Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes

El titular de un proyecto de inversión sujeto al SEIA, antes de iniciar la ejecución de obras, debe obtener una Certificación Ambiental de la Autoridad Competente conforme lo establece el presente Reglamento, la Ley del SEIA, Ley Nº 27446, sus normas reglamentarias, modificatorias y conexas.

Los proyectos de inversión que cuenten con Certificación Ambiental y que sean objeto de modificaciones y/o ampliaciones que pudieran generar nuevos y/o mayores impactos ambientales negativos, deberán someterse previamente a un procedimiento de modificación del Estudio Ambiental, conforme lo regula el presente Reglamento.

La modificación, diversificación, reubicación y/o ampliación de un proyecto de inversión que cuente con Certificación Ambiental, que pudiera generar nuevos y/o mayores impactos ambientales correspondientes a una categoría superior a la inicialmente asignada según el SEIA, configura la obligación del titular del proyecto a presentar un nuevo Estudio Ambiental que integre la información del estudio anterior y la información sobre la modificación, ampliación y/o los nuevos y/o mayores impactos ambientales; sin perjuicio del cumplimiento de los Términos de Referencia Comunes para los componentes y actividades que constituyen la modificación y asignan una nueva categoría al proyecto.

El acto administrativo que aprueba el Estudio Ambiental y sus modificatorias, constituye la Certificación Ambiental del proyecto y de las actividades planteadas en dicho instrumento.

Los Estudios Ambientales aplicables a los proyectos de inversión comprendidos en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de Proyectos Sujetos al SEIA, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM, según su categoría, son los siguientes:

1. Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

2. Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd)

3. Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)

Para el inicio de ejecución de las obras comprendidas en la certificación ambiental, el titular del proyecto deberá contar, además de la certificación ambiental, con las licencias, permisos y demás autorizaciones administrativas que corresponda, según las características del proyecto.

Asimismo, debe acreditar el derecho que le permite intervenir el área superficial, cumpliendo las formalidades que prevé el marco normativo vigente.

Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras o actividades que comprende la certificación ambiental, el titular del proyecto deberá comunicar el hecho a la Autoridad Competente así como a la Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA respectiva para las acciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental.

La Certificación Ambiental pierde vigencia si, dentro del plazo máximo de tres (03) años posteriores a su emisión, el titular del proyecto no inicia las obras para su ejecución. Este plazo podrá ser ampliado por la Autoridad Ambiental Competente por única vez y a pedido del titular, sustentado mediante informe, de acuerdo al formato establecido por la DGASA, hasta por dos (02) años adicionales. En caso de pérdida de la vigencia de la certificación ambiental, para el otorgamiento de una nueva, el titular deberá presentar el Estudio Ambiental incluyendo las modificaciones correspondientes.

La actualización de los estudios ambientales aprobados debe ser realizada precisando sus contenidos y nuevas obligaciones, así como las eventuales modificaciones de los planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental se realiza de manera obligatoria, en aquellos componentes que lo requieran; para ello el titular verifica la eficacia de las medidas de control ambiental aplicadas; así como identifica, otros impactos o riesgos que no fueron posibles de ser identificados durante la revisión y aprobación del estudio ambiental por su naturaleza predictiva, permitiendo precisar las medidas de manejo o control ambiental incluyendo los compromisos ambientales y responsabilidades del titular .

Para la actualización de los estudios ambientales por parte de los titulares se deben considerar los siguientes supuestos:

1. Cuando haya transcurrido cinco (05) años de iniciada la ejecución del proyecto o luego de cinco (05) años de la última actualización del estudio ambiental aprobado. El titular está en la facultad de presentar la actualización antes del mencionado término, a fin de asegurar el manejo eficiente de los impactos ambientales reales.

2. Si el titular considera que no requiere realizar la actualización del estudio ambiental presenta una comunicación a la autoridad competente, con carácter de declaración jurada, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles previos a la culminación del periodo de cinco (05) años, lo que está sujeto a fiscalización posterior.

3. Por disposición de la entidad de fiscalización ambiental correspondiente, en concordancia con el artículo 78 del Reglamento de la Ley del SEIA.

4. Por mandato expreso de la normativa vigente y la implementación de ésta implique cambios en las obligaciones y responsabilidades ambientales del titular, asumidas en el estudio ambiental aprobado

   La actualización comprende el análisis de los impactos ambientales reales generados como resultado de la operación del proyecto en los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora y en otros aspectos ambientales y sociales, en comparación a los impactos ambientales potenciales contenidos en el estudio ambiental aprobado, sobre la base de los reportes de monitoreo, informes de supervisión entre otros, a fin de proponer mejoras en la respectiva estrategia de manejo ambiental.

   El titular debe presentar la actualización del estudio ambiental sobre la base de los contenidos con la cual la Autoridad Competente aprobó el estudio ambiental, sin perjuicio de información adicional, y de acuerdo a los lineamientos que apruebe el MINAM.

   La actualización del estudio ambiental se presenta ante la autoridad competente bajo la misma estructura de contenido establecida en los Términos de Referencia con el que fuera aprobado, precisando como mínimo los siguientes aspectos:

1. La integración de las modificaciones del estudio ambiental aprobado, incluyendo los ITS y demás instrumentos complementarios, resaltando lo que corresponda a la Estrategia de Manejo Ambiental.

2. La implementación de medidas resultantes del proceso de fiscalización ambiental, en concordancia con los artículos 29 y 78 del Reglamento de la Ley del SEIA.

3. Las nuevas obligaciones generadas por normas que no estuvieron vigentes al momento de la aprobación del estudio ambiental.

4. Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales actualizados

   Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, la actualización del estudio ambiental se desarrollará de conformidad con la normativa y documentos orientadores que el MINAM apruebe para tal fin.

Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o a las actividades en curso del Sector Transportes, que cuenten con Certificación Ambiental, y/o mejoras tecnológicas en los procesos de operación que pudieran generar impactos ambientales negativos no significativos ; no requerirán de un procedimiento de modificación del Estudio Ambiental. En estos casos, el titular del proyecto deberá presentar antes de la ejecución de las modificaciones o ampliaciones, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS y obtener la conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, la cual deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

En dichos supuestos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras de modificación y/o ampliación, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS ante la Autoridad Competente la misma que deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las opiniones técnicas vinculantes requeridas.

La Autoridad Competente está facultada para aprobar los criterios técnicos para la procedencia y evaluación del ITS, previa opinión favorable del MINAM, con el objetivo de orientar a los administrados y generar predictibilidad sobre sus decisiones.

En el marco de la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, pueden tramitar una Certificación Ambiental Fraccionada de los proyectos de inversión con las siguientes características:

1. Que sean de naturaleza vial, aprobados o viabilizados, según corresponda, por tramos; o, que durante el proceso de consistencia entre el Estudio de Preinversión o Ficha Técnica Estándar y el Expediente Técnico, se ejecute por tramos.

2. Infraestructura ferroviaria y/o sistemas de transporte masivo que se desarrollen en zonas urbanas o inter urbanas, por tramos.

   En el caso de los proyectos de inversión referidos en el párrafo precedente, se considera lo siguiente:

1. La categoría de los proyectos que se ejecuten por tramos corresponde a la clasificación del proyecto en su integridad, otorgada mediante la valoración de la Evaluación Preliminar, o, la Clasificación Anticipada.

2. Los titulares tramitan la Certificación Ambiental Fraccionada por cada uno de los tramos.

3. A partir de la segunda Certificación Ambiental Fraccionada y de manera consecutiva, la Estrategia de Manejo Ambiental debe integrar las medidas de manejo ambiental de la etapa de operación señaladas en los instrumentos de gestión ambiental de cada tramo aprobado, según corresponda, a fin de establecer medidas integrales para el proyecto en dicha etapa.

