Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 6 de Octubre de 2011 (Expediente: 002745-2010)

Fecha de Resolución 6 de Octubre de 2011
EmisorSala Civil Permanente
Expediente002745-2010
ProcedimientoCASACION

Lima, seis de octubre del dos mil once.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa en la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:

  1. MATERIA DEL RECURSO

    Se trata en el presente caso del recurso de casación, interpuesto por la demandante doña E.A.P.C., mediante escrito de fojas cuatrocientos veintidós a cuatrocientos veinticuatro, contra la sentencia de vista contenida en la

    Resolución

    Nº cuatro II; su fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, obrante a fojas trescientos noventa a trescientos noventa y seis, emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la resolución número veintisiete, expedida en la audiencia única, que obra a fojas trescientos noventa y siete, que declara improcedente el ofrecimiento del medio probatorio consistente en pericia grafotécnica; confirma la

    Resolución

    número veintiocho, expedida en la audiencia única, que obra de fojas trescientos dieciocho a trescientos diecinueve, que declara infundadas las tachas formuladas a las documentales de fojas doscientos sesenta y siete a doscientos noventa y cuatro y confirma la sentencia de primera instancia contenida en la contenida en la

    Resolución

    número treinta y uno, de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, que obra a fojas trecientos cuarenta y dos a trescientos cuarenta y siete, que declara improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, interpuesta por doña E.A.P.C. contra Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía Sociedad Anónima, con costas y costos.

  2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

    La Sala mediante resolución de fecha seis de octubre del dos mil once, ha estimado procedente el recurso de casación por la causal de la infracción normativa sustantiva que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; sustentada en la interpretación errónea de los artículos 1412 y 1549 del Código Civil; alegando que en autos ha surgido la incorporación de una tercera, a quien la misma compañía vendedora, le "transfirió" un porcentaje diferente de acciones y derechos del mismo inmueble, premiando la Sala Superior el comportamiento de una vendedora maliciosa y de una tercera que frente a su derecho, ostenta un instrumento público, sin observar que en un proceso de otorgamiento de escritura pública, no se discute el derecho de propiedad ni el conflicto en relación a ello, tal y como se ha establecido en la sentencia casatoria N° 2825-06. Señala que es evidente que existiría una discusión sobre el derecho de propiedad que debe ser tramitado en otra causa distinta, puesto que dicho derecho no puede ser discutido en esta vía, en la que se trata de compeler a la compañía vendedora demandada a llenar una formalidad que está demostrada en el contrato de compraventa de la recurrente, de fecha dos des setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, distinto a lo invocado por la Sala Superior.

    Expresa que es en este contexto fáctico y jurídico, que la declaración contenida en el considerando décimo tercero de la impugnada, el cual contiene un pronunciamiento inhibitorio, conlleva a que el mencionado órgano jurisdiccional se aparte de resolver con sujeción a los hechos controvertidos y al derecho reclamado, por cuanto tiene incólume su derecho de que se formalice y eleve a Escritura Pública la minuta de compraventa demandada, en atención al pacto expreso contenido en ésta, ya que su derecho de propiedad, no es objeto de pronunciamiento en esta litis, al no haber sido peticionado.

    Alega que el hecho de haberse advertido lo expuesto en el décimo segundo considerando, ello sólo demuestra la actitud de malicia con que ha procedido la demandada Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía Sociedad Anónima en colusión con la litisconsorte, cuya finalidad es la de sustraerse de la obligación de formalización del acto jurídico de compraventa; controversias que si bien han emergido en esta litis, sin embargo no resulta viables ni pertinentes ser declarados ni discutidos en este proceso, en el cual es de aplicación el artículo 1549° concordante con el artículo 1412° de! mismo Código, esto es, el cumplimiento de otorgar la escritura pública constituye una formalidad indispensable a cargo de la demandada.

    Sostiene que existe pues infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución de vista, al haberse interpretado erróneamente el artículo 1549° y 1412° del Código Sustantivo, toda vez que la afirmación de la existencia de un proceso de nulidad de acto jurídico, así como de la existencia de otro contrato de compraventa a favor de la litisconsorte S.C.F.A., solo es demostrativo de la mala fe con que procede la vendedora demandada.

