Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 13 de Octubre de 2008 (Expediente: 003772-2007)

PonenteTicona Postigo
Fecha de Resolución13 de Octubre de 2008
EmisorSala Civil Transitoria
VocalesTicona Postigo, Solis Espinoza, Palomino Garcia, Castañeda Serrano, Miranda Molina
ProcedimientoCASACION

Corte Suprema de Justicia de la República

Sala Civil Transitoria

CASACIÓN 3772-2007

LAMBAYEQUE

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO

Lima, trece de octubre

Del año dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil setecientos setenta y dos – dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia;

MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por CAVALI ICLV Sociedad Anónima mediante escrito de fojas trescientos cuarenta y dos, contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas trescientos veintiocho, su fecha siete de junio del año dos mil siete, que revoca la sentencia apelada de fojas doscientos noventa y siete que declara fundada la demanda interpuesta contra la Empresa Agroindustrial Cayaltí Sociedad Anónima Abierta, con lo demás que contiene, y reformándola declara infundada la citada demanda;

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del siete de noviembre del año dos mil siete, por las causales previstas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la empresa recurrente denuncia:

I.-

la aplicación indebida de normas de derecho material. De los artículos mil setecientos sesenta y cuatro y mil quinientos setenta y nueve del Código Civil, pues en ningún momento han alegado que entre las partes haya existido un contrato de locación de servicios u otro contrato análogo gobernado directamente por las normas del Código Civil. La entidad recurrente brinda servicios de registro, transferencia y custodia de valores, representados mediante anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable, así como la compensación y liquidación de operaciones que se negocien o no en mecanismos centralizados de negociación (bolsa de valores), razón por la cual las obligaciones pecuniarias generadas como contraprestación por las anotaciones registrales vienen impuestas por la ley especial bursátil, como es la Ley del Mercado de Valores, en especial los artículos diecinueve, doscientos doce, doscientos diecinueve y doscientos veintitrés, y no por un contrato civil; II.-

la interpretación errónea de una norma de derecho material. Del artículo doscientos treinta y cinco de la Ley del Mercado de Valores, toda vez que la naturaleza jurídica de la remuneración que percibe CAVALI ICLV Sociedad Anónima es de carácter legal, es decir, nace de la imposición de una norma jurídica que genera obligatorio cumplimiento a los destinatarios de ésta. Las remuneraciones que percibe la empresa antes mencionada son previamente aprobadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), es decir, no son fijadas libremente por la actora, siendo por lo tanto una actividad privada altamente reglada por la administración pública pertinente. Las remuneraciones que actualmente están en vigencia, y que vienen siendo reclamadas en este proceso, han sido aprobadas mediante la

Resolución

CONASEV número cero cincuenta y siete – dos mil dos – EF noventa y cuatro punto diez, acto administrativo que obra en los autos de este expediente; III.-

la inaplicación de normas de derecho material. De los artículos trece, doscientos doce, doscientos diecinueve y doscientos veintitrés de la Ley del Mercado de valores, pues para resolver el caso de autos, era determinante que el Colegiado aplique la Ley del Mercado de Valores y no las normas del Código Civil, en razón que la primera Ley es especial y se superpone a la segunda, en virtud al principio de que la Ley especial prima sobre la Ley general. La inaplicación de las normas citadas ha dado lugar a que se descarten los efectos jurídicos previstos por los artículos treinta y ocho y ciento nueve de la Constitución Política del Estado; y, IV.-

la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto:

a.-

Se ha transgredido lo dispuesto en el artículo ciento treinta y nueve inciso quinto de la Constitución Política del Estado y el artículo ciento veintidós incisos tercero y cuarto del Código Procesal Civil, pues la sentencia de vista contiene una mera o aparente motivación, ya que se ha resuelto este proceso revocando la sentencia del A quo, pero no se ha explicado cuál fue la lógica aplicada para arribar a la conclusión final, ya que se imponen normas no invocadas por las partes (como el artículo mil quinientos setenta y nueve del Código Civil, que se refiere a la caducidad en la compra venta sobre medida), dando lugar a una motivación arbitraria que no tiene en cuenta la primacía de la Ley especial sobre la general, en este caso, de la Ley del Mercado de Valores sobre las normas del Código Civil; b.-

Se ha transgredido el principio de congruencia procesal previsto en el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que impide a los Magistrados que alteren o excedan las pretensiones contenidas en el proceso, toda vez que se ha declarado infundada la demanda sólo porque no se ha probado con contrato alguno la obligación puesta a cobro, como si las obligaciones sólo nacieran producto de un contrato, obviando el Colegiado que ellas también pueden derivar de una norma vigente, como es el caso de autos, pues el derecho a que CAVALI ICLV Sociedad Anónima cobre su remuneración, deriva de la Ley del Mercado de Valores. El Colegiado Superior absurdamente ha invocado normas que no han sido citadas por las partes y que no tenían relevancia para los autos; y,