4. La última Certificación Ambiental Fraccionada integra las anteriores, ésta es la que rige para todo el proyecto y se sujeta al proceso de actualización del estudio ambiental y demás obligaciones establecidas en el presente Reglamento y el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

En caso que respecto del mismo proyecto de inversión se cuente con dos o más estudios ambientales vigentes de cualquiera de las categorías de estudio ambiental en el marco del SEIA, PAMA u otro similar o complementario, correspondiendo en la práctica una única gestión ambiental a cargo de un único titular, se deberá integrar tales estudios ambientales en un único instrumento de gestión ambiental, bajo la denominación de la categoría correspondiente al nivel de significancia resultante de la integración.

Dicha integración tiene como finalidad optimizar la gestión ambiental del titular y facilitar las actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

La autoridad sectorial nacional aprueba los términos de referencia para la integración de los instrumentos de gestión ambiental los cuales deben contar con la opinión previa favorable del MINAM.

La solicitud de integración de los instrumentos de gestión ambiental deberá ser presentada a la autoridad competente, de acuerdo a los referidos Términos de Referencia.

La integración está sujeta a evaluación por parte de la Autoridad Competente en un plazo máximo de sesenta (60) días luego de su presentación, pudiendo dentro de este plazo solicitar opiniones o información complementaria.

El plazo máximo para que los titulares puedan solicitarla integración de los instrumentos de gestión ambiental será hasta de un (01) año contado desde la aprobación de los citados Términos de Referencia.

La información con la que se diseña la línea base ambiental y social de los estudios ambientales, no debe superar los cinco (05) años de antigüedad desde que fue registrada en campo; información registrada por más de cinco (05) años puede ser utilizada como data histórica precisando su respectiva referencia.

Las modificaciones, mejoramientos o ampliaciones de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, y que se hayan previsto en la misma área donde se aprobó el proyecto original, no requerirán de nueva información para el diseño de su línea base, siempre que no hayan transcurrido más de cinco (05) años desde la aprobación del estudio ambiental que contiene la línea base que se pretende utilizar o salvo la autoridad lo determine.

Si la modificación, mejoramiento o ampliación de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, se desarrollara luego de cinco (05) años aprobado el Estudio Ambiental, se requerirá que dicha información sea actualizada con la información que proporcionen los monitoreos implementados por el titular del proyecto conforme a su estudio ambiental o con información de estudios complementarios, sin perjuicio que la autoridad requiera monitoreos complementarios o que el titular los proporcione voluntariamente.

La Autoridad Ambiental Competente no evaluará los estudios ambientales presentados con posterioridad al inicio de las obras o actividades comprendidas en la certificación ambiental solicitada o en su modificación. De presentarse estos casos, se declarará la improcedencia de la solicitud de Certificación Ambiental, remitiéndose dicha información a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental para que implemente las medidas que el caso corresponda.

...

Las resoluciones que otorguen las autoridades competentes y el respectivo expediente serán remitidas en copia digital al SENACE de acuerdo a las disposiciones que regulan la competencia de esta entidad como administrador del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales en el marco del SEIA.

Las resoluciones antes mencionadas, acompañadas del expediente administrativo, serán puestas a disposición a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental, en formato físico y/o digital, para su respectiva supervisión y fiscalización.

Luego de aprobados los Instrumentos de Gestión Ambiental, deberá remitirse una copia en formato físico y/o digital de la resolución y el respectivo expediente administrativo a las autoridades que hubiesen emitido opinión técnica en el proceso; además los planes de manejo correspondiente serán publicados en el portal institucional para que esté a disposición de los interesados.

Los estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) deberán ser elaborados por entidades que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Empresas Consultoras del sector o en el Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios Ambientales, según corresponda, de acuerdo al cronograma de transferencia de funciones al SENACE.

Las entidades mantienen su vigencia conforme al plazo concedido en el marco normativo vigente al aprobarse su inscripción en el registro.

Las Resoluciones que emita la Autoridad Ambiental Competente son susceptibles de impugnación en la vía administrativa de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a través de los recursos de reconsideración y apelación, conforme a los requisitos, plazos y otras consideraciones reguladas por dicha ley.

La línea base del estudio ambiental constituye el estudio de caracterización inicial de las condiciones previas al desarrollo del proyecto y comprende: la identificación, inventario, evaluación y diagnóstico de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del paisaje, la identificación de fuentes de contaminación o actividades, y de ser el caso, la salud de las personas, así como aspectos sociales, económicos, culturales y antropológicos de la población y otros relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto en sus áreas de influencia.

La información de Línea Base debe tener un carácter eminentemente cuantitativo y sustentarse preferentemente en fuentes de información primarias, que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales, considerando la época seca y húmeda, aun cuando para la evaluación integral del punto de referencia, pueden utilizarse de manera complementaria fuentes secundarias y cualitativas.

Para efectos de lo señalado en el punto precedente, los estudios de línea base del estudio ambiental, deben considerar la recopilación de información durante un tiempo determinado, que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales, según las características del área de estudio.

Las características de la información de línea de base a ser precisadas en los Términos de Referencia, tales como alcance, fuentes, periodos de registro y otros, deben ser proporcionales a la magnitud del proyecto y de sus potenciales impactos socio ambientales.

Se debe considerar lo establecido en la Ley del SEIA y su Reglamento y demás normas vigentes sobre la materia así como los instrumentos y guías orientadoras aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y otras autoridades nacionales, en lo que resulte aplicable.

Los estudios ambientales deberán ser elaborados sobre la base del proyecto de inversión respecto de cuyo diseño se describa, cuando menos, el siguiente contenido, a fin que puedan determinarse con claridad los potenciales impactos ambientales sobre el ambiente:

1. La determinación de una poligonal de localización, con coordenadas UTM WGS84, que considere los componentes principales y auxiliares del proyecto, lo cual debe estar sustentado en el análisis de alternativas (en caso de proyectos a nivel de formulación y evaluación), selección de sitio u otros, que consideren bajo los criterios económicos, técnicos, ambientales y sociales, que corresponda.

2. Evaluación de la alternativa más viable del proyecto, desde el punto de vista ambiental, social y económico, incluyendo el análisis de alternativas del proyecto y la evaluación de posibles riesgos que puedan afectar la viabilidad del proyecto o sus actividades. Esto para el caso de proyectos a nivel de formulación y evaluación.

3. La cantidad, fuentes, sistema de captación, transferencia y almacenamiento del recurso hídrico necesario para el proyecto.

4. El balance de agua y balance de masa (flujo de insumos y productos) para el proyecto.

5. Determinación de la cantidad y calidad de los efluentes y emisiones, de acuerdo con la tecnología y/o tipos de procesos a ser empleados.

6. La fuerza laboral estimada por el proyecto en sus diferentes fases.

7. Cantidad estimada y tipo (incluyendo caracterización referencial física y química) de los residuos que se generarán y cómo se dispondrán éstos.

8. Descripción técnica de las características de todos los componentes principales y auxiliares (tales como accesos, suministro y distribución de energía, campamentos, almacenes, talleres de mantenimiento, laboratorios, canteras, polvorín, tanques de almacenamiento de combustible, y otros, según sea el caso) y sus coordenadas UTM WGS84

9. Mapas y planos a escala adecuada y en coordenadas UTM WGS84, con todos los detalles, que permitan visualizar la cartografía y distribución de todos los componentes del proyecto, con las correspondientes especificaciones técnicas conforme a los Términos de Referencia comunes.

10. En caso el administrado no hubiera considerado los aspectos señalados en el numeral anterior, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá el procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de acto administrativo firme, señalando un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para que el administrado subsane y/o complete la descripción del proyecto. Una vez cumplido el plazo, en caso de no ocurrir la subsanación, la autoridad competente declarara el abandono del expediente y su archivamiento.

En los estudios ambientales, la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto deberán incluir:

1. La identificación y caracterización de los impactos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, así como sobre el entorno socio económico, en su área de influencia, considerando sus respectivas interrelaciones en las etapas de construcción, operación y cierre. En el caso de una Área Natural Protegida (ANP) de administración nacional o zona de amortiguamiento o Área de Conservación Regional, la identificación y caracterización antes referida, debe tomar en cuenta la categoría, objetivos de establecimiento y el plan maestro respectivo.

