Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Primera Sala Penal Transitoria de 27 de Septiembre de 2011 (Expediente: 000883-2010)

Fecha de Resolución27 de Septiembre de 2011
EmisorPrimera Sala Penal Transitoria
MateriaDELITOS CONTRA LA LIBERTAD
ProcedimientoRECURSO DE NULIDAD

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N.N.° 883-2010

LIMA

Lima, treinta y uno de marzo de dos mil diez.

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el encausado J.D.Q. y el F. Superior contra la sentencia de fojas trescientos setenta y dos, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado; de conformidad con el dictamen del señor F.S. en lo Penal; y

CONSIDERANDO

Primero

Que, la defensa técnica del encausado J.D.Q. en su recurso fundamentado de fojas trescientos ochenta y ocho, cuestiona la decisión del Colegiado Superior de condenar a su patrocinado como autor del delito contra la Libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de la menor F.M.D. De La Cruz, alegando que no existe prueba idónea que corrobore la sindicación de la madre de la agraviada Espírita De La Cruz Arango, quien mostró una conducta histriónica, pues sus lágrimas en la audiencia pública tuvieron la finalidad de conmover a los miembros del Tribunal, y, a su juicio, el gran dolor por una supuesta desaparición de su hija recién nacida no justifica que llorara y gritara destempladamente en el juzgamiento, lo que considera una secuela psíquica propia de la enfermedad de sífilis que sufre, que su incriminación es en venganza por haberse enterado que el procesado gozaba de un hogar estable con hijos; que el procesado no es padre de la menor desaparecida pues pese a que la madre de la agraviada lo consignó en la partida de nacimiento como tal, se encuentra acreditado que éste no es portador de la enfermedad de sífilis, como sí la madre de la agraviada y, por contagio, también la recién nacida, siendo aquélla quien contra lo aconsejado por los médicos y el procesado de mantener a la menor en el hospital para atenderla por su problema de salud, solicitó el alta de la misma; que no se explica por qué su incriminadora no dio la dirección del domicilio y número de teléfono del encausado, de los que tenía conocimiento con anterioridad, además de no haber iniciado los trámites judiciales de tenencia provisional; que la testimonial de A.T.G. ?que corroboraría la incriminación- es contradictoria; que no es razonable que de haber premeditado secuestrar a la agraviada, en el nosocomio se haya identificado brindando correctamente el número de su documento nacional de identidad; que correspondía ampliar la investigación para que se tomara la declaración del médico tratante del parto en el Hospital María Auxiliadora, así como las del personal administrativo que intervino en el trámite correspondiente al parto, al estar en duda el destino físico de la agraviada recién nacida; que carece de sentido que el Tribunal mencione la inexistencia de una prueba de ADN del procesado con la agraviada, imposible desde que el objeto del proceso radica en la desaparición de aquélla; que la pericia psicológica practicada al procesado constituye una opinión subjetiva cargada de apreciaciones prejuiciosas sin entidad científica, a diferencia de la pericia psiquiátrica de la que se desprende el respeto del procesado por el ser humano, en la que se determinó que no sufre psicopatología alguna. En virtud de lo cual solicita la absolución de su patrocinado. Por su parte, el señor F. Superior en su recurso de nulidad fundamentado a fojas trescientos ochenta y cuatro, cuestiona la sanción impuesta, alegando que el Tribunal Superior no impuso la pena legal que prevé el tipo penal por el que se le encontró responsable.

Segundo

Que, según la acusación fiscal obrante a fojas doscientos treinta y tres, el once de octubre de dos mil seis, a las veinte horas aproximadamente, Espírita De La Cruz Arango, madre de la menor agraviada, salía de alta del H.M.A. llevando en sus brazos a su hija recién nacida, cuando fue interceptada por el procesado J.D.Q., con quien antes habría mantenido una relación sentimental, siendo que mediante engaños le habría ofrecido volver a vivir juntos en una habitación que había conseguido, por lo que previamente fueron a recoger al domicilio de Espírita De La Cruz Arango, al hijo mayor de ésta para llevarlo consigo, sin embargo, al llegar a dicho lugar, el procesado le sugirió a la madre que fuera ella quien recoja al niño, mientras él la esperaría fuera del inmueble, luego de lo cual éste desapareció con la menor recién nacida hasta la fecha.