  3. CONSIDERANDO

    PRIMERO

    - Que, se debe destacar previamente que una sentencia inhibitoria constituye una resolución judicial, mediante la cual el A quo o el Tribunal Ad quem se inhiben de expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; porque deviene en imposible, resolver un conflicto de intereses hasta que no se subsanen los defectos de forma, la omisión o deficiencia advertidas por el respectivo órgano jurisdiccional.

    SEGUNDO

    - Que, en ese sentido, se puede constatar en autos que, ambas instancias expiden un pronunciamiento inhibitorio por haber declarado improcedente la demanda; no obstante, aún cuando mediante el auto calificatorio se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa sustantiva que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; sustentada en la interpretación errónea de los artículos 1412 y 1549 del Código Civil - lo que correspondería a un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia - ; ello no exime a este Supremo Tribunal en caso de advertir errores in procedendo o in cogitando de analizar las infracciones de carácter procesal a fin de establecer si efectivamente se vulneró o no el debido proceso, esto conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 396 del Código Procesal Civil y en atención a los siguientes fundamentos.

    TERCERO

    - Que, según P.H. 1 que.- ?Ninguna sociedad que se precie de mantener una sólida identidad con el bien común, puede soslayar que la Norma Fundamental encierra todo un complejo cultural, en el que es posible identificar un ?mínimo común axiológico?, esto es, el punto de encuentro entre los valores básicos de la comunidad. Así, ?la Constitución no se limita a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación (...) de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos. (...). De ahí que los propios textos de la Constitución deban ser literalmente ?cultivados? (la voz ?cultura? como sustantivo procede del verbo latino cultivare) para que devengan auténtica Constitución?.

    CUARTO

    - Que, además el Tribunal Constitucional expresa que 2 .- ?El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una N.J., es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto. Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar paso ?de la mano del principio político de soberanía popular ? al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo.

    QUINTO

    - Que, sobre la base de lo expuesto se puede colegir que el debido proceso esta reconocido constitucionalmente en el numeral 3º del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y está calificado como un derecho humano fundamental, por su parte la doctrina ha conceptuado el debido proceso adjetivo o formal como un derecho humano o fundamental que asiste a toda persona por el sólo hecho de serlo, y que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente, en tanto que el debido proceso sustantivo no solo exige que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa. En este punto se debe destacar que la justicia se sustenta en la verdad, sin verdad no puede existir justicia y el sustento para declarar la verdad es la prueba; en ello reside la exigencia de que al motivarse la sentencia, exponga el Juez, el resultado de la valoración que ha efectuado de los medios de prueba actuados en el proceso. En consecuencia, el J. no puede emitir una sentencia justa, si su decisión no la sustenta en pruebas actuadas en el proceso. Este concepto, que perfila el debido proceso sustantivo, guarda nexo íntimo con el debido proceso adjetivo o formal, pues necesariamente el juzgamiento debe hacerse conforme a normas procesales imperativas de rango constitucional que sean razonables, ya que éstas deben otorgar, en abstracto, la posibilidad de defensa, de debido emplazamiento, de ser oído, de prueba, de sentencia motivada, entre otros; subsecuentemente, nadie puede ser sentenciado sin ser previamente escuchado o, por lo menos, sin habérsele dado la posibilidad concreta y objetiva de exponer sus razones ante el Juez competente llamado por ley para emitir el fallo.

    SEXTO

    - Que, consecuentemente el debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional según F.L. 3.- "por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez esta conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integrantes, y que se refieren ya sea a las estructuras y características del Tribunal, al procedimiento que debe seguir y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa". Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías, cuyo disfrute se convierte en garante el Juez, dentro del desarrollo de su función jurisdiccional que incluyen, la tutela jurisdiccional efectiva, la observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada por Ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) entre otros.

