Decreto Ley Nº 22095, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas

Son objetivos de la presente Ley la represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia; la prevención de su uso indebido; la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los cultivos de la planta de coca.

Para alcanzar los objetivos a que se refiere el artículo anterior, se establecen las normas tendentes a perseguir y reprimir el tráfico ilícito de drogas; se precisan las medidas educativas y sanitarias para prevenir su uso indebido; se disponen la creación de centros de tratamiento y rehabilitación del drogadicto y se establece un régimen para la reducción gradual de los cultivos de planta de coca, limitándolos a los fines estrictamente científicos e industriales, en armonía con el cambio de hábitos de consumo.

Los lineamientos de política orientados al logro de los objetivos enunciados serán establecidos por un Comité Multisectorial de Control de Drogas, integrado por los Ministros: del Interior, quien lo presidirá, de Agricultura y Alimentación; de Industria, Comercio, Turismo e Integración; de Educación; de Salud y un Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República, designado por su Sala Plena.

El Ministerio de Educación en concordancia con el Ministerio de Salud, considerará en todos los programas de formación de profesionales de la Educación, los diversos aspectos del uso indebido de drogas, ligados a la problemática de la salud física y mental del educando.

Asimismo, desarrollará acciones de información y orientación a los educandos y a los grupos organizados de la comunidad.

En las currícula de los diferentes Programas Académicos de nivel superior, se considerará materias relacionadas con el problema del uso indebido de drogas.

El Ministerio de Educación en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, dispondrá las medidas necesarias para resolver los diferentes problemas que puedan presentarse en los centros educativos estatales y no estatales, relacionados con el uso indebido de drogas, a nivel escolar.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollará programas de investigación, estudios epidemiológicos, médicos, científicos y de capacitación técnica sobre el problema de la drogadicción.

Las acciones de las instituciones particulares comprendidas en el área educativa relacionadas con la problemática de las drogas, serán coordinadas con los Sectores de Salud y de Educación, los cuales brindarán la información y asesoría correspondientes.

El Sistema Nacional de Información en coordinación con los Ministerios de Salud y de Educación, difundirá y normará la información destinada al público para prevenir el uso indebido de drogas.

El Ministerio de Salud fijará anualmente las previsiones en materia de drogas para ser destinadas a uso médico o científico. Dichas previsiones establecerán:

1. La cantidad anual requerida para el consumo médico científico.

2. La parte de la cantidad referida en el inciso anterior que se dedicará:

   1. A la elaboración de otras drogas.

   2. A preparados con uno o varios ingredientes que ofrezcan muy poco o ningún peligro de abuso, debido que la droga no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública; y,

   3. A sustancias derivadas que no producen dependencia.

3. La estimación de las necesidades de adormidera y de otras especies vegetales sujetas a fiscalización, para su eventual cultivo por el Estado;

4. La existencia de drogas al 31 de diciembre del año anterior al que se refieren las previsiones;

5. Las cantidades de drogas necesarias para agregar a las reservas, que constituyen las existencias especiales; y,

6. La cantidad necesaria de las distintas drogas para fines de exportación.

   Asimismo, podrá fijarse previsiones suplementarias, cuando se produzcan situaciones que lo justifiquen.

Los Organismos Estatales facultados para efectuar exportaciones o importaciones de drogas, requerirán de la correspondiente autorización sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud.

La autorización indicará:

1. La denominación común internacional de la droga, si la tuviera.

2. La cantidad y la forma en que la sustancia se exporta o importa, el nombre y dirección del importador y del exportador, en ambos casos; y,

3. El período dentro del cual habrá de efectuarse la importación o exportación, el que no podrá ser mayor de ciento ochenta días.

La autorización sanitaria a que se refiere el artículo anterior, se denominará Certificado Oficial de Importación, Exportación o en Tránsito, según la operación correspondiente y será expedida en triplicado, de acuerdo con los respectivos reglamentos, caducando a los ciento ochenta días de su fecha de emisión.