Tercero

Que, el encausado rechaza los términos de la imputación sosteniendo haber convivido con la denunciante Espirita La Cruz Arango hasta el día que dio a luz a la agraviada, que efectuó los trámites para que salga su conviviente, y que con ella y la menor agraviada salieron el once de octubre de dos mil seis del nosocomio, entregando la referida testigo su hija a una prima, tras lo cual se dirigieron al distrito de Villa El Salvador a recoger al hijo mayor de la denunciante, quien lo habría dejado encargado con su prima A.T.G., lugar donde lo dejó esperando en el taxi y desapareció.

Cuarto

Que, sin embargo, la prueba actuada desvirtúa de modo acabado los argumentos defensivos del encausado y sostiene certeramente la imputación fiscal, la que no se ve enervada con los agravios expuestos por su defensa técnica en el escrito de impugnación. En efecto, la testigo presencial Espírita De La Cruz Arango en su declaración preliminar -obrante a fojas cinco- testimonial -de fojas ciento ochenta y siete- y en el plenario -acta de audiencia pública de fojas trescientos uno- informó de manera detallada, coherente y uniforme cómo el once de octubre de dos mil seis, a su salida del H.M.A. -donde alumbró a la menor agraviada-, fue engañada por el encausado con la promesa de vivir junto a ella y sus menores hijos, en virtud de lo cual se dirigieron al distrito de Villa El Salvador a recoger al hijo mayor de la testigo quien estaba al cuidado de su prima A.T.G. -con la esperanza de luego ir al lugar que el encausado tenía reservado para hacer vida en común-, y una vez que arribaron a dicho destino, el encausado aprovechando que De La Cruz Arango descendió del vehículo de taxi para ir al encuentro de su hijo A., se llevó consigo a la recién nacida; incriminación férrea que la testigo - madre de la agraviada- enrostra al encausado en juicio oral, quien, conforme consta de las actas de debate de fojas trescientos uno, no pudo contener el llanto y mostró su desesperación y frustración de haber sido alejada ?hasta entonces- de su hija recién nacida; expresiones compatibles con la envergadura de la pérdida sufrida por la testigo; contrariamente a lo considerado por la abogada recurrente, quien interpreta ello como un acto histriónico, actuación probatoria con la que se anuda lo referido por esta, respecto a que el encausado anteriormente había expuesto su intención de querer "vender" a la menor agraviada luego de que nazca.