2. En la evaluación de los posibles impactos, se utilizarán metodologías reconocidas o generalmente aceptadas por organismos nacionales e internacionales, las cuales deben ser preferentemente cuantitativas y adecuadas a las características de cada proyecto del Sector Transportes. La metodología empleada debe permitir a la autoridad y a los interesados, tener un entendimiento claro de la incidencia del proyecto sobre su entorno, considerando los aspectos físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos que involucra, así como los impactos acumulativos, sinérgicos y otros, que pudieran generarse por la concurrencia con otras fuentes, cuando corresponda y sea determinado en los Términos de Referencia específicos.

3. Para la evaluación de los posibles impactos con la metodología empleada, se deberá considerar entre otros aspectos: el análisis de correlación entre la información obtenida en la línea base y la descripción del proyecto, incluyendo sus componentes, para la identificación y caracterización de los impactos ambientales.

4. Se debe considerar lo criterios y principios establecidos en la Ley del SEIA y su reglamento y demás normas vigentes sobre la materia así como los instrumentos y guías orientadoras aprobadas por el MINAM.

El estudio ambiental debe comprender una estrategia de manejo ambiental que permita organizar las acciones para ejecutar de manera oportuna y adecuada, las medidas previstas en los planes que lo conforman.

Conforman la Estrategia de Manejo Ambiental, entre otros planes y según lo precisen los Términos de Referencia: el Plan de Manejo Ambiental; el Plan de Vigilancia Ambiental que contiene el Monitoreo Ambiental; el Plan de Contingencia Ambiental; el Plan de Compensación Ambiental, cuando corresponda; el Plan de Cierre; el Plan de Relaciones Comunitarias, y otros según lo precise los respectivos TdR.

Los planes que forman parte de la Estrategia de Manejo Ambiental deben ser desarrollados en función de los impactos identificados y evaluados, así como de los riesgos previsibles a partir de los estudios realizados. Deben contener medidas técnicas, programas, obligaciones y compromisos claramente detallados, y suficientemente caracterizados para facilitar su posterior fiscalización, lo cual incluye una propuesta de metas y de indicadores de seguimiento y un cronograma de actividades.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debe incluir medidas técnicas de cumplimiento obligatorio por el titular del proyecto, para asegurar la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto, considerando según corresponda, aspectos como el manejo de los recursos hídricos; manejo de suelos y control de erosión; manejo y protección de flora y fauna silvestre; manejo, control y tratamiento de emisiones y efluentes; manejo de residuos sólidos de tipo industrial, desechos de la construcción, desmontes; y manejo de residuos del ámbito no municipal: peligrosos y no peligrosos, incluyendo la descripción o diseño de las instalaciones que se habiliten para este fin.

Además, debe prever medidas de manejo de sustancias químicas, material particulado y otros materiales peligrosos; el control de ruidos y vibraciones; el control de radiaciones no ionizantes; medidas para la rehabilitación de hábitats; y otros relevantes en función de cada proyecto.

El Plan de Vigilancia Ambiental, que contiene el Programa de Monitoreo Ambiental, comprenderá actividades que permitan efectuar un seguimiento representativo y oportuno del desempeño ambiental, y generar información que permita evaluar las condiciones del ambiente que esté influenciado por las actividades y componentes del proyecto.

Las actividades de monitoreo que proponga el titular del proyecto y/o que establezca la Autoridad Ambiental Competente, deben ser oportunas y racionales, aparejadas con los objetivos de protección ambiental establecidos en la legislación y en el estudio ambiental. Estos monitoreos también pueden comprender el monitoreo biológico, el monitoreo de suelos, el monitoreo de aire y ruido, el monitoreo de calidad de aguas superficiales y subterráneas, etc.

El Plan de Contingencia debe incluir las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo el ambiente, la salud, los equipos e infraestructura, así como bienes de terceros o de carácter público. Asimismo, deberá incluir un análisis de riesgo con indicadores de alerta elaborado con una metodología reconocida que permita activar la implementación de medidas de respuesta para minimizar los daños, así como incluir los mecanismos de corrección.

Los estudios ambientales incorporan medidas de cierre para las áreas auxiliares de cada componente del proyecto. En este contenido se identificarán y describirán las medidas estimadas para realizar el cierre de canteras, depósitos de materiales, campamentos, plantas industriales (chancadoras, concreto, asfalto), entre otros, así como los objetivos ambientales a ser cumplidos en al término de las operaciones, tanto constructivas como operativas.

La Autoridad Ambiental Competente puede, de manera excepcional modificar en la fase de recepción de obra, requerir, sin perjuicio de la sanción correspondiente, la presentación de un Plan de Cierre de las actividades y componentes del proyecto de competencia del Sector Transportes, como un instrumento de gestión ambiental complementario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 77 del presente Reglamento.

Cuando se identifique impactos ambientales negativos significativos previstos por la ejecución u operación del proyecto sobre áreas de importancia ecológica, tales como bofedales, lagunas, ríos, manantiales, humedales, bosques primarios, ecosistemas frágiles o áreas de alta biodiversidad, siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y/o restauración eficaces establecidas por la autoridad, se deberá incluir dentro del estudio ambiental, un Plan de Compensación Ambiental.

El Plan de Compensación Ambiental se ejecutará durante toda la vida del proyecto y se extenderá hasta el cierre del mismo o hasta que se verifique por la autoridad competente que se ha cumplido con sus objetivos.

La Autoridad Sectorial Nacional elaborará y aprobará Guías de Compensación Ambiental para Proyectos del Sector Transportes, concordados con los lineamientos aprobados por el MINAM, con la finalidad de orientar y afianzar criterios de compensación ambiental, teniendo en cuenta la experiencia del propio Sector y de otros sectores al respecto. Para la aprobación de dicha Guía se deber contar con la opinión previa favorable del MINAM.

La Autoridad Ambiental sectorial Competente, proveerá de instrumentos técnico normativos como pautas, protocolos, guías u otros para proyectos del Sector Transportes, con la finalidad de orientar y afianzar criterios socio ambiental, teniendo en cuenta la experiencia del propio Sector y de otros sectores.

38.1 La Autoridad Ambiental Competente puede establecer los mecanismos para la clasificación anticipada y definición de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental para proyectos con características comunes en el sector que le corresponda, en cuyo caso no será aplicable la etapa de clasificación en el proceso para la obtención de la certificación ambiental, procediendo los titulares a presentar directamente el estudio ambiental elaborado, para su revisión y aprobación.

38.2 El Anexo Nº 1 del presente Reglamento contiene la relación de los proyectos, actividades y servicios del Sector Transportes con clasificación anticipada y determina el Estudio Ambiental que corresponde aplicar a cada uno de ellos.

38.3 La clasificación anticipada puede ser modificada y/o ampliada por la Autoridad Ambiental Competente, con opinión previa favorable del MINAM.

38.4 La Autoridad Ambiental Competente mediante Resolución Ministerial y, previa opinión favorable del MINAM, aprueba los Términos de Referencia para proyectos del Sector Transportes que cuenten con clasificación anticipada.

38.5 El titular de un proyecto de inversión que cuente con clasificación anticipada, debe elaborar el Estudio Ambiental correspondiente de acuerdo a los Términos de Referencia aprobados para cada categoría de proyectos y presentarlo a la Autoridad Competente para su revisión, no estando sujeto al procedimiento de clasificación ambiental regulado en el artículo 43 del Reglamento de la Ley del SEIA. Para la evaluación de los estudios ambientales (DIA, EIA-sd, EIA-d) en el marco de clasificación anticipada de proyectos se aplica el procedimiento establecido en el presente Reglamento, según sea el caso.

