaró INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado deducida por el Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

y, b) la Sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento nueve, que declaró FUNDADA la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva;

en consecuencia NULO el procedimiento de ejecución coactiva en mérito del Acta de Control N° C60965, con lo demás que contiene.

II. Antecedentes

. DemandaV.E.M., con fecha veinte de mayo de dos mil quince, a fojas doce, subsanada a fojas veinticuatro, interpuso demanda de revisión contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Servicio de Administración TributariaSAT de la referida entidad edil, así como al ejecutor coactivo, a fin de revisar la legalidad del procedimiento coactivo derivado del Acta de Control N° C60965 y se ordene el levantamiento de la medida de embargo de secuestro conservativo interpuesto en contra de su vehículo de Placa de Rodaje N° A3A-764;

así también, refiere que la administración tributaria no cumplió con notificarle el acta de control, las resoluciones de sanción, ejecución coactiva y Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

la de medida cautelar;

en tal sentido, considera que la administración deberá demostrar que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6, numerales 6.) y 6.2), y 8, numerales 8. y 8.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444;

y lo previsto en los artículo 29, 30 y 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979.

2. Auto que declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado

La Sala de Mérito, mediante la resolución número seis, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y dos, declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, por considerar básicamente que mediante el Edicto N° 225, la Munic ipalidad Metropolitana de Lima creó el Servicio de Administración Tributaria - SAT y que en sus artículos y 2 dispuso que este es un organismo público descentralizado de la entidad edil mencionada, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

3. Impugnación de auto

El Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante su recurso de apelación obrante a fojas noventa y seis, refiere en esencia que el ejecutor coactivo no tiene relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima;

sin embargo, considera que este funcionario si tiene relación directa y dependencia con el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, precisa que, conforme al Edicto N° 225, el Servicio de Adm inistración Tributaria 203 SAT, a través de sus ejecutores coactivos tienen la función de la cobranza coactiva;

en tal sentido, precisa que la razón de la norma contenida en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, al hacer m ención a la 20centidad20d hace referencia a las funciones del ejecutor coactivo, quien es el titular del procedimiento de ejecución coactiva.

4. Sentencia impugnada Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

En cuanto al fondo del asunto, la Sala Superior mediante la sentencia apelada de fecha nueve de agosto del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento nueve, declaró fundada la demanda de revisión judicial derivado del Acta de Control N° C60965. El Colegiado Superior refiere que de la revisión de los cargos de notificación correspondiente a las resoluciones de sanción y ejecución coactiva advierte que el notificador ha señalado que encontró el 20cdomicilio cerrado20d;

sin embargo, no ha dejado constancia de pre aviso que debe emitirse para los efectos de las visitas realizadas por el notificador;

por lo tanto, no le ha permitido establecer que el acto de emplazamiento fue adecuadamente realizado. Asimismo, precisa que el propietario del vehículo es una sociedad conyugal, la cual por su propia naturaleza debe notificarse a cada uno de sus integrantes, situación que en este caso no se ha dado, pues solo se ha identificado al señor M.V.. En tal sentido, concluye que al no haberse notificado adecuadamente la resolución de sanción, la demanda de revisión judicial debe ser amparada.

5. Recursos de apelación contra la sentencia El Servicio de Administración Tributaria-SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante su escrito de apelación obrante a fojas ciento veintiuno, refiere que el procedimiento coactivo derivado del Acta de Control N° C60965, no se encuentra viciado de nulidad, toda vez que el demandante ha tenido pleno conocimiento de todo el procedimiento coactivo iniciado en su contra notificándole todas las resoluciones de ejecución coactiva debidamente. Asimismo, señala que el accionante no ha precisado, ni ha argumentado de qué manera se ha visto afectado en la tramitación del procedimiento coactivo materia de revisión. Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante su escrito de apelación obrante a fojas ciento veintiséis, afirma en esencia, que en el expediente coactivo derivado del Acta de Control N° C60965, el juzgador incurre en error de hecho y de derecho, al aplicar de modo indebido la disposición contenida en el artículo 2, numeral 2.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27 444, pretendiendo establecer que la constancia de preaviso debe obrar en el expediente Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

administrativo, cuando del propio texto legal se tiene que esta debe dejarse en el domicilio en que se practicó la notificación, que es lo que considera que ha acontecido, habiendo el notificador procedido a describir las características del inmueble visitado.