Las operaciones de importación y exportación de drogas solamente se efectuarán por las aduanas del puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Lima-Callao, con la excepción de hojas de coca que también podrán hacerse por los puertos de Salaverry y Matarani.

Constituye monopolio estatal la importación y exportación de las drogas y medicamentos comprendidos en las listas I al VI, anexas al presente Decreto Ley, en estricta necesidad a su uso científico, médico y veterinario.

Las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior, tratándose de situaciones de emergencia, no estarán sujetas al requisito de licitación pública.

La autoridad competente del Sector Salud, determinará la condiciones en que las drogas objeto del monopolio estatal podrán ser adquiridas por:

1. Laboratorios autorizados para elaborar medicamentos que la contengan;

2. Farmacias y Boticas;

3. Hospitales o Establecimientos de asistencia médica;

4. Instituciones científicas y universitarias;

5. Enfermos hiperalgésicos, en cantidades superiores a la posología para 24 horas; y,

6. Profesionales encargados del diagnóstico y tratamiento desadictivo de fármaco-dependientes, así como profesionales encargados de su aplicación veterinaria.

El Estado emprenderá las acciones necesarias para lograr la recuperación de los drogadictos, las que comprenderán:

1. El tratamiento médico-desadictivo; y,

2. La rehabilitación bio-psico-social

Para los fines a que se contrae el artículo anterior, se establecerán en las Areas de Salud los servicios especializados en tratamiento de la drogadicción, conjuntamente o en coordinación con los servicios de rehabilitación bio-psico-social.

El Gobierno dispondrá la creación y funcionamiento de Centros Estatales de Rehabilitación Fármaco-Dependientes y promoverá la creación de establecimientos privados de igual índole, cuyo régimen estará caracterizado por la asistencia social, médica y educativa prestada en forma dinámica e integral por un sistema sanitario, higiénico y alimenticio, operado por personal especializado.

El drogadicto deberá ser sometido a tratamiento, el que podrá llevarse a cabo:

1. En su domicilio;

2. En establecimientos privados; y,

3. En Centros Estatales de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.

La asistencia a los drogadictos en los Centros Estatales puede ser solicitada:

1. Por el mismo drogadicto;

2. Por sus pacientes; y,

3. Por la autoridad judicial.

El Juez de Primera Instancia podrá disponer a pedido del Ministerio Público, o de parte interesada, la curatela del drogadicto no incurso en investigación como presunto autor de delito, que exponga a su familia a caer en la miseria o amenace la seguridad propia o ajena, o atente contra la moral y las buenas costumbres, pudiendo ordenar, de acuerdo a la capacidad económica, su internamiento en un centro estatal de rehabilitación o establecimiento privado.

Las medidas judiciales contenidas en el artículo anterior serán levantadas por la autoridad judicial competente cuando se acredite la total rehabilitación del drogadicto.

Cuando se trate de un drogadicto mayor de edad, no incurso en investigación como presunto autor del delito, la autoridad policial pondrá el hecho en conocimiento del Juez de Turno en lo Civil, quien lo citará dentro del término de cuarentiocho horas, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, para interrogarlo.

Establecida la condición de drogadicto, el Juez convocará a los allegados del compareciente y dictará las medidas que considere conveniente para su rehabilitación.

Cuando se trate de un menor de edad que se encuentre drogado y no incurso en investigación como presunto autor de acto considerado como delito o falta, será puesto a disposición de sus padres, tutores o de las personas que lo tienen a su cuidado, dentro del término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad, remitiendo un informe al Juez de Menores, para que dicte las medidas pertinentes. Si el menor no estuviera a cargo de ninguna persona será puesto dentro del mismo término y bajo igual responsabilidad, a disposición del Juez de Menores.