38.6 La Autoridad Competente puede clasificar en una categoría distinta los proyectos contenidos en el Anexo 1, cuando considere que en atención a las características particulares del proyecto, la sensibilidad del ambiente donde se desarrolla, y la significancia de los impactos ambientales previsibles no correspondan a las categorías de la clasificación anticipada. Asimismo, bajo las mismas consideraciones, el titular puede solicitar la clasificación de su proyecto ante el SENACE" .

El titular de un proyecto de inversión del ámbito nacional, de conformidad con el Listado de Proyectos de Inversión Sujetos al SEIA que no disponga de clasificación anticipada, deberán tramitar ante el SENACE el procedimiento de clasificación, mediante Evaluación Preliminar (EVAP) en el marco de la Ley del SEIA y sus normas reglamentarias, modificatorias y conexas, a efectos de definir la categoría y los términos de referencia según corresponda.

Los Gobiernos Regionales y Locales conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales de proyectos de inversión sujetos al SEIA, los cuales hayan sido transferidos por la Autoridad Sectorial Nacional y/o haya sido otorgada por Ley.

Los proyectos clasificados como Categoría I (DIA), a través de una Evaluación Preliminar (EVAP) se constituirán en la Declaración de Impacto Ambiental.

En el caso que la EVAP requiera información complementaria la autoridad competente requerirá por única vez la presentación de dicha información adicional antes de emitir la resolución que otorga la certificación ambiental del proyecto.

De no estar subsanadas de manera correcta las observaciones se emitirá una resolución desaprobatoria de la solicitud, según el artículo 45 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

De considerar que al proyecto le corresponde la Categoría II o III, además de la Evaluación Preliminar, el titular deberá presentar una propuesta de términos de referencia específicos; la autoridad competente asignará la categoría correspondiente y aprobará los términos de referencia a través de la resolución respectiva.

La solicitud de clasificación debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Un (1) original impreso y dos (2) copias en formato electrónico, ambos debidamente suscritos, de la Evaluación Preliminar, la cual debe contener como mínimo lo establecido en el Anexo VI del Reglamento de la Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la información adicional que la Autoridad Ambiental Competente considere pertinente.

2. De considerar que al proyecto le corresponde la Categoría II o III, un (1) original impreso y dos (2) copias en formato electrónico, ambos debidamente suscritos, de la propuesta de Términos de Referencia.

3. Recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por la Autoridad Ambiental Competente.

En el caso de Proyectos de Inversión Pública (PIP) que no dispongan de clasificación anticipada, las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero, de los tres niveles de gobierno, deberán tramitar el procedimiento de clasificación con la Evaluación Preliminar (EVAP).

La Evaluación Preliminar debe incluir el desarrollo de un Plan de Participación Ciudadana; para proyectos de Categoría I deberá efectuarse, por lo menos, un taller informativo.

Admitida a trámite la solicitud de clasificación, la autoridad competente resolverá en un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles. Este plazo comprende veinte (20) días hábiles para la evaluación y formulación de observaciones y diez (10) días hábiles para la emisión de la resolución correspondiente, luego que el administrado haya subsanado las observaciones planteadas. El plazo para el levantamiento de observaciones es de diez (10) días hábiles el mismo que podrá ser ampliado hasta en diez (10) días hábiles adicionales. En este caso, el titular del proyecto deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de la ampliación. Una vez cumplido el plazo, en caso de no ocurrir la subsanación, la autoridad competente declarará el abandono del expediente y su archivamiento.

De requerirse opinión técnica de terceras entidades, ésta opinión deberá solicitarse dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al inicio del procedimiento administrativo. Las autoridades opinantes deberán emitir su opinión en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles.

Para los proyectos de inversión que se pretendan desarrollar en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional, o tengan implicancias sobre los recursos hídricos, la Autoridad Ambiental Competente deberá solicitar la opinión técnica sobre los Términos de Referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), según corresponda.

Si el SERNANP o la ANA emitieran observaciones, éstas serán trasladadas al titular en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles desde su recepción, para que éste las absuelva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Transcurrido el plazo, sin haberse subsanado las observaciones, se emitirá la resolución desaprobando la propuesta de Términos de Referencia específicos y se archivará el expediente. Si se presenta la subsanación de observaciones de manera completa, esta será trasladada a las entidades referidas, para su opinión definitiva en un plazo de cinco (5) días hábiles. En estos casos la autoridad ambiental competente, aprobará la solicitud de clasificación del proyecto en el marco del SEIA, los Términos de Referencia específicos, según corresponda, con la opinión técnica favorable requeridas y el plan de participación ciudadana.

Si durante el periodo de evaluación, la Autoridad Ambiental Competente, determina que la solicitud presentada no corresponde a la categoría propuesta, deberá reclasificarlo de oficio, requiriendo al titular del proyecto la presentación de los Términos de Referencia correspondientes, para lo cual la Autoridad Competente tendrá 10 días hábiles adicionales.

La decisión de la Autoridad Ambiental Competente se sustenta en un informe técnico legal aprobando o desaprobando la solicitud de clasificación.

Si se aprueba la clasificación del proyecto como Categoría I, se aprobará asimismo la Declaración de Impacto Ambiental, constituyendo la resolución de aprobación la Certificación Ambiental del proyecto.

Si se aprueba la clasificación del proyecto como Categorías II o III, se aprobarán también los Términos de Referencia para la elaboración del EIA-d o EIA-sd, precisándose en éstos a las entidades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental.

En caso el proyecto de inversión varíe en su diseño, magnitud, alcance u otro factor antes del inicio de la elaboración del estudio ambiental, el titular del mismo deberá solicitar a la autoridad competente la modificación o aprobación de nuevos Términos de Referencia.

Todas las actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes deben cumplir con los LMP aprobados que le sean aplicables de manera específica y los ECA según corresponda.

Respecto a las medidas para el manejo de ruido ambiental y vibraciones deberán ser cumplidas de acuerdo a lo indicado en los instrumentos de gestión ambiental aprobado y al marco normativo correspondiente.

Para el caso que no se haya contemplado en la normatividad vigente algún parámetro en particular, podrá adoptarse parámetros internacionales debidamente justificados por el titular de la actividad, en el estudio ambiental sometido a evaluación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.3 de la Ley General del Ambiente.

Los efluentes provenientes exclusivamente de sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, se sujetarán a los parámetros establecidos mediante Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM y sus normas modificatorias.

En el instrumento de gestión ambiental el titular deberá demostrar el efecto de la disposición de las emisiones atmosféricas, de efluentes líquidos o demás aspectos ambientales sobre los Estándares de Calidad Ambiental, lo cual, de ser el caso, podría determinar la exigencia de parámetros de emisión o vertimiento más estrictos.

En el caso que se proponga descargas al sistema de alcantarillado, se deberá cumplir con los Valores Máximos Admisibles regulados por el Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, su reglamentación o modificatorias.

La aprobación y/o actualización de LMP o ECA que genere implicancias en las actividades del sector transporte establecerán los mecanismos para la adecuación de su estudio ambiental.

Sin perjuicio de las medidas de manejo ambiental que se determinen en el instrumento de gestión ambiental respectivo, a fin de asegurar la protección de la calidad del aire en el desarrollo de actividades, proyectos y servicios del Sector Transporte, deben considerarse las siguientes medidas:

1. Se deberá verificar que el equipo móvil y la maquinaria pesada empleada, se encuentren en buen estado mecánico y de carburación.

2. Deberán implementarse medidas que eviten el levantamiento y dispersión del material particulado como cercos vivos, sistemas de supresión de polvo, riego de superficies y control de velocidad; así también medidas para controlar la generación de ruido y emisiones susceptibles de producir impactos sobre los componentes ambientales y sociales.

3. Las plantas de asfalto deberán contar con el equipamiento técnico necesario para evitar la emanación de gases y material particulado en proporciones que puedan afectar los estándares de calidad ambiental; asimismo, debe considerarse la instalación de chimeneas en alturas que permitan la difusión de gases y polvo.