CONSIDERANDO

Primero

-

Que, existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada, se dispondría el reenvío de la causa al estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida;

Segundo

-

Que, conforme aparece de lo actuado, CAVALI ICLV Sociedad Anónima ha interpuesto demanda para que la Empresa Agroindustrial Cayaltí Sociedad Anónima Abierta cumpla con retribuirle por los servicios prestados a consecuencia de la inscripción de sus valores en sus registros contables en bolsa. El monto adeudado, y sucesivamente ampliado a lo largo del proceso -por haberse reservado el derecho la actora-, asciende a las sumas de tres mil ochocientos cuarenta y seis nuevos soles con ochenta céntimos y siete mil cuatrocientos sesenta dólares americanos con cincuenta y un centavos, sumas acumuladas hasta el mes de julio del año dos mil seis, todas ellas acreditadas con las facturas y avisos de cobranza que obran de fojas nueve a noventa, doscientos siete a doscientos quince, doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta y siete y doscientos cincuenta y siete a doscientos setenta, recepcionadas por la empresa emplazada, incluyendo las cartas notariales y simples que obran de fojas noventa y uno a ciento cuatro que ponen de manifiesto la correspondencia mantenida entre ambas partes con relación a los adeudos que se reclaman;

Tercero

-

Que, al absolver el traslado de la demanda, el Fideicomiso de Gestión y Administración de los Activos y Pasivos de la Empresa Agroindustrial Cayaltí Sociedad Anónima Abierta sostiene que, en efecto, la empresa participa en el mercado de valores por mandato de la ley, pero alega que la entidad demandante no ha precisado el tipo de servicio prestado, ni el tipo de tarifa aplicado y que no se ha acompañado el respectivo contrato en el que se haya pactado la mencionada prestación de los servicios;

Cuarto

-

Que, el Juez de la causa ha amparado la demanda interpuesta sobre la base de las siguientes consideraciones:

i.-

La empresa demandada, en su condición de Sociedad Anónima Abierta, se encuentra supervisada y controlada por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y, como tal, está obligada a inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores, tal como se establece en los artículos doscientos cincuenta y dos y doscientos cincuenta y tres de la Ley General de Sociedades; ii.-

La entidad demandante percibe, por los servicios que presta, una retribución, precisándose en su Reglamento Interno (

Resolución

CONASEV número cero cincuenta y siete – dos mil dos – EF noventa y cuatro punto diez), que por aquellos servicios emitirá comprobantes de pago de forma diaria, mensual o en la oportunidad en la que preste el servicio; siendo que en autos la actora ha emitido -por el servicio de anotación en sus registros contables de los valores de la empresa demandada- facturas desde el mes de julio del año mil novecientos noventa y siete; iii.-

CAVALI ICLV Sociedad Anónima ha cumplido con señalar en su escrito postulatorio que la deuda deriva del servicio de inscripción, en sus registros contables, de los valores de la empresa demandada; iv.-

Respecto de la tarifa aplicada, se aprecia de todos los documentos que la cobranza es mensual y se aplica la tarifa básica, siendo que en el Reglamento Interno de CAVALI ICLV Sociedad Anónima, aprobado por la

Resolución

CONASEV número cero cincuenta y siete – dos mil dos – EF noventa y cuatro punto diez, se establece que las tarifas máximas de dicha entidad son aprobadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), pudiendo CAVALI ICLV Sociedad Anónima cobrar tarifas menores o incluso no cobrarlas; v.-

En cuanto a que no existiría un contrato entre las partes, la empresa demandada no ha formulado observación alguna a las cartas simples y notariales que le ha remitido la actora, reclamándole el cobro de los servicios prestados, las que sumadas a las facturas y avisos de cobranza recibidos por la demandada, sin observación alguna, evidencian que aquélla viene haciendo uso de los servicios prestados por la entidad actora;

Quinto

-

Que, sin embargo, la Sala Superior ha revocado la sentencia apelada y ha declarado infundada la demanda interpuesta, señalando que:

i.-

Nos encontramos ante un contrato previsto en el artículo mil setecientos sesenta y cuatro del Código Civil (locación de servicios) y que, en tal sentido, en virtud a lo normado en el artículo mil quinientos setenta y nueve (sic) del mismo Código, cuando el servicio sea remunerado, la retribución se pagará después de prestado el servicio o aceptado su resultado; ii.-

De conformidad con el artículo doscientos treinta y cinco de la Ley del Mercado de Valores, las remuneraciones son propuestas por la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, pero deben ser aprobadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV); iii.-

Las facturas y las cartas de requerimiento de pago resultan insuficientes para amparar la demanda, puesto que no prueban de manera idónea la celebración del contrato y el cumplimiento del mismo (sic), y menos se ha acreditado que los precios que aparecen en las facturas hayan sido aprobados por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV);