El mayor o menor de edad que fuera reiterante en la drogadicción, obligatoriamente será internado por orden del Juez de Primera Instancia en lo Civil o del Juez de Menores, respectivamente, en un Centro de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.

El Juez de Primera Instancia en lo Civil o el de Menores, según corresponda de oficio podrá trabar embargo en los bienes del drogadicto o de sus representantes legales, a fin de solventar los gastos de rehabilitación.

La condición de drogadicto sólo se determinará previo peritaje médico legal, expedido a solicitud del Juez competente y con citación del representante del Ministerio Público, este último obligatoriamente presenciará el examen del estado mental que haga el Juez.

Los peritos médicos tendrán en cuenta la naturaleza y cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, así como la historia y situación clínica del sindicato.

Cuando un drogadicto haya sido procesado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, el Tribunal podrá disponer su internamiento en un Centro Estatal de Rehabilitación para Fármaco-Dependiente, a cuyo término será puesto a disposición del Tribunal para que le imponga la condena penal compatible con el delito.

Cuando un drogadicto sea extranjero no residente, será expulsado del país, siempre que no esté comprendido como presunto autor de delito.

Queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y almácigos en nuevas áreas del territorio nacional. Esta prohibición incluye renovaciones y recalces en los cultivos existentes.

El Estado fiscalizará el cultivo de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana. Por Decreto Supremo, se podrá incorporar otras especies dentro del régimen de control.

Erradicado o sustituido el cultivo de la coca de los predios de propiedad individual y de las empresas asociativas, sólo el Estado a través de ENACO, podrá desarrollar dicho cultivo, cuando lo justifique su industrialización, exportación, uso medicinal o fines de investigación científica. El cultivo de las demás especies vegetales sujetas a fiscalización, será de exclusividad del Estado y únicamente para los fines que se indican en el párrafo anterior.

Los predios no conducidos directamente por sus propietarios y que se encuentren con cultivos de coca, serán afectados y expropiados prioritariamente por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, debiendo cancelarse del Registro de Productores de la Empresa Nacional de la Coca, a sus propietarios.

Serán incautados por el Estado y adjudicados a favor de los campesinos sin tierra, los predios de propiedad individual que total o parcialmente estuvieran cultivados con coca y no procedieran sus propietarios a sustituir o erradicar dichos cultivos dentro de los términos siguientes:

1. Predios de más de diez hectáreas, dentro de dos años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley; y,

2. Predios de cinco a diez hectáreas, dentro de tres años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación propondrá anualmente al Comité Multisectorial las áreas de erradicación y las de sustitución gradual del cultivo de coca, según el caso, de los predios de propiedad individual de menos de cinco hectáreas y los de las empresas asociativas, de acuerdo a la mayor capacidad de uso de la calidad de los suelos.

La Guardia Civil del Perú colaborará especialmente en la aplicación y control de las normas de reducción y sustitución de los cultivos de coca, así como de los concernientes al cultivo de especies vegetales prohibidos; poniendo a los infractores inmediatamente a disposición de la Policía de Investigaciones del Perú, para los fines de Ley.

En los Proyectos de Asentamiento Rural que apruebe el Ministerio de Agricultura y Alimentación, tendrán prioridad en la adjudicación los campesinos cultivadores de la hoja de coca que estén comprendidos en los programas de erradicación; asimismo, estos campesinos tendrán preferencia en los contratos de reforestación que otorgue dicho Ministerio.

Queda prohibido otorgar, bajo ningún título, asistencia técnica, crediticia, insumos, implementos o maquinaria, para predios total o parcialmente cultivados de coca, salvo para la sustitución de cultivo de la coca por otros cultivos.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación, efectuará los estudios necesarios destinados a la sustitución de la coca por otros cultivos.

El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima -ENACO S.A.- realizará la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095.

La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos.

Quedan sujetas a fiscalización los productos o insumos industriales utilizados en la elaboración de drogas, según relación aprobada por Decreto Supremo.