Quinto

Que, este testimonio constituye prueba relevante para determinar la responsabilidad del encausado, pues supera el canon probatorio para imputarle el injusto verificado, en tanto cumple con las garantías de veracidad exigidas por el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, del treinta de setiembre de dos mil cinco. Así, desde una perspectiva subjetiva, no se ha expuesto algún motivo razonable que permita suponer que la imputación responda a un acto de venganza, odio o revanchismo, señalando el encausado desconocer los motivos de su sindicación, no siendo admisible la razón expuesta en el recurso de nulidad respecto a que la denunciante habría actuado por venganza al enterarse que el encausado gozaba de un hogar estable con hijos, porque además de constituir una afirmación tardía contradice su propia tesis defensiva referente a que a dicha fecha mantenía una relaciónconvivencial con ésta -afirma que las relaciones con aquélla eran buenas, véase fojas doscientos noventa y cinco-, estado de bienestar que no se condice con la denuncia efectuada por esta, ni guarda concordancia con los actos realizados por la testigo, que en coherencia a la desaparición de su bebe recién nacida, asume una lógica conducta de búsqueda y denuncia, instando a múltiples autoridades e instituciones para su ubicación. De otro lado, este testimonio privilegiado de la madre de la menor agraviada es persistente, uniforme y coherente en su narración, sin contradicciones relevantes que lo invaliden; y, sobre todo, se encuentra rodeada de una serie de indicios corroborativos, entre ellos: a) la inmediatez entre la sustracción de la menor agraviada y la denuncia por parte de la testigo -dos horas de intervalo-, y sus plurales y repetidas actuaciones en pos de recuperar a su hija recién nacida, lo que se contrapone a la versión defensiva del encausado, de que la menor desapareció por haber sido entregada por la denunciante a una prima ?respecto de quien no brinda mayores datos de identificación-, b) la idoneidad para seleccionar los entes policiales a fin de lograr una efectiva acción en la búsqueda de la menor, realizando con tal rapidez y esmero la comunicación de la noticia criminal, pues incluso acudió a un órgano especializado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ? véase denuncia escrita de fojas once-, buscó el auxilio de los medios de prensa ?conforme informa el atestado policial, obrante a fojas veintiséis-, y se informó para conseguir la dirección domiciliaria del encausado a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ?ubicado en el pasaje Tacna número ochocientos setenta y ocho, San cosme, La Victoria-, no obrando medio de prueba alguno que evidencie que la testigo tenga mayor información que permita ubicar al encausado, apoyándose en medios públicos ?policía y prensa- para su búsqueda que niegan la alegación de la defensa de que ésta haya ocultado datos que permitirían la ubicación del denunciado, resultando absurdo que frente a la sustracción de su hija recién nacida, la defensa exija que se hayan iniciado trámites para la tenencia provisional; c) mientras que frente a la desaparición de la menor, el encausado mostró absoluta inacción por conocer el destino de la menor, no acudió a las autoridades frente a la denuncia obrante en su contra respecto de lo cual tomó conocimiento, según refiere, por información de terceros que le comunicaron del reportaje televisivo; menos aún, efectuó denuncia alguna al respecto; incluso, se informa a través del atestado policial de fojas veintiséis - producto de las diligencias policiales efectuadas para la ubicación del denunciado-, que éste al día siguiente de enterarse que a su domicilio se habían acercado hombres de prensa, tomó sus pertenencias y varió de residencia, por lo cual recién el veinte de abril de dos mil ocho, al ser detenido -después de cerca de año y medio de ocurrido el hecho-, el encausado brinda su primera declaración; actos que en suma conforman un comportamiento asociado a la imputación efectuada en su contra; c) A.T.G., al deponer en el juicio oral ?acta de fojas trescientos uno- corroboró lo afirmado por la testigo De La Cruz Arango ?sin las contradicciones que aduce el recurrente- respecto a que el día de los hechos ésta concurrió a su domicilio en Villa El Salvador a buscar a su menor hijo A., y luego de tomarlo y salir, gritó al encausado que la espere, pero éste no lo hizo; informó además del estado de desesperación y llanto que mostró aquél y los venideros días, buscando a la agraviada; d) constituye indicio de mala justificación la afirmación del encausado de haber convivido felizmente con la denunciante durante su embarazo en el inmueble ubicado en el lote siete veintiuno de C.E.P., lo que fue claramente desvirtuado con lo testimoniado por la madre de la menor agraviada, corroborado con la declaración de A.T.G. y con las copias de la Historia Clínica de De la Cruz Arango, obrantes a fojas ciento noventa y dos, donde señaló siempre como su domicilio el ubicado en el Sector seis, grupo trece, manzana C, lote dieciséis, V.E.S., y no el indicado por el encausado; e) finalmente, los hechos expuestos por la testigo De La Cruz Arango fueron parcialmente reconocidos por el encausado, quien admitió haber efectuado el trámite de alta de la denunciante en el Hospital María Auxiliadora, haber salido con ésta y la agraviada del referido nosocomio, y haberse dirigido con ella al distrito de Villa El Salvador a recoger al menor "A.", elementos que no podía dejar de reconocer por la aptitud corroborativa que éstos tenían, sin embargo, sobre dicha base estructuró una tesis defensiva irrazonable ausente de toda corroboración, pues ninguna lógica admite que el procesado luego de que -a una cuadra del domicilio de destino- le fuera dicho por la testigo De La Cruz Arango que espere unos minutos a que recoja a su hijo A., lo haya dejado esperando tres horas sin que éste haya iniciado su busqueda por la localidad, mas absurdo que al dia siguiente aquella se haya dirigido al domicilio convivencial y retirando todas sus pertenencias, abandone su hogar, junto a sus dos hijos, sin que este haya podido presenciar ninguno de los eventos; conclusión que se ve corroborada con lo señalado en el protocolo de pericia psicológica practicada al encausado ?obrante a fojas trescientos treinta y nueve-, que interpretó que el examinado "es una persona evasiva, poco honesta, miente, no es muy claro en su discurso respecto a los hechos materia de investigación, poco sensible..." concluyendo que es "deshonesto en su testimonio o discurso de los hechos"; apreciación que desde la ciencia de la psicología, solo coinciden con las conclusiones que el Colegiado Superior y el presente Tribunal Supremo arriban producto de la evaluación de la evidencia, no constituyendo por ello una prueba definitiva, y tampoco la del protocolo de pericia psiquiátrica, que por cierto efectúa conclusiones neutrales que no aportan mayores luces ?de cargo o descargo- para la dilucidación del caso; por lo que no son admisibles las alegaciones que al respecto expone la defensa técnica del recurrente. En virtud de todo lo cual se desprende con certeza que el procesado J.D.Q. contra la voluntad de la madre de la menor agraviada, sustrajo a la bebe recién nacida de su ámbito de protección y la condujo a un destino desconocido hasta la fecha; agraviada con quien, desde la propia información del escrito de impugnación, se niega relación de paternidad -lo que se sostiene en que el procesado no era portador de la misma enfermedad de transmisión sexual encontrada en la agraviada y su madre-, lo que consolida la conclusión fáctica arribada por el Tribunal Superior, que a dicho efecto mencionó la inexistencia de la prueba de ADN, con la finalidad de sostener la inexistencia de filiación que en su recurso la defensa recurrente defiende, por lo que no resulta coherente su cuestionamiento.

