procedimiento abreviado penal

El juez laboral es competente para resolver los conflictos laborales de derecho privado en la vía procedimental ordinaria laboral, como en el caso de los obreros municipales que pertenecen al régimen laboral privado conforme al artículo 37 de la ley n° 27972, ley orgánica de municipalidades.

El inventario judicial es el documento que contiene la relación ordenada de los bienes que pertenecen o pertenecían a una persona, que se encuentran en un lugar y son identificados con la intervención del juez. se cumple esta finalidad describiendo en el acto ordenadamente, los bienes que se encuentren en el lugar, sus principales características que permiten identificarlos sin calificar la...

• El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su Implementación

Principio y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso.- se presentará la transgresión a los principios y derechos en mención, y se resentirá al proceso mismo, como mecanismo civilizado para resolver la controversias, cuando el juez, después de clausurada la etapa postulatoria y probatoria, exija la presencia de las partes procesales para interrogarlas, lo cual es ajeno al...

Sumilla: el empleador en uso de su facultad del ius variandipuede adicionar funciones al trabajador para el cabaldesempeño de sus labores y en atención a las necesidadesesenciales del centro laboral, los cuales deberán estardebidamente motivados en el marco del criterio derazonabilidad. sin perjuicio de lo expuesto, cuando losprocesos versen sobre reposición de un trabajador sinvínculo laboral...

La suspensión supone, que el cómputo del plazo de prescripción se detiene durante todo el tiempo que dure la situación suspensiva, pero que, una vez desaparecida esta causal, permite que el plazo se integre sumando el tiempo que había transcurrido con anterioridad a la suspensión, al tiempo posterior a su producción; mientras que la interrupción de la prescripción deja sin efecto todo el plazo...

Aun cuando el principio de tipicidad en materia laboral, no puede ser considerado con la misma rigurosidad que la estipulada en el ámbito penal. este no debe ser ajeno a un contenido mínimo de claridad, es decir, que se encuentre señalado de forma expresa e inequívoca, sobre todo cuando reviste un nivel de gravedad tal, que implica imponer la sanción más gravosa al infractor como es la...

• El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su Implementación

En un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar; la declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la...

No se verifica el supuesto de venta de bien ajeno previsto en el artículo 1539 del código civil, esto es, que el vendedor venda al comprador un bien sabiendo que no le pertenece, ya que la aludida causal de resolución no existía al momento de celebrar el contrato de compra venta de fecha cinco de noviembre de dos mil doce entre las partes, pues el demandado era el propietario registral del predio

Las faltas graves señaladas en el artículo 25° del texto único ordenado del decreto legislativo n° 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por decreto supremo n° 003-97-tr, se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir; en consecuencia, debe estar...

El derecho de usucapir corresponde a quien considera que se comportó como poseedor, durante un tiempo determinado, a título de propietario y de manera pacífica y pública, y las negociaciones que otros sujetos de derecho efectúen no pueden vincular al poseedor en materia de prescripción adquisitiva de dominio, pues es a este a quien se le exige el cumplimiento de los requisitos antes anotados y no

Que la cláusula penal también llamada en la doctrina cláusula convencional, es una estipulación accesoria a un contrato, en cuya virtud se somete en forma anticipada al deudor a la obligación de pagar una multa o a realizar otra prestación en caso de retardo o incumplimiento. esta sanción es denominada también pena convencional y constituye una prestación determinada, prometida por el deudor al...

• Revista Derecho & Sociedad

La figura de la detención policial ejecutada sin mandato judicial, aparece desde ya, como un terreno agreste en el campo del Derecho Penal, debido a las implicancias que subyacen a la propia acción, por lo que resulta necesario que durante su actuación se establezcan ciertas garantías en pos del resguardo de los derechos fundamentales del detenido. En el presente artículo el autor analiza la...

El cumplimiento del deber de motivación no se satisface con la sola expresión escrita de las razones que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuales sean estas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógica y razonadamente la...

• Diario Oficial El Peruano

• Diario Oficial El Peruano

Por el contrato de temporada, se faculta al empleador a contratar mano de obra para atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que surjan sólo en determinadas épocas del año y que estén sujetas a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva.

Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la constitución política del perú...

Los actos y fines de una asociación promotora al amparo del decreto legislativo número 882 y decreto supremo número 001-98-ed, no pueden ser considerados como contrarios al orden público, y por ende; no pueden ser causal de disolución contemplada en el artículo 96 del código civil.