Los importadores y fabricantes de los insumos sujetos a fiscalización, llevarán un Registro Especial de Ventas en el que se indicará la cantidad vendida, nombre y apellidos del comprador, domicilio comercial y real de éste, así como el lugar donde ha sido entregada la mercadería; conforme a las disposiciones que establezca al respecto el Decreto Supremo a que se refiere el artículo anterior.

Solamente con licencia de la Autoridad de Salud, los laboratorios de productos farmacéuticos podrán elaborar medicamentos que contengan drogas, debiendo comunicar la cantidad y naturaleza de la producción, en la forma y oportunidades que establezca el Reglamento.

Dichos laboratorios quedan prohibidos de vender directamente al público tanto la droga pura como los preparados.

Los laboratorios y establecimientos farmacéuticos que tengan en existencia medicamentos que contienen drogas y que sean declarados fuera de uso, sufrido deterioro o perdido efectividad, solicitarán, cuando menos una vez al año, a la Autoridad de Salud que los califiquen como saldos descartables para su inmediata custodia y posterior destrucción en la forma que establezca el Reglamento. En los casos de siniestro o robo, el hecho se comunicará de inmediato tanto a la Autoridad de Salud como a la Policía de Investigaciones del Perú.

Prohíbase la venta al público de las drogas comprendidas en las Listas anexas al presente Decreto Ley.

Los medicamentos que contengan drogas descritas en la Lista II "A" del anexo de este Decreto Ley, sólo podrán venderse al público en las farmacias y boticas, mediante prescripción otorgada por médico colegiado, extendido en Recetario Especial para dichos medicamentos exclusivamente y en dosis no mayor que la necesaria para veinticuatro horas.

La Autoridad de Salud, previa solicitud de parte interesada acompañada de certificado médico y de la Receta Especial correspondiente, autorizará el despacho de cantidades mayores que las posológicas para veinticuatro horas, destinadas al tratamiento de enfermos hiperalgésicos.

Los medicamentos que contengan las drogas descritas en la Lista III del anexo de este Decreto Ley, sólo podrán venderse al público en farmacias y boticas, mediante prescripción otorgada por médico u odontólogo colegiados, extendida en Recetario Especial.

La Receta Especial que prescriba un medicamento que contenga alguna de las drogas descritas en las Listas II "A" y III, deberá ser manuscrita por el facultativo en forma legible, con las cantidades expresadas en letras, debiendo constar el nombre, apellidos y domicilio del enfermo y del médico tratante con su número de colegiación profesional, así como el diagnóstico, sólo tendrá vigencia durante tres días.

Las Recetas Especiales serán extendidas por triplicado. El original y una copia las entregará el facultativo al interesado para la adquisición del medicamento en la farmacia o botica. La copia restante deberá ser conservada por el facultativo durante dos años, para los efectos del control respectivo por la Autoridad de Salud.

Los establecimientos autorizados para la venta al público de los medicamentos que contengan drogas comprendidas en las Listas II "A" y III, solamente las despacharán previa entrega del original y copia de la Receta Especial respectiva, llevarán un Registro de Consumo, Ventas y Existencia, así como un Archivo en el que guardarán debidamente numerados y por orden cronológico, las guías de remisión y la copia de las Recetas Especiales despachadas, dejando constancia de la identificación del adquiriente.

Los medicamentos que contengan drogas comprendidas en las Listas II B y IV del presente Decreto Ley, serán expedidas al público por farmacias y boticas, mediante receta médica común.

Los medicamentos que contengan drogas prendidas en las II B y IV del presente Decreto Ley, únicamente podrán ser adquiridos directamente por los profesionales encargados de su aplicación.

La acción penal para perseguir el delito de tráfico ilícito de drogas se inicia por denuncia del Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica.