III. Materia jurídica en debate

El análisis jurídico girará en torno a determinar si la decisión adoptada por el Colegiado Superior de declarar la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva derivado del Acta de Control N° C60965, e ncuentra respaldo jurídico en la normas previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, aprobado por e l Decreto Supremo N° 08-2008-JUS, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 069-2003-EF y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

IV. Fundamentos de esta Sala Suprema

Respecto al auto impugnado (Resolución N°06) En relación al auto contenido en la resolución número seis, que declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, cabe advertir que si bien es cierto, la entidad administrativa encargada para exigir coactivamente los títulos materia de ejecución, es el Servicio de Administración Tributaria- SAT, a través de su ejecutor coactivo, interviniente en el presente procedimiento coactivo;

sin embargo, no es menos cierto, que esta entidad ha sido creada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Edicto N° 225 con la finalidad de fiscalizar, recaudar y administrar los tributos de la municipalidad;

por lo que, a pesar de ser un organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, es una entidad que pertenece estructural y orgánicamente a la municipalidad demandada;

en tal sentido, se adecúa la relación jurídico material de la entidad edil apelante en el presente proceso;

por lo cual, la excepción deducida resulta INFUNDADA, correspondiendo confirmar el auto apelado, y desestimar los agravios. Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Respecto a la sentencia impugnada (Resolución N °09 )

Finalidad legal del proceso de revisión judicial

. Conforme lo establece el artículo 23, numeral 23.5, del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, aprobado por el Decreto Supremo N° 08-2008-JUS, el proceso de revisión judicial tiene por finalidad que el órgano jurisdiccional examine únicamente si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la citada ley. En efecto, mediante la presente acción el Colegiado debe pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento coactivo y establecer si este se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, plazos y trámites que lo rigen, como son la ley acotada y su reglamento, así como las normas particulares que cada institución pública prevé para dicho procedimiento.

Obligación exigible del procedimiento de ejecución coactiva

2. En tal contexto, debe precisarse que el artículo 9, numeral 9., del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, aprobado por el Decreto Supremo N° N° 08-2008-JUS, considera obligación exigible coac tivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la obligación;

en tanto, que el artículo 4, numeral 4., del mismo cuerpo normativo establece que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible en los términos antes indicados.

Domicilio válido para notificaciones no tributarias

3. Por otro lado, en cuanto a las reglas que debe observar el acto de notificación previsto en las disposiciones antes comentadas, cabe recordar, para el caso concreto, lo dispuesto por el artículo 2, numeral 2.5, de la Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, numeral incluido por el artículo del Decreto Legislativo Nº 029, conforme al cual: 20cEn el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente20d. (lo subrayado es nuestro)

Análisis del expediente coactivo

4. En el caso de autos, esta Sala Suprema al analizar los actuados en el Procedimiento Coactivo N° 284-205-00362005 derivado del Acta de Control N° C60965, se observa que el procedimiento coactiv o fue iniciado por el Ejecutor Coactivo del Servicio de Administración Tributaria -SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima a efectos de procurar el pago de la referida acta de control;

a través del cual se impuso sanción por infracción a las normas de tránsito de Código N-0, a una persona que no se identificó.

5. Asimismo, respecto a la legalidad del procedimiento coactivo cuestionado, este Colegiado observa que si bien es cierto, en el expediente administrativo, a fojas tres, obra el Cargo de Notificación N° 280-084-08586639, dirigido al domicilio del demandante, con el que aparentemente se habría notificado la Resolución de Sanción N° 7 6-056-00459306;

sin embargo, se advierte que no obra en el mismo, documento alguno que acredite que el notificador al encontrar el domicilio cerrado en la primera visita, haya dejado el acta de preaviso, a través de la cual se indicaría la hora en la que se procedería a efectuar la siguiente diligencia, incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el citado artículo 2, numerales 2.) y

2.5), de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

6. Por otro lado, de la revisión de los cargos de notificación obrantes a fojas cuatro y cinco, tanto de la resolución de ejecución coactiva, como de la Corte Suprema de Justicia de la RepúblicaTercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

resolución de medida cautelar, del expediente administrativo, se aprecia que el notificador incurrió en el mismo error antes señalado al momento de notificar la resolución que dio inicio al procedimiento coactivo, situación que vulnera lo dispuesto en el artículo 4, numerales 4. y 4.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, por lo que corre sponde confirmar la sentencia apelada.

7. Finalmente, se verifica que tanto la resolución de sanción como la de medida cautelar, han sido dirigidas solo al demandante V.E.M., conforme es de verse los cargos de notificación, obrante a fojas tres y siete del expediente administrativo;

sin embargo, conforme se constata de la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo de Placa de Rodaje A3A-764, sobre el cual se ordenó trabar embargo en forma de secuestro conservativo, el mismo pertenece a la sociedad conyugal conformada por el demandante y su cónyuge doña M.M.Z., conforme es de verse a fojas tres del expediente principal;

por lo que, se colige que la administración al notificar los actos administrativos citados, omitió considerar a la cónyuge M.Z., afectando de esta manera su derecho de defensa, debido procedimiento y lo dispuesto en el artículo 2, literal b, de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

V. Decisión:

Por tales consideraciones: CONFIRMARON a) la resolución número seis, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y dos, que declaró INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado deducida por el Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

y, b) la Sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento nueve, que declaró FUNDADA la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva;

en consecuencia

Articulo 2 literal b de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva: 20cCorte Suprema de Justicia de la República Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

NULO el procedimiento de ejecución coactiva en mérito del Acta de Control N° C60965, con lo demás que contiene. En los seguidos por V.E.M. contra el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima 203 SAT y otros, sobre revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva;

y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: P.P..- S.S. P.P. VINATEAM. ARIASL. YAYAZ. CARTOLINP. Chc