Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 2 de Julio de 2003 (Expediente: 000455-1999)

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2003
EmisorSala Civil Permanente
Expediente000455-1999
ProcedimientoDEMANDA

1

SENTENCIA

AV. N° 455-99

LIMA

Lima, dos de julio del dos mil tres.-

VISTOS; con los acompañados, en audiencia pública de la fecha, la Sala

Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, emite la

presente sentencia:

RESULTA DE AUTOS:

1) Que por escrito de fojas trescientos trece, doña Rosario Mamaría

Velarde en representación del Centro Ocupacional de Gestión No estatal

(CEOGNE) `San Agustín interpone demanda contencioso-administrativa

contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y don Víctor

Palomino Mercado para que se dedare la invalidez o ineficacia de la

Resolución

número 0269-19991TDC-INDECOPI de fecha once de agosto

de mil novecientos noventinueve, expedida por la Sala de Defensa de la c

Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la

Propiedad Intelectual del INDECOPI, que confirma la

Resolución

número

190-99-CPC de fecha tres de mayo del mismo año, en el extremo que

declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Víctor Palomino

Mercado contra el Centro de Educación Ocupación de Gestión No

Estatal San Agustín, y reformándola en el extremo que impuso a este

último una multa de una Unidad Impositiva Tributaria, la misma que se

graduó y modificó, fijándola en cinco Unidades Impositivas Tributarias.

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2) Señala como fundamentos de hecho que su representada es una

institución educativa que goza de prestigio dentro de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, tal como se acredita con los diplomas

de felicitaciones y reconocimiento por sus servicios de extensión social

de la Comunidad Universitaria, gozando también de gran trayectoria

dentro del Distrito de San Juan de Miraflores, siendo que nunca ha

recibido quejas por parte de sus alumnos. Agrega respecto al folleto

informativo con el que publicitaba sus servicios educativos, que

claramente especificaba que la certificación de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos era sólo para algunos cursos libres y no para la

carrera técnica que conduce a la obtención del certificado de Técnico en

Computación e Informática.

3) Mediante resolución de fojas trescientos veintiséis, se admite a trámite

la demanda contencioso-administrativa en la vía del proceso abreviado.

Por escrito de fojas trescientos sesentiuno, el Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual

(INDECOPI) se apersona a la instancia y contesta la demanda en forma

negativa, alegando que la resolución administrativa impugnada no ha

incurrido en ninguna causal de nulidad que determine su invalidez o

ineficacia, por lo que concluye solicitando que se declare infundada la

demanda. A fojas trescientos setentisiete don Víctor Alejandro Palomino

Mercado contesta la demanda negando los hechos allí contenidos,

manifestando que se matriculó persuadido que al finalizar los estudios se

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le entregaría un certificado otorgado por el Centro de Estudios y

Sistemas San Agustín (CESSAG) a nombre de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos, sin embargo no fue así, siendo sorprendido con

publicidad engañosa por la accionante cuya demanda debe dedararse

infundada. Por auto de fojas cuatrocientos doce se dedara la existencia

de una relación jurídica procesal válida y por consiguiente saneado el

proceso, siendo que en la audiencia correspondiente cuya acta obra a

fojas cuatrocientos cuarentidós se fija los puntos controvertidos y se

admiten los medios probatorios; mediante auto de fojas cuatrocientos

setenticuatro, esta Sala Suprema se avoca al conocimiento de la

presente causa en virtud de la

Resolución

Administrativa de Presidencia

02-2001-P-CS-PJ, resolviendo prescindir de la audiencia de pruebas; a

fojas quinientos uno el señor Fiscal Supremo en lo Civil emite el

dictamen correspondiente, quedando expedita la causa para sentenciar.

CONSIDERANDO

S:

Primero

- El artículo 148 de la Constitución Política del Estado establece

que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles

de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa; y el

artículo 540 del Código Procesal Civil señala que la demanda

contencioso-administrativa tiene por objeto dedarar la invalidez o

ineficacia de la resolución administrativa.

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Segundo

- Se ha fijado como único punto controvertido el determinar la

validez o invalidez de la

Resolución

0269-99/TDC-INDECOPI de fecha

once de agosto de mil novecientos noventinueve, respecto a la

pretensión de la demandante consistente en invalidar la indicada

resolución.

Tercero

- En el ámbito del Derecho Administrativo las categorías de

invalidez se expresan de dos maneras: a través de la nulidad absoluta y

de la nulidad relativa o anulabilidad. Es así que en el artículo 43 del

Decreto Supremo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de

Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en cuya vigencia

se dictó la

Resolución

Administrativa que se impugna en la demanda, se

establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que

son dictados por órgano incompetente, sean contrarios a la Constitución

y a las leyes, los que contengan un imposible jurídico, y los que se

hayan dictado prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento

y de las formas previstas por la ley.

Cuarto

- El Decreto Legislativo 716 -Ley de Protección al Consumidor-

en su artículo 5 inciso b) establece, entre otros derechos de los

consumidores, a recibir de los proveedores toda la información necesaria

para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente

informada en la adquisición de productos o servicios; por su lado, el

artículo 15 del precitado ordenamiento dispone que el proveedor está

obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada, muy

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fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los

productos y servicios ofertados. La misma norma, en su segundo

párrafo, establece que está prohibida toda información o presentación

que induzca al consumidor a error respecto á Ia naturaleza, origen, modo

de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medida, precios,

forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad,

calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.