    SÉTIMO

    - Que, por tanto la infracción normativa procesal se configura, entre otros supuestos, que durante el desarrollo del proceso, no se han respetado principios y garantías del proceso en las instancias de mérito; por cuanto, se han obviado o alterado actos de procedimiento, lo cual ha generado que la tutela jurisdiccional no haya sido efectiva; y haya influido para que incumpla con el deber de motivar sus decisiones y lo haya realizado en forma incoherente, con clara trasgresión del derecho vigente, y sobre todo de los principios procesales.

    OCTAVO

    - Que, antes de continuar con el análisis del proceso y lograr verificar la existencia o no de infracciones jurídicas procesales; corresponde realizar algunas referencias fácticas, sobre este caso concreto; ya que sin hechos no puede haber derecho; realizando un resumen de la controversia suscitada, materia del presente proceso. En ese sentido se aprecia que mediante la presente demanda sobre otorgamiento de escritura pública contenida en el escrito de fojas veinte a veinticuatro subsanada a fojas veintinueve, interpuesta por doña E.A.P.C. contra la Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora "Santa Lucía" Sociedad Anónima solicita que se ordene a la demandada que suscriba la escritura pública respecto del 76.58% de las acciones y derechos del bien inmueble ubicado en el Jirón Prolongación Gamarra N° 745 tienda N° 402 en el distrito de La Victoria, el mismo que lo ha adquirido de la empresa demandada conforme consta del Contrato de Compra Venta de fecha dos de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, obrante a fojas tres; sosteniendo esencialmente que la demandada era propietaria del 100% del inmueble sublitis e inscrito en los Registros Públicos respectivos y que con fecha dos de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, suscribió con la demandada contrato de compra venta mediante el cual adquirió el 76.58 % de las acciones y derechos del inmueble sub litis, pactándose el precio de la transacción en la suma de quinientos mil nuevos soles, que fueron íntegramente cancelados a la firma del referido contrato, y que una vez pagado el precio la actora tiene la posesión de la propiedad materia del presente proceso. Indica que según la cláusula novena del referido contrato, el porcentaje adquirido corresponde a un área superficial real de 41.14m2. Refiere también que en su condición de legítima propietaria ha efectuado pagos por concepto del Impuesto al Patrimonio Predial No Empresarial con las correspondientes declaraciones juradas de autovaluo. Añade que pese al tiempo transcurrido la demandada no ha cumplido con otorgarle la respectiva escritura pública. Sostiene que se le cursó a la emplazada la invitación para conciliar, no llegándose a ningún acuerdo conciliatorio, debido a la inasistencia de la demandada a las dos Audiencias de Conciliación. Ampara su pretensión jurídicamente en los artículos 1351°, 1352°, 1402°, 1412° y 1529° del Código Civil

    NOVENO

    - Que, los puntos controvertidos fijados en el Acta de Audiencia de Saneamiento Procesal, Conciliación y Pruebas de fojas trescientos diez a trescientos veinte, se circunscriben en determinar si la demandada Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora "Santa Lucía" Sociedad Anónima, debe otorgar a la demandante, la escritura pública de compraventa respecto del 76.58 % de las acciones y derechos del bien inmueble ubicado en el Jirón Prolongación Gamarra N° 745, Tienda N° 402, Distrito de la Victoria, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° 43418874 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.