Será reprimido con penitenciaria no mayor de quince años ni menor de diez años, el que ilícitamente:

1. - Sembrare, cultivare, fabricare, extractare, preparare o realizase cualquier otro acto análogo inherente al proceso de producción de algunas de las drogas contenidas en las Listas I y II "A";

2. - Importare, exportare, vendiere, almacenare, distribuyere, transportare, tuviere en su poder o ejecutase cualquier otro acto análogo inherente al proceso de comercialización de alguna droga referida en el inciso anterior o de la materia prima requerida para su elaboración.

La pena será de internamiento o penitenciaría no menor de quince años, cuando el delincuente:

1. - Cometiere el hecho en banda o en calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de drogas. Si además de cometer el delito en banda el agente la hubiere promovido, organizado, financiado o dirigido, la pena será de internamiento;

2. - Fuere funcionario o servidor público encargado de la prevención o investigación de cualquier delito, o si tuviere el deber de aplicar penas o de vigilar su ejecución;

3. - Tuviere la profesión de educador o se desempeñare como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza;

4. - Fuere profesional médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerciere cualquier profesión sanitaria;

5. - Realizare el delito en el interior o en los alrededores de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión;

6. - Se valiere para la comisión del delito de persona inimputable.

La pena será de penitenciaría no mayor de diez años ni menor de dos años:

1. - Si el sembrío o cultivo fuere de pequeña extensión;

2. - Si fuere escasa la cantidad de droga o materia prima poseída, fabricada, extractada o preparada por el agente;

3. - Si se hubiere distribuido la droga en pequeñas cantidades y directamente a consumidores individuales.

No es reprimible el que, sin contar con autorización médica, posea droga en dosis personal para su propio e inmediato consumo. La exención de pena requiere peritaje médico legal que acredite la dependencia.

El que promueve, organice, financie o dirija una banda formada por tres o más personas y destinada a producir o comercializar droga, será reprimido con penitenciaria no mayor de quince años ni menor de diez años.

Los demás integrantes de la banda serán reprimidos, por el solo hecho de pertenecer a la asociación ilícita, con penitenciaría no mayor de diez años ni menor de cinco años.

Se impondrá penitenciaría no mayor de ocho años ni menor de cuatro años al profesional médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que indebidamente recetare, prescribiere, administrare o expendiere medicamento que contenga cualquier droga prevista en las Listas I y II "A.

La pena será de prisión no mayor de dos años ni menor de un año si se tratare de medicamento que contenga alguna de las drogas descritas en las Listas III, V y VI.

El que subrepticiamente o con violencia o intimidación hiciere consumir a otro una droga, será reprimido con prisión no mayor de ocho años ni menor de cinco años.

La pena será de penitenciaría no mayor de doce años ni menor de ocho años, si el agente hubiere actuado con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga, o si la víctima fuere una persona manifiestamente inimputable.

El que instigue o induzca a persona determinada para el consumo indebido de droga, será reprimido con prisión no mayor de cinco años ni menor de dos años.

La pena será de penitenciaría no mayor de ocho años ni menor de cinco años, si el delincuente hubiere actuado con propósito de lucro, o si la víctima fuere persona manifiestamente inimputable.

El que sustrajera a una persona a la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia con motivo de la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas, sea ocultándola o facilitándole la fuga o negando a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para aprehenderla, será reprimido con prisión no mayor de ocho años ni menor de cinco años.

La pena será de penitenciaría no mayor de quince años ni menor de diez años, si el autor del encubrimiento personal fuere funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente.

Toda condena llevará consigo la pena accesoria de multa que no será mayor de quinientos sueldos mínimos vitales establecidos en la provincia de Lima para el comercio, industria y servicios, ni menor de cincuenta.

La condena a pena de internamiento o penitenciaría, además de la inhabilitación absoluta e interdicción civil durante su cumplimiento, establecerá la inhabilitación posterior contenida en los incisos 3 y 6 del artículo 27 del Código Penal por tiempo no mayor de diez años ni menor de cinco años.