Sexto

-

Que, es necesario poner en relieve, en primer lugar, que la sentencia de vista objeto de impugnación no es una que confirme la apelada, por el contrario, la revoca, por lo que se espera que los fundamentos que sustenten tal decisión sean suficientes e idóneos para que los justiciables puedan comprender las razones que dan lugar a que la decisión del A quo no sea ratificada. En segundo lugar, si bien una sentencia no puede calificarse a priori como defectuosamente motivada por no citar normas jurídicas de carácter material, o por el hecho de desarrollarse en limitados considerandos, no obstante, sí puede calificarse de defectuosa a aquella motivación que, pese a su sucinta redacción, adolece de logicidad, congruencia y coherencia en su desarrollo, así como el debido análisis de la prueba actuada, incluyendo la debida correlación o concatenación entre las normas en las que se sustenta y las conclusiones fácticas que emanan del presente caso, de forma tal que dicha omisión deriva en una motivación aparente;

Sétimo

-

Que, en este proceso, se advierte que los fundamentos que sustentan la sentencia de vista son aparentes, por cuanto:

I.-

La Sala Superior sostiene, primero, que existiría un contrato de locación de servicios entre las partes, para luego señalar que en realidad los servicios que brinda la empresa demandada se rigen por las leyes especiales del mercado de valores, y finalmente concluir que no existen documentos que acrediten la existencia de un contrato; es decir, no se llega a establecer con claridad y exactitud si los servicios por cuyo pago se reclama debían ser prestados necesariamente mediando un contrato o si bastaba el sólo registro de los valores de la empresa demandada por mandato de la ley (Ley General de Sociedades), para dar lugar a que se genere a favor de la entidad demandante una obligación de pago o retribución; II.-

Se cita erradamente el artículo mil quinientos setenta y nueve del Código Civil para fundamentar la necesidad del pacto para dar origen a las retribuciones por locación de servicios, cuando la citada norma regula la caducidad de la acción rescisoria en los contratos de compra venta sobre medida; III.-

Se invierte indebidamente la carga de la prueba para que sea la entidad demandante quien acredite que las tarifas que cobra no han sido aprobadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), cuando quien ha venido cuestionando este hecho ha sido la parte demandada, por lo que en virtud a lo normado en el artículo ciento noventa y seis del Código Procesal Civil, corresponde a esta última probar los hechos que alega en su contestación; IV.-

No se explica cómo es que las facturas y avisos de cobranza son insuficientes para acreditar la existencia de la obligación que se demanda, pues no se desvirtúa de forma adecuada la conclusión arribada por el Juez de la causa, en el sentido de que los indicados documentos han sido recepcionados por la empresa demanda sin objeción alguna; y, V.-

Tampoco se hace referencia alguna al Reglamento Interno de CAVALI ICLV Sociedad Anónima, aprobado por la

Resolución

CONASEV número cero cincuenta y siete – dos mil dos – EF noventa y cuatro punto diez, que ha sido aplicado por el A quo como sustento jurídico de su fallo, principalmente para efectos de determinar la legitimidad del cobro de las tarifas mensuales por los servicios prestados a la demandada;

Octavo

-

Que, a la luz de lo expuesto, este Supremo Tribunal advierte que los fundamentos esgrimidos por la Sala Superior son sólo aparentes, en la medida que resultan insuficientes para motivar la revocatoria de la sentencia apelada, pues además de ser contradictorios, se omite rebatir la totalidad de los argumentos fácticos que motivaron al Juez de la causa a declarar fundada la pretensión demandada y, en ese sentido, la sentencia impugnada contiene una decisión que no resulta congruente con los fundamentos en los que se sustenta y, por tanto, se trata de un fallo que no se ajusta al mérito de lo actuado, vulnerando así lo dispuesto en el artículo ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil, que obliga a los Jueces motivar sus resoluciones, haciendo mención sucesiva de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito de lo actuado; razón por la cual los dos extremos de la causal procesal (punto IV, acápites a.-

y b.-

) resultan fundados;

Noveno

-

Que, en consecuencia, al verificarse la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, debe ampararse el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el numeral dos punto uno, inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil, careciendo de objeto pronunciarse sobre las causales materiales admitidas;

RESOLUCIÓN

declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por CAVALI ICLV Sociedad Anónima mediante escrito de fojas trescientos cuarenta y dos; CASARON la resolución impugnada y, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas trescientos veintiocho, su fecha siete de junio del año dos mil siete; MANDARON que la Sala Superior emita nueva resolución, conforme a lo actuado y a derecho; DECLARARON que carece de objeto pronunciarse respecto de las causales invocadas sobre aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de normas derecho material; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por CAVALI ICLV Sociedad Anónima contra la Empresa Agroindustrial Cayaltí Sociedad Anónima; sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor T.P..-

S.S.

TICONA POSTIGO

SOLÍS ESPINOZA

PALOMINO GARCÍA

CASTAÑEDA SERRANO

MIRANDA MOLINA

c.b.s.

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