Sexto

Que, por lo demás, las declaraciones del encausado y la madre de la menor agraviada no acreditan que la denunciante haya insistido en que la recién nacida salga del hospital pese a que se había recomendado su permanencia por observación, sino que aquélla no quería desprenderse de su hija recién nacida por lo que habría solicitado quedarse con ella en el nosocomio, lo que se denegó; finalmente, fue el procesado quien realizó la totalidad de los tramites de alta de la denunciante, con una diligencia que no mostró después para la recuperación de la menor desaparecida ni para averiguar de su paradero; de otro lado, no resulta relevante como criterio exculpatorio que el encausado se haya identificado plenamente frente a la prima de la denunciante, pues para sus fines delictivos tenía que tomar contacto con la denunciante quien conocía perfectamente sus datos de identidad, por lo que los riesgos a no ser denunciado debieron residir en motivos distintos a su identificación. Finalmente, las actuaciones probatorias consideradas omitidas por la recurrente, no fueron oportunamente ofrecidas al inicio del juicio, cuando por el contrario la prueba de cargo resulta suficiente para admitir la imputación fiscal; que, en consecuencia, la decisión de condena arribado por el Tribunal de Instancia se encuentra arreglada a ley. De igual modo, a pena impuesta resulta proporcional a la entidad del injusto, las condiciones personales del encausado, y la culpabilidad por el hecho típico perpetrado, sumado a un criterio admisible de humanidad de la sanción penal y atento al principio de prevención especial, por lo que no corresponde incrementar la gravedad de la pena impuesta como pretende el F. Superior recurrente. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas trescientos setenta y dos, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, que condenó a J.D.Q. como autor del delito contra la Libertad, en la modalidad de secuestro ?último párrafo del artículo ciento cincuenta y dos del Código Penal-, en agravio de la menor F.M.D. De La Cruz, a treinta y cinco años de pena privativa de libertad y fijó en la suma de diez mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor de la parte civil; con lo demás que contiene; y los devolvieron.

S.S.

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

VILLA BONILLA