    DÉCIMO

    - Que, las respectivas instancias coinciden en declarar improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, interpuesta por doña E.A.P.C. contra Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía Sociedad Anónima, con costas y costos; siendo los principales fundamentos de la sentencia de vista recurrida; obrante a fojas trescientos noventa a trescientos noventa y seis, que el contrato de compra venta es uno de carácter consensual, es decir se perfecciona con el simple consentimiento de las partes; sin embargo, la escritura pública respecto de él se constituye en medio de prueba de la existencia del acto, de tal manera que este documento ad probationem da mayor seguridad a quienes lo otorgan, pudiendo las partes compelerse recíprocamente a cubrir esta formalidad, en vía sumaria, conforme lo establece el artículo 1412 del Código Civil en concordancia con el artículo 1549 del citado Código y, para ello se requiere de una minuta en la que se exprese tres elementos del contrato de compra venta: objeto, precio y consentimiento expreso en forma escrita. Agrega, que si bien es cierto que el otorgamiento de escritura pública constituye una obligación del vendedor en atención a las normas invocadas, lo que en principio procedería con la presentación del contrato o minuta respectiva que implique regularizar la formalidad requerida; también lo es que ante un cuestionamiento judicial del acto jurídico que contiene dicha instrumental, tal formalidad no podría ordenarse mientras no se tenga la seguridad de su validez. Con mayor razón si el proceso civil está destinado a resolver un conflicto de intereses y, lograr la paz social en justicia, como lo prevé el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Precisa que de autos se advierte que la litisconsorte necesaria doña S.C.F.A., quien tiene inscrita a su nombre el 78. 80% de los derechos y acciones del inmueble inscrito en la Partida N° 43418874 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y C., como es de verse de fojas seis a once, porcentaje-inmueble que viene a ser el mismo objeto de venta celebrada por la demandante con la empresa demandada; ha planteado demanda contra la ahora demandante E.A.P.C. y la demandada Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía Sociedad Anónima, pretendiendo la nulidad del acto jurídico contenido en la minuta del dos de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que corre de fojas tres a cinco, la que ha sido presentada por la demandante para lograr su pretensión de otorgamiento de escritura pública. Establece la S. Superior que la demandante ha demandado a la litisconsorte necesaria, a don B.R.D.A. y a la Oficina del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y C., sobre nulidad de acto jurídico respecto de la escritura pública de compra venta celebrada el veintisiete de diciembre del dos mil uno y la cancelación de la inscripción registral que aparece anotada en la Partida N° 43418874 del Registro de Propiedad Inmueble, a favor de la litisconsorte S.C.F.A.. Concluye que siendo ello así y, luego de haberse valorado de manera conjunta y razonada lo actuado en este proceso, como lo ha realizado el A quo en atención a lo previsto por el artículo 197 del Código Procesal Civil, el Colegiado no puede emitir una decisión sobre el fondo de la controversia, sino más bien una inhibitoria al advertir que no existe conexión lógica-jurídica entre los hechos (conocidos a lo largo del proceso) y el petitorio, al presentarse una "demanda objetivamente improponible"; por lo que en virtud del artículo 427 inciso 5º de! Código Procesal Civil se debe confirmar la apelada que declara improcedente la demanda.

    DÉCIMO PRIMERO

    - Que, absolviendo los argumentos del recurso de casación se debe destacar que la presente controversia radica en determinar si la demandada debe otorgar a la demandante, la escritura pública de compraventa respecto del 76.58 % de las acciones y derechos del bien inmueble materia de litis e inscrito en la Partida Electrónica N° 43418874 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima. Por tanto, mediante el presente proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública se pretende la formalización de un acto jurídico porque lo determina la ley o porque así lo han acordado las partes; lo que implica que por mandato del artículo 1529 del Código Civil existe un contrato de compraventa cuando el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero; consecuentemente no podría exigirse al vendedor que cumpla con su obligación de formalizar la compraventa otorgado por la correspondiente escritura pública cuando el comprador no ha cumplido con su obligación de cancelar el precio; lo que no ha sucedido en el caso de autos; pues ambas instancias han determinado que la demandante en su calidad de compradora ha cancelado el íntegro de la prestación a su cargo correspondiente al precio del inmueble materia de litis; por ende, si conforme al artículo 1412 del Código Civil ,4 el aludido proceso de otorgamiento de escritura pública es uno en el cual ante la realización de un determinado contrato una de las partes puede compeler a la otra a cumplir con la formalización de suscribir la escritura pública cuando así se disponga, ya sea por el propio contrato o por mandato legal; entonces en el supuesto de cumplimiento de la formalidad sea por mandato de ley o por convenio entre las partes, genera necesariamente la realización antelada de un acto jurídico, que es precisamente el que va a ser materia de la formalización por escritura pública; pues tratándose de un contrato de compraventa en el que el comprador no cuenta con escritura pública, nada obsta compeler a su vendedor para su otorgamiento aún cuando no se encuentre expresamente señalado en el contrato, dado que tal deber de perfeccionar la transferencia resulta del artículo 1549 del Código acotado, concordado con el propio artículo 1412 y los artículos 2010 y 2022 del Código Civil, por los que se otorga seguridad al adquirente de la propiedad.