La condena a pena de internamiento establecerá la inhabilitación especial posterior contenida en los incisos 3 y 6 del artículo 27 del Código Penal por tiempo no mayor de cinco años ni menor de dos años.

No rige para los cómplices del delito de tráfico ilícito de drogas la atenuante establecida en el artículo 102 del Código Penal.

Los extranjeros que hayan cumplido la condena impuesta serán expulsados del país aun cuando tuvieren hogar establecido en el territorio de la República, quedando prohibido su reingreso. Se exceptúa el caso previsto en la segunda parte del artículo 58.

No se concederá la libertad provisional, condena condicional, sustitución de pena, libertad condicional, remisión de la pena o indulto, a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas

Se exceptúa de esta prohibición los casos previstos en los incisos 1) y 3) del Artículo 55 - B del Decreto Legislativo Nº 122, así como el inciso 2), del mismo artículo, en la parte que se refiere a la posesión de escasa cantidad. Dicha excepción procede siempre que el agente del delito no sea reincidente, habitual o hubiere vendido o distribuido drogas a menores de edad.

El Juez Instructor concederá la libertad provisional si de autos aparece debidamente tipificada esta modalidad delictiva. La Resolución que la conceda será elevada en consulta al Tribunal Correccional, dentro de los dos días siguientes a su expedición, bajo responsabilidad, produciéndose el excarcelamiento aprobada que sea la consulta".

La reincidencia y la habitualidad se regirán por las disposiciones contenidas en el Título XIV del Libro Primero del Código Penal".

Serán decomisados las drogas, insumos, fábricas, laboratorios, alambiques, implementos y enseres empleados en la producción y fabricación ilicita de drogas.

Los cultivos serán destruidos en presencia del Juez Instructor, de un representante del Ministerio de Agricultura y Alimentación y otro representante de la Policía de Investigaciones del Perú, levantándose a tal efecto el acta correspondiente. Además, serán incautados los equipos de trabajo y otros bienes de uso directo que hubieran sido utilizados para el cultivo y explotación ilícita de la coca.

Igualmente, serán incautados los terrenos de cultivo y afectados a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, para su posterior adjudicación a los campesinos sin tierra; también serán incautados los inmuebles utilizados como fábricas, depósitos o lugares de expendio, así como los vehículos en que se hubiere efectuado la distribución o transporte de las drogas, siempre que pertenezcan a los autores, cómplices o encubridores del delito o a quienes teniendo conocimiento del mismo no lo hubieran denunciado de inmediato.

También será incautado el dinero, empleado u obtenido en la comisión del delito de tráfico ilícito, objeto de la investigación, el mismo que será depositado en el Banco de la Nación, para su ingreso al Tesoro Público.

Las drogas decomisadas serán depositadas en un local especial, cuya custodia y responsabilidad será del Ministerio del Interior.

Los bienes incautados o decomisados definitivamente por sentencia judicial firme, serán adjudicados al Estado y registrados en la Dirección General de Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda y Construcción, para que continúen en uso de las dependencias públicas a que se refiere el artículo 69 del presente Decreto Ley. Aquellos bienes que no sirven para este fin serán vendidos en pública subasta y su producto será depositado en el Banco de la Nación para su inmediato ingreso al Tesoro Público

En la investigación del delito materia del presente Decreto Ley, la Policía de Investigaciones del Perú podrá adoptar las siguientes medidas:

1. Efectuar la detención preventiva de los traficantes, cómplices o encubridores por un término no mayor de quince días, con conocimiento del Juez Instructor;

2. Ingresar o allanar y registrar los lugares señalados como depósitos, fábricas o centros de distribución clandestina de drogas;

3. Inspeccionar con la intervención de un funcionario del Ministerio de Salud los laboratorios, farmacias y boticas;

4. Restringir o impedir el ingreso, tránsito o salida del país a personas que se dediquen al tráfico ilícito o se sospeche que lo efectúan; y,

5. Trasladar de un lugar a otro con conocimiento del Juez Instructor a quienes se encuentren complicados en este delito, cuando la medida sea necesaria para el buen éxito de la investigación.