Quinto

- De otro lado, el artículo 20 del precitado Decreto Legislativo

establece que la oferta, promoción y publicidad de los productos o

servicios se ajustará a su naturaleza, características, condiciones,

utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones

sobre publicidad. Su contenido, las características y funciones propias

de cada producto y las condiciones y garantías ofrecidas, dan lugar a

obligaciones de los proveedores que serán exigibles por los

consumidores o usuarios, aún cuando no figuren en el contrato

celebrado o en el documento o comprobante recibido.

Sexto

- Del análisis de la

Resolución

0269-1999/TDC-INDECOPI del

once de agosto de mil novecientos noventinueve, emitida por la Sala de

Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia

y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que copiada obra a fojas

doscientos cuarentisiete y repetida a fojas trescientos cuarentisiete de

estos autos, se aprecia que la Administración ha considerado necesario:

  1. precisar la identificación del denunciado, b) si el denunciado ha

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infringido las disposiciones contenidas en los artículos 5 inciso b), 15 y

20 de la Ley de Protección al Consumidor, y, c) si corresponde graduar

la sanción impuesta por la Comisión.

S.

- La autoridad administrativa del INDECOPI considera que la

denuncia planteada está dirigida contra el Centro de Estudios y Sistemas

San Agustín (CESSAG), como se aprecia de la documentación

adjuntada; sin embargo, a través del procedimiento administrativo se ha

llegado a determinar que su denominación correcta es Centro de

Educación Ocupacional de Gestión No Estatal San Agustín, conforme a

la

Resolución

Directoral USE-II número mil novecientos treintisiete que

autoriza su apertura y funcionamiento, por lo que corresponde precisar

su denominación correcta para evaluar la conducta de dicha institución

en el mercado; resultando adecuada esta decisión.

Octavo

- La Sala de Defensa de la Competencia considera que el

Centro Ocupacional de Gestión No Estatal San Agustín (CEOGNE) ha

tenido pleno conocimiento que no podía entregar certificados a nombre

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el dictado de las

carreras técnicas que ofrecía, y a pesar de ello distribuía folletos

informativos a sus alumnos antes que se matricularan en su institución,

dándoles a entender que una de las ventajas que brindaba era entregar

el certificado a nombre de la citada Universidad; sin embargo, esto no

era cierto ya que al finalizar los estudios no les otorgaron el certificado

de Técnico en Computación e Informática a nombre de dicha

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Universidad, infringiéndose los artículos 5 inciso b), 15 y 20 de la Ley de

Protección al Consumidor - Decreto Legislativo 716. Para llegar a esta

conclusión, conforme se analiza de la resolución administrativa materia

de la demanda, el INDECOPI ha efectuado un minucioso análisis de la

documentación obrante en el expediente administrativo acompañado.

Noveno

- Que, de la

Resolución

Final número 190-99-CPC del tres de

mayo de mil novecientos noventinueve, emitida por la Comisión de

Protección al Consumidor (copiada a fojas ciento cuarenta del

expediente administrativo acompañado y a fojas ciento sesenticuatro de

los autos principales) aparece que a nivel administrativo, la entidad

denunciada (hoy demandante) fue sancionada con multa de una Unidad

Impositiva Tributaria; que al ser apelada dicha resolución sólo por la

parte hoy actora, no podía el Tribunal de Defensa de la Competencia y

de la Protección Intelectual agravar la situación de la impugnante,

imponiéndole una sanción mayor equivalente a cinco Unidades

Impositivas Tributarias, como se ha hecho en la resolución materia del

presente proceso, porque ello contraviene el principio universal de la

"reformatio in peius (prohibición de la reforma en peor), aplicable a

todas las instancias y vías administrativas en las que se imparte justicia;

debiendo dedararse fundado este extremo.

Décimo

- Por las razones expuestas, la resolución objeto de

impugnación se encuentra incursa, sólo en parte, en la causal de nulidad

prevista en el inciso c) del artículo 43 del Decreto Supremo 02-94-JUS,

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normatividad bajo cuya vigencia se dictó la

Resolución

Administrativa en

cuestión.

DECISIÓN

Por las consideraciones anotadas, de conformidad en parte con el

dictamen fiscal: Declararon FUNDADA en parte la demanda

contencioso-administrativa de fojas trescientos trece, interpuesta por

doña R.M.V. en representación del Centro

Ocupacional de Gestión No Estatal San Agustín (CEOGNE); en

consecuencia, NULA la

Resolución

número 0269-19991TDC-INDECOPI,

de fecha once de agosto de mil novecientos noventinueve, en el extremo

que impone la multa de cinco Unidades Impositivas Tributarias a la

entidad demandante, ORDENARON imponérsele el pago de la multa

equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria; siendo válida la citada

Resolución

Administrativa en sus demás extremos; en los seguidos con

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la

Propiedad Intelectual (INDECOPI) y don Víctor Palomino Mercado sobre

impugnación administrativa; sin costas ni costos; notifíquese a las partes

la presente resolución y archívese por secretaría oportunamente.-

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