    DÉCIMO SEGUNDO

    - Que, sobre la base de lo expuesto se puede colegir que la Sala Superior no puede eximirse de su labor de expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y no inhibitorio, como ha sucedido en el presente caso, el cual está sustentado en que.- ?ante un cuestionamiento judicial del acto jurídico que contiene la minuta de compraventa cuya escritura pública se pretende mediante el presente proceso, tal formalidad no podría ordenarse mientras no se tenga la seguridad de su validez?; lo que desnaturaliza el presente proceso donde no se discute el derecho de propiedad de las partes como tampoco el conflicto que nace del mismo; pues ello corresponde tramitarse en un cauce procesal distinto al presente proceso; consecuentemente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo trescientos noventa y seis, primer párrafo del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número veintinueve mil trescientos sesenta y cuatro, correspondería emitir un fallo en sede de instancia; no obstante, la labor de explicar porque la parte demandada estaría obligada o no a otorgar a la parte demandante la escritura pública con la finalidad de formalizar un acto jurídico denominado compraventa porque así lo han acordado ambas partes; ello presupone la valoración de las pruebas y de los hechos, lo cual resulta ajeno a la labor casatoria, que debe circunscribirse a los fines establecidos por el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Procesal Civil. Por esta razón, es menester efectuar un reenvió excepcional hasta la primera instancia con la finalidad de no afectar el principio de doble instancia; debiendo para ello el Juez de la causa, renovar el acto procesal viciado, esto es, emitir una nueva sentencia expresando las razones mediante una resolución motivada, lo que implica el razonamiento que lo lleva a adoptar su decisión y expresar la valoración conjunta y razonada de las pruebas obrantes en autos, esto es, fundamentar su decisión y motivar por escrito su valoración probatoria; explicando por que considera o no acreditado un determinado supuesto fáctico, al menos, en sus consideraciones esenciales. Además al resultar fundada la causal de la infracción normativa procesal en forma excepcional; carece de objeto pronunciarse sobre la causal de la infracción normativa sustantiva basada en la interpretación errónea de los artículos 1549° y 1412° del Código Sustantivo; pues resultaría prematuro, al no responder las sentencias de mérito a las reglas y, pautas de procedimiento de cumplimiento obligatorio que han sido establecidas por la Ley Procesal, infringiéndose de esta forma la garantía contemplada en los incisos tercero y quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Carta Magna, que además repercute sobre la motivación de las mismas.

  4. DECISIÓN

    Por estas consideraciones estando a lo expuesto y de oficio en aplicación excepcional, del tercer párrafo del artículo 396 inciso 3º del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo del dos mil nueve:

    Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante doña E.A.P.C., mediante escrito de fojas cuatrocientos veintidós en consecuencia declararon: NULA la sentencia de vista contenida en la

    Resolución

    Nº cuatro-II; su fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, obrante a fojas trescientos noventa, emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, que obra a fojas trescientos cuarenta y dos.

    ORDENARON que el J. de la presente causa expida nueva resolución conforme a Ley y atendiendo a los fundamentos precedentes;

    DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por doña E.A.P.C. con la empresa Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora "Santa Lucía" Sociedad Anónima sobre otorgamiento de escritura pública. y los devolvieron. Interviene como ponente el J.S.C.S..

    SS.

    ALMENARA BRYSON

    DE VALDIVIA CANO

    VINATEA MEDINA

    CASTAÑEDA SERRANO

    MIRANDA MOLINA

    Cn/at

    1 Häberle, P.. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Traducción de E.M.. Tecnos. Madrid, 2000, págs. 34-35.

    2 Fundamentos §2. La Constitución como norma jurídica. Expediente Nº 5854-2005-PA/TC PIURA

    3 F.L., H.. "El Derecho a un Juicio Justo". En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17.

    4 Artículo 1412 del Código Civil.- Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenarla formalidad requerida.

    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

    SALA CIVIL PERMANENTE

    SENTENCIA

    CAS.N°. 2745-2010

    LIMA

    PAGE 13