4. En las plantas de chancado, deberá identificarse las potenciales fuentes de emisión de material particulado, debiendo adoptarse medidas de manejo y control, como el humedecimiento previo del material a procesar.

5. En la ejecución de obras en zonas urbanas deberá considerarse la instalación de cerco en el perímetro de la obra con una altura que evite la dispersión de material particulado, así como el manejo adecuado de los materiales de modo tal que se evite la generación de polvo.

6. En caso corresponda, debe preverse un programa de humedecimiento del suelo y vías de acceso a fin de controlar la dispersión de polvo en el tránsito de vehículos y equipos.

Sin perjuicio de las medidas de manejo ambiental que se determinen en el instrumento de gestión ambiental respectivo, para la protección de la calidad de suelo deberá considerarse lo establecido en el marco normativo relacionado al ECA suelo.

En el almacenamiento de hidrocarburos necesario para el desarrollo de las actividades, proyectos y servicios del Sector Transporte, se deberá cumplir con las medidas establecidas en los reglamentos ambientales y de seguridad del Sector Hidrocarburos, en lo que sea aplicable, según las características del proyecto.

Sin perjuicio de lo señalado, se adoptarán las siguientes previsiones a fin de prevenir la contaminación con hidrocarburos:

1. El área destinada al almacenamiento de hidrocarburos deberá estar a una distancia de seguridad adecuada para los centros poblados aledaños y fuera de áreas ambientalmente sensibles, tales como bofedales, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua, etc.

2. El área a ser utilizada para el almacenamiento de hidrocarburos debe ser debidamente impermeabilizada, asegurando una capacidad de contención no menor al 110% en relación con el recipiente de mayor volumen a ser almacenado en ella, además de otras previsiones que resulten necesarias para eliminar el riesgo de derrames de hidrocarburos e infiltraciones al suelo.

3. En las áreas que han sido utilizadas para almacenamiento de hidrocarburos, debe establecerse, como parte de las medidas de rehabilitación y cierre, la identificación y caracterización de sitios contaminados y en función de los resultados obtenidos, la ejecución de medidas de remediación establecidas en la estrategia ambiental.

4. Las áreas destinadas al lavado de vehículos, cambios de aceite o tallares de mantenimiento y reparación de maquinaria, deberán contar con infraestructura de contención y derivación de aguas, tales como canaletas perimetrales, trampas de grasas y otras, que permitan separar las aguas de no contacto de las de contacto. Respecto de estas últimas, deberá proponerse las medidas de limpieza o manejo ambiental correspondientes.

A fin de asegurar la protección del recurso hídrico en la construcción de infraestructura de transporte, se considerarán las siguientes medidas:

1. El Titular deberá establecer las medidas de mitigación para el control de escorrentía de lluvia, sedimentos y erosión dentro del instrumento de gestión ambiental aprobado por la Autoridad Competente.

2. Dentro de las medias del literal anterior incluir la protección del sistema de drenaje, control de los niveles de agua, control de la torrencialidad, recuperación de cárcavas y erosión diferencial.

3. Implementar medidas para la estabilidad física de taludes y suelos como la conformación de banquetas y terrazas, construcción de muros, diques, empedrados, trinchos, gaviones entro otros.

4. Implementar medidas biológicas que incluyen la revegetación, de preferencia con plantas nativas y previa conformación del terreno.

5. Tener en consideración los títulos habilitantes requeridos por la Autoridad Nacional del Agua sobre el agua y/o sus bienes asociados, de manera previa al inicio de obras.

Deben minimizarse la afectación a las áreas con cobertura forestal. Las actividades de desbosque que impliquen afectación directa de flora, fauna y ecosistemas, se realizarán buscando minimizar los impactos a niveles tolerables, aplicando la jerarquía de mitigación, y de conformidad con las obligaciones establecidas en la autorización de desbosque otorgada por la autoridad competente en materia forestal.

Especial interés tendrá la protección de zonas de anidamiento, colpas, árboles semilleros y hábitats de especies amenazadas, por lo que en la etapa de diseño de proyecto deberán identificarse estas áreas sensibles y procurar su no afectación.

Todo proyecto de carreteras o vías de comunicación terrestres que se proyecten en el ámbito de la cuenca amazónica, implicando el retiro de cobertura forestal, debe contar con certificación ambiental en la categoría que le corresponda, independientemente de su jerarquización vial.

Está prohibido llevar a cabo actividades de caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, mantenimiento de animales en cautiverio, así como la introducción de especies exóticas, salvo aquellas especies utilizadas para bio remediación. De manera excepcional es aceptable la tenencia de especies domesticadas para la realización de funciones específicas, siempre que se presente la debida justificación en el instrumento de gestión ambiental respectivo y sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Nº 30407, Ley de protección y bienestar animal.

El titular está obligado a efectuar el monitoreo de los efluentes y emisiones de sus operaciones en la frecuencia y ubicación establecida en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, así como ejecutar los demás monitoreos a los componentes del ambiente conforme a los compromisos asumidos en éste.

Los resultados de los monitoreos de efluentes y emisiones, así como los reportes de los análisis y ensayos, deben ser presentados a la Entidad de Fiscalización Ambiental a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de vencimiento de cada periodo de monitoreo, el cual es señalado en el Informe Técnico que sustenta el otorgamiento de la Certificación Ambiental.

En el desarrollo de las actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes, deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas a fin de alcanzar una adecuada gestión social:

1. Prevenir la ocurrencia de conflictos, actuando con transparencia respecto del desempeño ambiental de las actividades, brindando información oportuna y propiciando un trato horizontal con los pobladores del área de influencia del proyecto.

2. Evitar o minimizar los impactos negativos sobre las tierras con capacidad de uso mayor agrícola y forestal.

3. No ocupar áreas de propiedad privada o comunal sin haber cerrado acuerdos para las partes, o haber obtenido las servidumbres legales aplicables.

4. Minimizar los efectos sobre los recursos naturales, bienes patrimoniales y culturales de las comunidades nativas y campesinas.

5. Evitar los impactos negativos sobre el patrimonio histórico y/o arqueológico. En el caso que durante el desarrollo del proyecto se detecte la existencia de restos arqueológicos, el titular deberá detener inmediatamente las actividades en el lugar del hallazgo, comunicar el hecho al Ministerio de Cultura y gestionar los permisos y autorizaciones que pudiesen corresponder.

6. Capacitar al personal, propio y subcontratado, sobre las medidas de relacionamiento comunitario establecidas en su instrumento de gestión ambiental.

Para la selección y aprobación de un lugar de préstamo, además de los requerimientos técnicos, deberá verificarse que el lugar no corresponda a un sector de alto valor paisajístico, cultural, arqueológico o si pertenece a alguna área protegida o zona considerada de alto riesgo ambiental; de lo contrario, se deberá evaluar la posibilidad de cambiar el yacimiento o diseñar medidas ambientales efectivas y eficientes.

Previo a la extracción de material de las canteras, el titular debe considerar lo siguiente:

1. Contar con los permisos de los propietarios o realizar el trámite de servidumbre o expropiación correspondiente.

2. En el estudio ambiental, se debe señalar la ubicación, el área y límites de los depósitos a extraer, así como la naturaleza del material y las cantidades específicas a extraer (volúmenes); así como las medidas de recuperación o restauración del área afectada.

3. Se debe evitar la extracción de lechos húmedos de ríos y arroyos.

4. Preferentemente, no ubicar las áreas de explotación a menos de 1.000 metros de zonas pobladas. Las áreas de extracción de material de préstamo no podrán ser localizadas en áreas protegidas, o sensibles.

5. Otras medidas previstas en las guía y/o manuales aprobadas por la autoridad competente.

El desbroce de la vegetación se realizará antes de iniciar la excavación, debiendo retirarse el suelo orgánico para su acopio, conservación y posterior utilización.

