Resolución del contrato de alquiler

El principio de congruencia importa la correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado. eso significa que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido por las partes. Art. vii título preliminar c. P. C.

Afectacion a la motivacion: la sentencia recurrida contiene un razonamiento incongruente por cuanto se pronuncia sobre una pretensión que no ha sido invocada en la demanda, ni fijada como controversia en el proceso, para disponer el pago de los s/. 200,000. 00 soles por daños y perjuicios.

Sumilla: se reconoce la relación laboral directa del actor con la empresa unión de cervecerías peruanas backus y johnston sociedad anónima abierta, al acreditarse la existencia de subordinación, que ejerce la empresa citada respecto al demandante, lo cual no debió ocurrir teniendo en cuenta la relación contractual que tuvieron las codemandadas.

Nulidad de la sentencia respecto a la condena por delito de peculado, la pericia contable practicada no fue materia de debate en el contradictorio que exige su actuación en un nuevo juicio oral. respecto a la absolución por delito de colusión, se adolece de una pericia contable que establezca si hubo o no perjuicio para definir el tipo penal aplicable.

Sumilla. se observa que la resolución recurrida presenta motivación insuficiente, aparente e incongruente, lo cual constituye vicios en la resolución impugnada, que infringe el deber de motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139 numeral 5 de la constitución, y en los artículos 50 numeral 6 y 12 del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial.

La prescripción exige justo título y buena fe, y que esta última se quiebra cuando no se tiene la diligencia mínima para la celebración de los actos jurídicos. en ese sentido, cuando la transferencia que se le otorga al comprador es manifiestamente opuesta a los datos de los registros públicos, lo que se descarta es la existencia de buena fe, por lo que no cabe la posibilidad de amparar la...

1. en materia de transporte y tránsito terrestre rige la ley general de transporte y tránsito terrestre, ley 27181. esta ley, en materia de responsabilidad civil, en su artículo 29 estatuye que: “la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el código civil. el conductor, el propietario del...

La decisión adoptada por la sala superior se encuentra arreglada a ley. si bien la parte recurrente sostiene que el proceso debe ser conducido como un desalojo por ocupación precaria y no por incumplimiento de pago, cierto es que dicha aseveración resulta insuficiente para revertir el razonamiento sobre el cual las instancias de mérito sustentan sus fallos. debe entenderse que al no encontrarse...

Respecto a lo alegado por la defensa técnica del encausado, por la que indica que la conducta ilícita del encausado debió ser subsumida en el delito de lesiones en la modalidad de lesiones culposas graves, tipificada en el artículo 124 parte final del código penal. cabe precisar que el delito culposo supone la infracción de un deber objetivo de cuidado, cuyo resultado es no querido; en este caso,

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La duración del contrato de arrendamiento indeterminado rige hasta que el arrendador solicite la devolución del bien.

El primer párrafo del artículo 2 de la ley que regula los servicios de tercerización, ley 29245, establece que se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los...

Sumilla.- al no resolverse la causal de falta de manifestación de voluntad materia de demanda y, por el contrario, declararse la nulidad del acto jurídico cuestionado en mérito a la trasgresión del orden público, esto es, una causal de nulidad no invocada, se evidencia una flagrante afectación del principio de congruencia procesal y del deber de motivación contemplados en el inciso 6 del artículo

Se revoca en parte la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación giradas por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2008, la Tasa Adicional del 4,1% del IR de enero a diciembre de 2008 y el pago a cuenta del IR de mayo de 2008, y las Resoluciones de Multa emitidas por las infracciones tipificadas en los numerales 3 y 5 del artículo 175 y numeral 1

Se revoca la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 1998 a 2000, en los extremos impugnados, referidos al reparo por rentas de primera categoría de los ejercicios 1998 a 2000 y al reparo por incremento patrimonial no justificado del ejercicio 1998. Respecto al reparo por...

1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...

Sumilla: para que una resolución judicial se encuentre debidamente motivada se requiere, mínimamente, que: a) exista coherencia entre las &justificadas;&ica, y la "decisión"sas, nor&premisas, normativa y "; las premisas, normativa y fáctica, se encuentren debidamente justificadas; las premisas o razones que sustentan la decisión sean suficientes para dar por resuelto el caso planteado; y, al

Sumilla: en materia de prueba, el código procesal civil ha adoptado el sistema de la libre valoración, señalando que los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta y razonada, lo cual no implica que el juzgador, al momento de emitir sentencia, deba expresar la valoración otorgada a cada prueba actuada, sino únicamente lo hará respecto a los medios probatorios que de forma especial y

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El derecho a la debida motivación de las resoluciones implica que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que sustentan una determinada decisión. esas razones pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

I. los plazos de prescripción de la acción penal tienen naturaleza material y, por tanto, su aplicación retroactiva solo es admisible si favorece al reo. distinta es la situación de los plazos de suspensión de los términos prescriptorios, cuyos preceptos tienen naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio tempus regit actum. ii. la suspensión de los plazos de prescripción únicamen