...

Si la Policía de Investigaciones del Perú encuentra que están comprendidos en el tráfico ilícito menores de dieciocho años de edad, los pondrá a disposición del Juez de Menores dentro del término de 24 horas.

La Policía de Investigaciones del Perú al iniciar las pesquisas con motivo del tráfico ilícito de drogas, podrá solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas precautelativas correspondientes sobre los bienes muebles e inmuebles del investigado, aún antes de dictarse el auto apertorio de instrucción.

El auto de libertad concedido por el Juez Instructor, de conformidad con el artículo 83 del Código de Procedimientos Penales, es apelable por el Agente Fiscal y/o el Procurador General de la República. No se hará efectiva la libertad decretada sino después de ser aprobado dicho autor por el Tribunal Correccional.

Los que infrinjan las disposiciones contenidas en los artículos 43 al 45 y 47 al 53 del presente Decreto Ley, serán sancionados con multa no menor al monto de dos salarios mínimos vitales de la Provincia de Lima, de la actividad económica de más alta remuneración, ni mayor de veinte y con la clausura del establecimiento en su caso.

Los reincidentes serán considerados como autores del delito del tráfico ilícito de drogas previsto en el inciso e) del artículo 57, sin perjuicio de multa correspondiente.

Los representantes o mandatarios legales de las personas jurídicas que incurran en alguna infracción de las establecidas, serán solidariamente responsables con ésta, en el pago de la multa que se imponga.

El Comité Multisectorial de Control de Drogas a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Ley, tiene como atribuciones las siguientes:

1. Aprobar los lineamientos de política que proponga la Oficina Ejecutiva o establecer los que estime conveniente;

2. Dictar las normas complementarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la Ley, en especial las correspondientes a determinar las áreas de reducción progresiva del cultivo de coca y su comercialización.

3. Disponer la ejecución de acciones por parte de la Oficina Ejecutiva y encomendar las de control multisectorial que sean necesarias.

4. Proponer las medidas concernientes para alcanzar los objetivos de la Ley; y,

5. Designar el organismo que deba representar al país, en eventos internacionales, en atención a su especialidad.

En provincias ejercerán la función especial de supervisión y control de las actividades policiales y administrativas los Fiscales y Agentes Fiscales designados por las Cortes Superiores de Justicia, respectivas.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones del Perú -Decreto Ley 18071- ésta tiene como misión investigar y denunciar los delitos. En consecuencia, las autoridades políticas, civiles, militares que tuvieran conocimiento de la comisión de un delito o infracción administrativa previstos por la presente Ley, están obligadas, bajo responsabilidad, a comunicar el hecho en el término de la distancia a la dependencia PIP, más cercana, la que asumirá de inmediato la investigación y pondrá a los infractores a disposición de la autoridad competente.

Los hechos delictivos sancionados por la presente Ley, que ocurrieran en lugares del territorio nacional donde no exista Estación o Dependencia de la PIP, serán investigados y denunciados por la Guarida Civil, siempre y cuando los mismos no tengan vinculación con hechos que se encuentren en proceso de investigación por aquella.

Los Sectores Público y No Público están obligados a prestar todo tipo de información, colaboración técnica y de brindar las facilidades solicitadas por las organizaciones administrativas creadas en el presente Decreto Ley y por las Instituciones Policiales, en el cumplimiento de su función.

La inclusión de una nueva sustancia o la exclusión de alguna de las comprendidas en las listas anexas, podrá hacerse por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Salud.

En todo lo que no se encuentre previsto por el presente Decreto Ley con relación a los delitos y penas, así como a los procedimientos judiciales, regirán las normas del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, en su caso.