El almacenamiento de suelo orgánico deberá realizarse en las condiciones aprobadas en el instrumento de gestión ambiental, contemplándose por lo menos su protección a fin de evitar degradación o pérdida por erosión u otros factores ambientales.

Sin perjuicio de las medidas establecidas en las normas, manuales y guías técnicas aprobadas por el MTC que resulten aplicables, el titular deberá considerar las siguientes previsiones:

1. Evitar la desestabilización de los terrenos, considerando que el área a explotar no tenga una pendiente mayor a 25 %.

2. La profundidad de la explotación debe evitar, en todos los casos, la afectación de la napa freática.

3. No se explotará en superficies con material susceptible de deslizarse. En las canteras rocosas, se deben seguir todas las normas de seguridad sobre explosivos y sólo se extraerá el material estrictamente necesario.

4. No dejar abandonadas rocas que eventualmente puedan deslizarse y precipitarse.

5. Las canteras deben cumplir las características específicas previstas en los manuales y/o guías aprobadas por la autoridad competente

Para la ubicación de los depósitos de material excedente (DME) se debe considerar la morfología del terreno, debiendo priorizarse el uso de depresiones o áreas desiguales, suelos pobres con poca o escasa cobertura vegetal, de ser posible sin uso aparente, no aptos para actividades agrícolas o de pastoreo, evitando zonas inestables o áreas de alta importancia ambiental.

Se realizará el levantamiento topográfico del área de ubicación de los DME, a fin de elaborar el diseño adecuado. Asimismo, como parte del estudio ambiental, señalar la ubicación, el área y límites del o los depósitos propuestos.

Se aplicarán medidas adecuadas que eviten desbordes o erosiones, teniendo en cuenta las características de los terrenos, la frecuencia de las precipitaciones pluviales y la incidencia de los vientos.

Antes de la ocupación del área para el DME, se retirará la capa orgánica del suelo, la cual será almacenada y conservada para su posterior utilización en las labores de revegetación.

Las áreas destinadas al depósito de excedentes deberán rellenarse con capas horizontales que no se elevarán por encima de la cota del terreno natural. Se deberá asegurar un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos acumulados.

Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar procesos de deslizamiento y erosión, priorizándose la revegetación o usos de mantas biodegradables.

Los DME deben cumplir las características específicas previstas en los manuales y/o guías aprobadas por la autoridad competente.

El manejo y disposición de los residuos sólidos en el ámbito no municipal, que incluye a los residuos peligrosos y no peligrosos debe ser efectuado, según corresponda, de manera concordante con la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, su reglamento y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, que aprobó el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; y el Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición; en lo que resulte aplicable.

Como parte del estudio ambiental, la Autoridad Ambiental Competente evaluará el manejo y gestión de residuos sólidos así como la infraestructura necesaria para su tratamiento y disposición final de acuerdo a la normativa vigente, cuando ésta se localice dentro del área concesionada o área del proyecto.

Para el transporte de materiales peligrosos, sustancias químicas y residuos sólidos peligrosos fuera del área del proyecto, debe observarse lo dispuesto en la normativa vigente y en la Ley Nº 28256, Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, su reglamento y modificatorias.

El manejo y almacenamiento de productos químicos en general, deberá realizarse en áreas seguras e impermeabilizadas, protegiéndolos de los factores ambientales, con sistemas de contención para evitar la contaminación del aire, suelo, las aguas superficiales y subterráneas. Se seguirán las indicaciones contenidas en las hojas de seguridad MSDS (Hoja de Seguridad de Materiales) de los fabricantes, las cuales deberán estar disponibles en las áreas dónde estos productos sean usados y almacenados.

El almacenamiento se realizará observando medidas de seguridad, señalización y orden, previendo el no mezclar materiales y/o sustancias peligrosas con otro tipo de mercancías, o con otro producto peligroso, salvo que hubiese compatibilidad entre los diferentes materiales. Se considera incompatible el almacenamiento de materiales y/o residuos peligrosos que puestos en contacto entre sí generen alteraciones de sus características físicas o químicas originales en cualquiera de ellos, con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezcla de vapores y gases peligrosos.

En el transporte de materiales y residuos peligrosos y no peligrosos, por vía marítima y fluvial, deberán observarse las siguientes previsiones mínimas:

1. Segregar apropiadamente los materiales y residuos a ser transportados, según sus características y peligrosidad, conservando el orden y limpieza, a fin de evitar caídas o derrames al cuerpo de agua.

2. Los materiales y residuos peligrosos deberán colocarse en contenedores, de preferencia con sistemas de encapsulamiento que eviten o minimicen su dispersión en caso de accidentes durante la navegación.

3. El personal responsable del transporte de los residuos, deberá haber sido capacitado en el manejo de éstos y la ejecución de medidas de contingencia.

4. Deberá priorizarse el transporte aéreo de residuos de alta peligrosidad, sobre todo si se trata de cantidades pasibles de ser transportado por ese medio.

5. Lo señalado en el párrafo precedente se aplica sin perjuicio de la exigibilidad de normas técnicas nacionales, convenios y tratados internacionales de los que el Estado peruano es parte, que regulan la prevención de la contaminación de los mares y ríos por parte de las naves, artefactos fluviales o puertos.

En las instalaciones portuarias se deberá considerar lo siguiente:

1. Los terminales marítimos para la carga y descarga de materiales y sustancias peligrosas deben contar con las medidas de seguridad necesarias planteadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), sin perjuicio del cumplimiento de los Lineamientos para la Gestión de mezclas oleosas, aguas sucias y basuras de los buque u otras pertinentes aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente.

2. Para la carga, transporte y descarga de materiales y residuos peligrosos, contar con Plan de Contingencia y permisos otorgados por la autoridad competente.

3. Implementar sistemas de prevención y control de derrames en los cuerpos de agua.

4. Implementar sistemas de recepción, tratamiento y disposición de los residuos líquidos y sólidos generados en las embarcaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad marítima competente y el reglamento respectivo.

5. Medidas de control para los sedimentos que producto del dragado se depositen en el fondo de los mares, canales, ríos o lagos.

6. Zona de vertimiento del material dragado debidamente aprobado por la autoridad competente.

7. Adoptar otras medidas y disposiciones encaminadas a prevenir o proteger la calidad de los cuerpos de agua, garantizando la manipulación segura de sustancias o materiales que representen un riego al ambiente y salud de las personas.

   En los puertos y aeropuertos en los que además se realice almacenamiento de materiales, insumos o sustancias que puedan representar un riesgo al ambiente, deberá considerarse:

1. Establecer controles sobre la merma de estos materiales a fin de evitar su dispersión por el viento.

2. Diseños ambientalmente adecuados de los sistemas de carga y descarga.

3. Espacios cerrados o instalación de cercos perimétricos con altura suficiente para el aislamiento del material almacenado.

4. Sistemas de barrido periódico para la limpieza de cualquier eventual derrame o dispersión de materiales en las instalaciones durante el embarque o desembarque.

5. Estaciones de monitoreo de la calidad de aire, ruido, agua, suelo y biológico (sub acuático y sedimento de lecho marino, cuando sea pertinente).

   Las medidas señaladas, deberán estar descritas dentro del instrumento de gestión ambiental correspondiente del titular de la instalación portuaria o aeroportuaria.

El estudio ambiental deberá considerar un capítulo, a nivel conceptual, en el que se haga la evaluación de las afectaciones prediales del proyecto de infraestructura de transportes, debiendo hacerse la identificación de las afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión con el fin de minimizar los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. En caso de no existir afectaciones prediales se deberá indicar de manera explícita y sustentada esta condición a través de una declaración jurada en la cual se comprometa a que en caso surja algún tipo de afectación predial se deberá cumplir con todo lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 1192, garantizando una adecuada indemnización.

El titular del proyecto será el responsable de implementar todas las medidas y programas necesarios para mitigar las afectaciones prediales identificadas, esto incluye la liberación y transferencia de las áreas afectadas requeridas para la ejecución del proyecto lo cual implica lograr la inscripción definitiva en Registro Públicos de las áreas afectadas y que estas sean inscritas a favor del Estado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1192.

