DECRETO SUPREMO, Nº 010-2016-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que aprueba el "Protocolo para la Atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas" y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada del seguimiento al cumplimiento del Protocolo-DECRETO SUPREMO-Nº 010-2016-MIMP
| Emisor | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES |
| Fecha de la disposición | 28 de Julio de 2016 |
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú declara que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En consecuencia, el Estado garantiza el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad personal; estando prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas, como lo establece el literal b) del inciso 24 del artículo 2 de la citada Constitución;
Que, conforme al artículo 44 de la Constitución Política del Perú, son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, el artículo 39 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante Ley Nº 27337, establece que corresponde al Estado implementar un programa para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia armada o desplazamiento forzado, quienes han de ser atendidos mediante programas nacionales de asistencia especializada;
Que, la Ley Nº 30362 eleva a rango legal el Decreto Supremo 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021, el mismo que establece como uno de sus objetivos estratégicos, “Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad”, e incluye como uno de los resultados esperados que las “Niñas, niños y adolescentes no participen en conflictos internos”;
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que es finalidad de este sector es diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las poblaciones vulnerables, incluyendo a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, con el objeto de garantizar sus derechos con visión intersectorial;
Que, la Ley Nº 28223, Ley sobre Desplazamientos Internos, prevé los derechos y garantías para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, la asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento e integración;
Que, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2014-JUS, establece entre sus lineamientos estratégicos el “Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección”, incluyendo entre sus acciones: “Promover la adopción de un marco de protección integral para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el VRAEM” y “Fortalecer el sistema de protección de los desplazados internos”;
Que, en nuestro país subsisten las nefastas prácticas de grupos terroristas que mantienen secuestradas y bajo cautiverio a personas, en su mayoría integrantes de pueblos indígenas y de grupos especialmente vulnerables, incluyendo niños, niñas y adolescentes, con fines diversos de explotación y bajo deplorables condiciones de sobrevivencia que afectan la dignidad humana y agravian al conjunto de la sociedad;
Que, estos hechos criminales constituyen graves violaciones de los derechos humanos que transgreden la Constitución Política del Perú, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además de ser delitos sancionados por la normativa penal nacional; en tal sentido, el Estado Peruano tiene la obligación de proteger a su población adoptando las medidas para lograr la liberación de las víctimas, perseguir y sancionar los delitos perpetrados, asegurar la protección social de las víctimas, y prevenir la comisión de estos delitos;
Que, en lo que concierne a la protección social de las víctimas secuestradas por el terrorismo, algunas de las cuales vienen siendo rescatadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, resulta necesario articular y fortalecer las intervenciones sectoriales y de las entidades involucradas, a fin de garantizar la asistencia adecuada de las víctimas para su recuperación física y psicológica y el proceso de reintegración familiar y comunal sostenible;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y los artículos 11, 35 y 36, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Apruébese el “Protocolo para la Atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas”, en adelante el Protocolo de Atención, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Las entidades públicas participantes del Protocolo de Atención, adoptan las medidas necesarias para su ejecución, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. La supervisión y monitoreo corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada del seguimiento al cumplimiento del Protocolo para la Atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas, en adelante la Comisión Multisectorial, la misma que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La Comisión Multisectorial tiene por objeto realizar el seguimiento de la adecuada ejecución de las acciones establecidas en el referido Protocolo para la Atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas.
La Comisión está conformada por las y los representantes titulares y alternos de las siguientes entidades públicas:
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien la preside.
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Ministerio del Interior.
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Ministerio de Salud.
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Ministerio de Educación.
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Ministerio de Cultura.
Los y las integrantes de la Comisión Multisectorial ejercen sus funciones ad honoren.
La Comisión Multisectorial puede invitar a participar en sus sesiones a otras instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil, así como a profesionales especializados con la finalidad de solicitar la colaboración de los mismos en temas que sean materia de sus competencias o funciones.
Las y los representantes titulares y alternos de las entidades públicas son designados ante la Comisión Multisectorial mediante las Resoluciones Ministeriales correspondientes, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo.
La Comisión Multisectorial tiene las funciones siguientes:
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Ejercer la labor de seguimiento del proceso de implementación del “Protocolo para la atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas”, con los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales involucrados.
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Elaborar y proponer para su aprobación, el informe que contenga la metodología y los instrumentos de seguimiento del cumplimiento de las acciones del referido Protocolo de Atención.
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Emitir informes técnicos sobre los avances en la implementación del mencionado Protocolo de Atención.
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Elaborar la propuesta de Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial
La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial está a cargo del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ésta brinda el apoyo técnico administrativo necesario para el mejor funcionamiento de la Comisión Multisectorial, siendo sus funciones especificadas y detalladas en el respectivo Reglamento interno.
La Comisión Multisectorial se instala dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de vencimiento del plazo señalado en el artículo 7 del presente Decreto Supremo, para la acreditación de las y los representantes de los sectores ante la referida Comisión.
La implementación de las acciones necesarias para la ejecución del Protocolo de Atención y el funcionamiento de la Comisión Multisectorial, aprobados mediante la presente norma, se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El presente Decreto Supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Interior, el Ministro de Salud, el...
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