Transfiérase dentro del término de noventa días, computado a partir de la vigencia del presente Decreto Ley, la Empresa Nacional de la Coca del Sector Industria, Comercio, Turismo e Integración, comprendiendo en dicha transferencia el personal, los activos y pasivos de dicha Empresa.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

1) "Adormidera", a la planta del género papaver.

2) "Administrar", el caso de aplicar, inyectar, dar o hacer tomar una droga.

3) "Alucinógenos", "psicoactivos", o "psicodislépticos", a las sustancias naturales o sintéticas que producen distorsiones del tiempo o del espacio, visiones calcidoscópicas, alucinaciones y desdoblamiento de la personalidad pudiendo causar dependencia.

4) "Arbusto de coca", a la planta del género erythroxilon y sus especies y variedades erythroxilaceas.

5) "Cannabis" o "marihuana", a la Cannabis sativa L, planta dioica que contiene principios psicoactivos.

6) "Cocaína" a los alcaloides extraídos de las hojas del arbusto de la coca o preparados por síntesis a partir de la ecgonina, en todas sus formas o derivados, y que tienen la capacidad de crear dependencia.

7) "Comerciar", el acto de depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar, expedir en tránsito o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique a actividades ilícitas con drogas.

8) "Cultivo", el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar vegetales que contengan sustancias fiscalizadas.

9) "Dependencia", "Drogadicción" o "Fármaco Dependencia", al estado de intoxicación periódica o crónica motivada por el consumo repetido de una droga, o el estado psíquico o a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga, caracterizado por:

- Un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continua o periódica y de procurársela por cualquier medio.

- Una tendencia a ir aumentando progresivamente la droga.

- Un estado psíquico o psicológico y a veces físico por los efectos de la droga.

10) "Dependencia física", al estado mediante el cual el organismo se adapta a la droga y, que, al suspenderse su administración o al modificar su acción por la administración de un antagónico específico, provoca al síndrome de abstinencia.

11) "Dependencia psíquica", el estado de satisfacción y el impulso psíquico irreprimible que conduce a tomar una droga en forma periódica o continua.

12) "Dosis personal" o en "pequeña cantidad", es la cantidad de fármaco o droga que diariamente puede ingerir una persona por cualquier vía.

13) "Droga", a cualquier sustancia natural o sintética que, al ser administrada al organismo, altera el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento, provocando modificaciones físicas o psíquicas y que son susceptibles de causar dependencia; comprende las sustancias contenidas en las listas anexas; para los efectos de la represión penal, se considera únicamente las listas I y II A.

14) "Drogadicto" o "Fármaco Dependiente", a cualquier persona dependiente de drogas o que las usa indebidamente y en forma crónica.

15) "Fabricación", el acto de preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada ya sea por extracción de sustancias de origen natural o mediante síntesis químicas.

16) "Fiscalización", a las acciones del Estado, destinadas a controlar, de conformidad con necesidad médicas y científicas, el cultivo, la fabricación, comercialización y tenencia de drogas, con el objeto de preservar la salud.

17) "Instigación", toda acción que incite, provoque o induzca, promueva, favorezca o facilite el consumo de drogas.

18) "Medicamento", a los preparados que contengan drogas con fines terapéuticos.

19) "Opio", el látex coagulado espontáneamente obtenido de las cápsulas de la planta del género papaver.

20) "Rehabilitación", a las acciones destinadas a lograr la readaptación al medio bio-psico-social de las personas adictas a las drogas.

21) "Síndrome de abstinencia" al conjunto de síntomas consistentes en intensos transtornos físicos provocados en el organismo por la interrupción en la administración de una droga.

22) "Tráfico ilícito", toda acción u omisión dolosa tipificada como tal en el presente Decreto-Ley.

23) "Uso indebido", al acto de administrarse drogas con fines no medicinales ni de investigación científica.