El proceso de implementación descrito no formará parte del estudio ambiental. Sin embargo, el capítulo dedicado a la gestión de las afectaciones prediales si deberá detallar los procesos de evaluación, monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de los planes que se propongan.

La autoridad ambiental competente es la encargada de supervisar la adecuada implementación de la gestión de afectaciones prediales.

La gestión de afectaciones prediales podrá plantear un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), en el caso de existir reasentamiento, y un Plan de Compensación (PAC) en el caso contrario.

El Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Contexto Social

2. Se describirá la situación en la que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cultivos, negocios, cercas, granjas, etc.) teniendo en cuenta la ejecución del proyecto en relación a los afectados. Describir a los afectados en sus cultivos, negocios, cercas, granjas, etc. y los afectados por el proceso de Reasentamiento Involuntario.

3. Padrón de afectados donde se Identificarán a la totalidad de afectados. Indicando el tipo de afectación.

4. Plano Clave de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por su condición jurídica (propietarios, posesionarios, comuneros, etc.), y demás áreas afectadas que comprenden todo el derecho de vía de la obra vial. Asimismo, se deberá identificar los predios afectados de propiedad estatal y privada.

5. Expedientes de diagnóstico técnico legal individualizados para cada uno de los afectados con sus respectivos documentos sustentatorios del saneamiento físico legal de la propiedad.

6. Planos individuales por cada predio afectado.

7. Memorias descriptivas del afectado, las cuales además contendrás fotografías necesarias a color del área afectada, en el que se visualice la afectación.

8. Ficha socioeconómica Ficha socio - económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada, debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a utilizarse será la contenida en el "Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario" aprobado mediante Resolución Directoral Nº 067-2005-MTC-16 del 22 de noviembre del 2005. Anexo 9.

9. Declaración Jurada del Titular del proyecto que garantice la adecuada indemnización de los afectados, de acuerdo al Decreto Ley 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

10. Soluciones y alternativas (Programas propuestos para la indemnización de áreas afectadas).

11. Participación ciudadana, las Consultas Públicas Específicas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se tendrá que hacer en estricta coordinación con la Autoridad Competente, sin perjuicio de los mecanismos de participación ciudadana establecidos para el proceso de evaluación de impacto ambiental.

12. Cronograma y presupuesto para la implementación del PAC a nivel global, de manera referencial.

13. Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento Plan de Compensación.

El Plan de Compensación (PAC) deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Contexto Social

   Se describirá la situación en la que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cultivos, negocios, cercas, granjas, etc.) teniendo en cuenta la ejecución del proyecto en relación a los afectados.

2. Identificación de la totalidad de afectados:

   Padrón de afectados donde se Identificarán a la totalidad de afectados, indicando el tipo de afectación.

   Planos Claves de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por su condición jurídica (propietarios, posesionarios, comuneros, etc.), y demás áreas afectadas que comprenden todo el derecho de vía de la obra vial. Asimismo, se deberá identificar los predios afectados de propiedad estatal y privada.

3. Declaración Jurada del Titular del proyecto que garantice la adecuada indemnización de los afectados, de acuerdo al Decreto Ley 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

4. Soluciones y alternativas (Programas propuestos para la indemnización de áreas afectadas).

5. Participación ciudadana (Consulta Pública Específicas que se deberá realizar en coordinación con la Autoridad Competente).

6. Cronograma y presupuesto para la implementación del PAC a nivel global, de manera referencial.

7. Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento Plan de Compensación.

Se entiende por cierre al conjunto de actividades que deben ser planificadas y ejecutadas por el titular del proyecto a fin de asegurar, respecto de las áreas disturbadas o afectadas en la etapa constructiva y operativa del proyecto, la oportuna rehabilitación, de tal manera que dicho entorno sea compatible con las condiciones ambientales existentes previamente a la ejecución del proyecto, o de ser el caso, mejore tales condiciones iniciales, evitando la generación de pasivos ambientales.

Las medidas de cierre progresivo, final y post cierre se encuentran precisadas en el Plan de Cierre, comprendido en el Instrumento de Gestión Ambiental preventivo o en el PAMA, según corresponda.

El post cierre es el periodo establecido en el instrumento de gestión ambiental, en el cual el titular de las actividades del Sector Transportes controla y monitorea la eficacia de las medidas de cierre ejecutadas.

El titular del proyecto debe priorizar la ejecución de medidas de rehabilitación de aquellas áreas o componentes, tales como accesos, canteras, depósitos de desmontes, talleres, plantas y otras, iniciando la ejecución de tales medidas inmediatamente después de haber concluido su utilización, de tal forma que no postergue su cierre hasta el término del total del proyecto. Esta priorización debe estar reflejada en el planteamiento de cierre que forma parte de los instrumentos de gestión ambiental preventivos y del PAMA.

El Plan de Cierre tiene por objeto detallar las medidas técnicas ambientales ejecutadas implementadas en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura del sector transporte, a fin de asegurar la estabilidad física y química de las distintas áreas intervenidas, y su rehabilitación.

El Plan de Cierre debe incluir las medidas y presupuesto necesarios para rehabilitar las áreas intervenidas y asegurar el cumplimiento de los mandatos legales vigentes, entre ellos, la no afectación de los ECA (agua, aire y suelo).

Su contenido debe sujetarse a las características propias de las diversas áreas auxiliares, (depósito de material excedente, patio de máquinas, polvorines, campamentos, entre otros) y a la aplicación de prácticas, métodos y tecnologías probados, considerando la ubicación geográfica de las áreas intervenidas, la cercanía a centros poblados, entre otros factores relevantes.

Se incluirán las medidas post cierre, destinadas a monitorear y corroborar que las medidas de cierre implementadas han resultado eficaces. El periodo de post cierre a ser planteado en el Plan de Cierre no debe ser menor a los dos años contados desde la conclusión de las medidas de rehabilitación.

Debe incluir el estimado del presupuesto, el cronograma anualizado y la propuesta de garantía financiera.

El titular del proyecto debe sustentar en el Plan de Cierre, el tipo de garantía financiera que respaldará la ejecución de todas las medidas de rehabilitación propuestas, por el valor determinado en el presupuesto estimado de tales medidas consignado en dicho instrumento de gestión ambiental. En el caso de los contratos de concesión, los titulares podrán respaldar la ejecución de las obligaciones contenidas en el plan de cierre con la garantía establecida en el contrato, señalando expresamente que también cubrirá la ejecución de las medidas de post-cierre y remediación de pasivos ambientales.

La Autoridad Ambiental Competente solicitará opinión técnica a la Dirección General de Concesiones en Transportes, respecto de la suficiencia del monto estimado, así como las características de la garantía ofrecida, estableciendo su valor en la resolución que aprueba el Plan de Cierre.

La garantía financiera debe reunir por lo menos las siguientes características:

1. Debe contar con documentación legal saneada.

2. No debe recaer en bienes que estén afectos a obligaciones previas, que pudieran disminuir su valor en relación al monto garantizado.

3. Su valor será permanentemente actualizado.

4. Debe tener el respaldo de una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Preferentemente, las garantías financieras a ser aceptadas serán: cartas fianza emitidas por un banco de primer nivel, de acuerdo a lo señalado en la Ley del Sistema Financiero y de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros; y fideicomiso en garantía sobre efectivo, administración de flujo; fianza solidaria de terceros sin beneficio de excusión.

Las entidades del Estado que ejecuten obras por contrata, deberán precisar en sus respectivos contratos, la obligación del contratista de ejecutar el plan de cierre, la misma que será garantizada con la respectiva carta fianza; señalando expresamente que también cubrirá la ejecución de las medidas de post-cierre y remediación de pasivos ambientales.

