sentencia judicial de magaly medina

MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR A efectos de la anotación de la medida cautelar de no innovar, resulta necesaria su adecuación con el antecedente registral, esto es, que conste que se ha emplazado a los titulares registrales del predio, salvo que el juez se pronuncie sobre tal aspecto.

Sumilla: de conformidad con el numeral 2. 3 del artículo20 del tuo de la ley 26979 ley del procedimiento deejecución coactiva, la resolución 002-50327-18/sgcindecopi,que declaró la improcedencia de la solicitud detercería de propiedad, agotó la vía administrativa, en esesentido, por mandato legal no cabía la interposición derecurso alguno; en consecuencia, la declaración de nohaber lugar al...

Revocar la sentencia 25 de julio de 2023, contenida en la resolución nº 03,en el extremo apelado que declara:“(…)3. fundada en parte la demanda interpuesta por juan alvarez palma,contra la gerencia regional de educación cusco, con citación delseñor procurador público del gobierno regional del cusco, enconsecuencia:ordeno a la demandada que, dentro del quinto día de notificada conla presente...

Que, la motivación de las resoluciones judiciales, es un deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debido proceso, elevado a rango constitucional en el inciso 5° del artículo 139 de la constitución política del estado, por el que, los magistrados están obligados a fundamentar fáctica como jurídicamente sus decisiones, a fin de que las partes conozcan el razonamiento lógico jurídico...

Se entiende que la información digital y física que contiene cada tarjeta de crédito es de acceso restringido, toda vez que la misma es conocida unicamente por el titular de la misma por lo que cada una de las operaciones que se realice con la tarjeta de crédito serán atribuidas al titular de esta por ser de índole personal e intransferible. hay que señalar además que, hoy en día con las...

• El proceso de hábeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Que, la motivación de las resoluciones judiciales, esun deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debidoproceso, elevado a rango constitucional al estar recogido en elinciso 5) del artículo 139° de la constitución política del estado,por el que, los magistrados están obligados a fundamentarfáctica como jurídicamente sus decisiones, a fin de que laspartes conozcan el razonamiento lógico...

La motivación de las resoluciones judiciales, es undeber ético jurídico que garantiza el derecho a un debidoproceso, elevado a rango constitucional al estar recogido en elinciso 5) del artículo 139° de la constitución política del estado,por el que, los magistrados están obligados a fundamentarfáctica como jurídicamente sus decisiones, a fin de que laspartes conozcan el razonamiento lógico...

[la multa ] importa un total de 18 uit, monto que resulta ser desproporcional, dado que si bien la infracción cometida está acreditada, y no se puede restar importancia que no se dio un trato no adecuado a la menor, al aplicar técnicas no adecuadas para su contención, dado que el centro educativo no contrató personal calificado que pueda asumir dichas conductas). El hecho de disgregar cada una de

• Diario Oficial El Peruano

La motivación de las resoluciones judiciales, es un deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debido proceso, elevado a rango constitucional al estar recogido en el inciso 5) del artículo 139° de la constitución política del estado, por el que, los magistrados están obligados a fundamentar fáctica y jurídicamente sus decisiones, a fin de que las partes conozcan el razonamiento lógico...

La motivación de las resoluciones judiciales, es un deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debido proceso, elevado a rango constitucional al estar recogido en el inciso 5) del artículo 139° de la constitución política del estado, por el que, los magistrados están obligados a fundamentar fáctica y jurídicamente sus decisiones, a fin de que las partes conozcan el razonamiento lógico...

La motivación de las resoluciones judiciales, esun deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debidoproceso, elevado a rango constitucional al estar recogido enel inciso 5) del artículo 139° de la constitución política delestado, por el que, los magistrados están obligados afundamentar fáctica como jurídicamente sus decisiones, a finde que las partes conozcan el razonamiento lógico...

El debido proceso regulado en el inciso 3) del artículo139° de la constitución política del estado, constituye un derechoy, a su vez, la garantía máxima con la que todo justiciable cuentapara limitar el poder del estado que, encarga a los jueces ladelicada función de componer o resolver conflictos sociales. en elpresente caso, la sala superior no emite pronunciamiento válidosobre el total del...

La sentencia de mérito afecta la garantía del debidoproceso y la tutela jurisdiccional efectiva, lo que implica la infracciónnormativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139" de la constituciónpolítica del perú, en tanto que, el colegiado se ha limitado aresolver únicamente con los medios probatorios aportados a lademanda, sin desplegar la actividad probatoria de oficio quereconoce el artículo 32

Confirmar la sentencia que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, se reconoce la naturaleza remunerativa del "bono jurisdiccional" y de las "asignaciones excepcionales"; por su incidencia, se ordena a la demandada: cumpla con el pago por concepto de reintegro gratificaciones de julio y diciembre más la bonificación extraordinaria establecida por ley n° 30334; modificandola en el...

Confirmar la sentencia que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, se reconoce la naturaleza remunerativa del "bono jurisdiccional" y de las "asignaciones excepcionales"; por su incidencia, se ordena a la demandada: cumpla con el pago por concepto de reintegro gratificaciones de julio y diciembre más la bonificación extraordinaria establecida por ley n° 30334; modificandola en el...

Que, la motivación de las resoluciones judiciales, es un deber ético jurídico que garantiza el derecho a un debido proceso, elevado a rango constitucional al estar recogido en el artículo 139° inciso 5) de la constitución política del estado, por el que, los magistrados están obligados a fundamentar fáctica como jurídicamente sus decisiones, a fin de que las partes conozcan el razonamiento lógico