En el caso de obras por administración directa, la entidad del Estado garantizará la ejecución del plan de cierre, con la certificación presupuestal respectiva para el proyecto a ejecutar.

La garantía se presentará en los casos que el plan de cierre se apruebe dentro del PAMA; y se constituirá dentro de los noventa días calendarios siguientes a la fecha de aprobación del Plan de Cierre. La no constitución de la garantía financiera constituye infracción sancionable.

En el caso de las entidades del Estado que ejecuten obras por contrata, la garantía para la ejecución del Plan de Cierre se constituirá a la fecha de inicio de ejecución de la obra, la misma que será comunicada ante la Autoridad Competente, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de inicio de ejecución de obra.

En el caso de obras por administración directa, la entidad del Estado remitirá copia de la Certificación Presupuestal ante la Autoridad Competente, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de inicio de ejecución de obra.

En el caso de los contratos de concesión, los titulares podrán respaldar la ejecución de las obligaciones contenidas en el plan de cierre con la garantía establecida en el contrato, ésta o su emisor y/o contrato señalando expresamente que también cubrirá la ejecución de las medidas de post-cierre y remediación de pasivos ambientales.

El titular del proyecto debe mantener vigentes las garantías financieras hasta que se haya verificado la ejecución de todas las medidas de rehabilitación ambiental planteadas en el Plan de Cierre aprobado y otorgado el Certificado de Cumplimiento Total de Plan de Cierre que prevé el artículo 81 del presente reglamento.

Concluida la etapa del post cierre, la autoridad responsable de la supervisión y fiscalización ambiental programará una supervisión con el objeto específico de verificar el cumplimiento del Plan de Cierre. De encontrar que todos los compromisos han sido cumplidos satisfactoriamente, declarará cumplido a satisfacción el Plan de Cierre y otorgará el Certificado de Cumplimiento Total del Plan de Cierre.

En caso se concluya que no se ha cumplido total o parcialmente con el Plan de Cierre, se otorgará al titular del proyecto un plazo adicional de seis (06) meses para concluir las actividades pendientes, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la autoridad responsable de la supervisión y fiscalización. Vencido dicho plazo y puesto tal situación en conocimiento de la Autoridad Ambiental Competente, ésta dispondrá la ejecución inmediata de las garantías otorgadas, a fin de destinar parte o el total de los recursos disponibles a ejecutar las medidas de rehabilitación incumplidas.

La Autoridad Ambiental Competente podrá encargar a un tercero especializado, la ejecución de las garantías. Todos los costos y gastos que demanden la ejecución de las garantías, estarán a cargo del titular del proyecto.

Los recursos provenientes de la ejecución de la garantía financiera serán destinados a un fideicomiso administrado por una entidad del sistema financiero, destinándose exclusivamente a cubrir los costos directos e indirectos de las medidas de rehabilitación ambiental incumplidas. Concluida estas actividades y declarado el cumplimiento del Plan de Cierre, los saldos restantes serán devueltos al titular del proyecto.

Mediante resolución ministerial la Autoridad Ambiental Competente aprobará las disposiciones complementarias que regulen la ejecución y disposición de los recursos provenientes de las garantías financieras.

Los proyectos de infraestructura de transportes no concesionados cuentan con una carta fianza la cual se le exige al contratista el cual incluye la protección de los compromisos ambientales del IGA en caso se incumpliera uno de dichos compromisos del IGA se podrá ejecutar dicha garantía.

Cuando no se cumple en el tiempo se da una penalidad, de acuerdo al programa establecido en el IGA.

Al término de la ejecución del Plan de Cierre, incluyendo la etapa de postcierre, la autoridad responsable de la supervisión y fiscalización ambiental realiza una verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este instrumento de gestión ambiental. De encontrar que todas estas obligaciones han sido cumplidas satisfactoriamente, declarará cumplido el Plan de Cierre y otorgará el Certificado de Cumplimiento Total del Plan de Cierre.

El Certificado de Cumplimiento Total del Plan de Cierre puede ser solicitado por los titulares de actividades del Sector Transportes no sujetos a la obligación de aprobar un Plan de Cierre de manera independiente a su estudio ambiental o PAMA, respecto de las medidas de rehabilitación y cierre aprobadas en su correspondiente instrumento de gestión ambiental, al término del correspondiente periodo de post cierre.

Asimismo, a solicitud del titular de actividad del Sector Transportes, sea que cuente o no, con Plan de Cierre aprobado como instrumento independiente, la autoridad responsable de la supervisión y fiscalización ambiental podrá emitir Certificados Parciales de Cumplimiento del Plan de Cierre. Para este efecto, la autoridad de supervisión y fiscalización ambiental programará una supervisión especial destinada específicamente a corroborar el cumplimiento de las medidas de rehabilitación y cierre respecto de las cuales se solicita el certificado.

Las entidades del Sector Transportes, responsables de la administración de los contratos de obra, sean públicos, privados o mixtos, cuando al término de las obras requieran el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Competente respecto al cumplimiento de los compromisos ambientales de los titulares de actividades del Sector Transporte bajo su competencia, deberán sujetarse a lo regulado en el presente artículo.

Se consideran pasivos ambientales del Sector Transportes a la obligación o deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado como resultado de la implementación de un proyecto de infraestructura en transportes. Este pasivo es considerado como tal cuando constituye un riesgo permanente, potencial y afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos, es decir la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos como áreas naturales protegidas, sitios declarados patrimonio y sitios arqueológicos.

Toda persona o entidad que haya generado pasivos ambientales producto de la ejecución, implementación, mantenimiento, rehabilitación y demás actividades relacionadas a proyectos del Sector Transportes será responsable de su atención, por tanto, está obligada a presentar un PAMA que incluya entre otras medidas y/o planes, un Plan de Cierre de Pasivos Ambientales ante la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo máximo de dos (2) años luego de publicado el presente reglamento y a ejecutarlo conforme al cronograma y términos que apruebe la autoridad.

Los objetivos y contenido del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales son los mismos que los señalados en el artículo 75 (contenido mínimo del plan de cierre) del presente reglamento.

En tanto no se establezca el inventario de pasivos ambientales del sector transportes, los concesionarios y titulares, en coordinación con la autoridad ambiental competente, deberán verificar in situ las condiciones ambientales del área evaluando y caracterizando los tipos de estructuras, instalaciones y demás componentes en abandono que puedan ser considerados pasivos ambientales del Sector Transportes, no generados por el proyecto concesionado, para lograr la adecuada gestión de los pasivos ambientales.

En los proyectos concesionados, cuando el Concedente no cuente con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades de acondicionamiento, saneamiento, limpieza o mitigación ambiental de los componentes en abandono del área concesionada, en el marco de los contratos de concesión, el concesionario podrá realizar dichas actividades y posteriormente el concedente podrá retribuir el monto correspondiente al concesionario.

La determinación de un pasivo ambiental, se realizará teniendo en consideración el inventario de pasivos ambientales del Sector Transportes elaborado por la Autoridad Sectorial Nacional .

Le corresponde al Estado a través de la Autoridad Sectorial , asumir la tarea de atender los pasivos ambientales del Sector Transportes que no cuenten con responsables asignados, identificados o remediadores voluntarios.

Los Ministerios de Salud, Agricultura y del Ambiente, así como los gobiernos regionales y locales podrán solicitar a través de informes técnicos debidamente sustentados, que la Autoridad Sectorial Nacional asuma la gestión de los pasivos ambientales en tutela del interés público, a partir de un análisis de riesgos a la salud y la seguridad humana y de protección al ambiente.

En caso se lograra identificar al responsable del pasivo ambiental materia de la remediación ambiental asumida por el Estado, éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes para ejercer el derecho de repetición contra dicho responsable, a fin de exigir la devolución del monto gastado más los intereses de ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que proceda iniciar.

Con el fin de orientar la atención de los pasivos ambientales del Sector Transportes la autoridad ambiental competente podrá establecer los lineamientos o guías adicionales correspondientes.