Principio de celeridad procesal

De acuerdo al principio de la primacía de la realidad el accionante ya tenía implícitamente el status de trabajador contratado para desarrollar labores permanentes, en el régimen laboral público, amparado por el artículo 1° de la ley n° 24041, al haber superado el año de servicios, y por tanto, la suscripción de los contratos administrativos de servicios, no podían surtir sus efectos, por cuanto...

Si en el convenio colectivo se pacta incrementos remunerativos en favor de los trabajadores nombrados y se precisa que se hace extensivo a los trabajadores contratados, el mismo debe cumplirse en tales términos, caso contrario debe tenerse en cuenta el artículo 48 del decreto legislativo n.º 276 que establece: &", norma que resulta aplicable en la medida que el artículo 28 numeral 2...

Habiéndose acreditado que el actor desarrolló labores en forma personal, subordinada y remunerada, durante más de un año sin solución de continuidad, como técnico de campo del proyecto & 1° de la ley n° 24041. "; consecuentemente solo podía ser cesado según las causales previstas en el capítulo v del decreto legislativo n° 276, conforme al artículo 1° de la ley n° 24041.

Si bien el ejercicio de la acción de la acción penal es una competencia de titularidad exclusiva del ministerio público; &stamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder arbitrario que afecte derechos fundamentales, ". la razón se sustenta, justamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder...

Se vulnera el principio de informalismo y los artículos 52° y 53° de la resolución ministerial n.° 295-2009-ed, cuando no se considera que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados; que en el caso de autos, la investigación sumaria no se resolvió oportunamente, con la consecuencia exclusión del...

En el proceso la accionante ha acreditado los supuestos para la aplicación del artículo 1° de la ley n.° 24041, por lo que corresponde disponer su reposición al trabajo.

Conforme a la resolución directoral n° 048-91-ag-uad. Iii-l de fecha 29 de enero de 1991, se comprueba que el demandante cesó a partir del 30 de enero de 1991, al amparo del régimen de pensiones del decreto ley n° 20530, es decir que la contingencia de la pensión de cesantía ocurrió durante la vigencia del beneficio otorgado por resolución ministerial n° 0419-88-ag/t y como tal, formó parte de su

Se incurre en error al inobservarse que el tribunal fiscal al con¿rmar la resolución de intendencia no justi¿ca las razones por las cuales deniega el pedido del actor no obstante que en otras causas admitió los recursos de apelación sin exigir el pago de la tasa ha declarado su admisibilidad lo que contraviene entonces lo regulado por el articulo 139 incisos 3 y 5 de la constitución política del...

Para estimar el reconocimiento de aportaciones al sistema nacional de pensiones, el ex trabajador debe demostrar únicamente el vínculo laboral mediante la presentación de documentos probatorios idóneos para tal fin, de conformidad con el artículo 70° del decreto ley n° 19990 y el precedente vinculante emitido por el tribunal constitucional en el expediente n° 04762-2007-pa/tc.

En el caso de autos, al haberse acreditado aportes al sistema nacional de pensiones por más de 20 años conforme lo establecen los artículos 11° y 70° del decreto ley n° 19990, así como la edad requerida por la ley n° 26504 para acceder a una pensión, al momento de la contingencia, corresponde ordenar que se otorgue pensión de jubilación general al actor.

El presente proceso data del año 2003, esto es antes de la entrada en vigencia de la ley n.° 28449, que cerró el régimen pensionario del decreto ley n.° 20530, y prohibió la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, por lo que al actor le asiste el derecho a la nivelación de sus pensiones.

Conforme al artículo 38 del decreto ley n.° 19990, concordante con el artículo 1 del decreto ley n.° 25967 y 9 de la ley n.° 26504, para acceder al goce de una pensión de jubilación dentro del régimen general del citado decreto ley n.° 19990, se requiere cumplir con dos requisitos copulativos: a) contar con 65 años de edad; y, b) acreditar un mínimo de 20 años de aportaciones al sistema nacional...

Al haberse acreditado más de 20 años de aportes conforme a la interpretación conjunta de los artículos 11° y 70° del decreto ley n.° 19990 y el decreto ley n.° 15967, más el requisito de edad (65 años) requeridos por la ley n.° 26504, corresponde otorgar pensión de jubilación general.

No corresponde declarar fundado el recurso de casación, si la infracción advertida no ha de alterar el fallo cuestionado.

En el presente caso, al haberse determinado que el demandante no fue notificado con el inicio del procedimiento administrativo emitido de oficio, que concluyó con la expedición del acuerdo municipal n° 031-gpch-2003, que dejó sin efecto el nombramiento del demandante, se afectó su derecho de defensa.

El sistema de remuneraciones y bonificaciones otorgados por la demandada a los servidores en actividad (peticionadas en la demanda, para que se nivele y homologue la pensión del cesante), quedó consolidado en la resolución suprema nº 018-97-ef y en la resolución suprema nº 019-97-ef cuya condición jurídica pensionable, quedó definida recién a partir del día siguiente de la publicación de la...

El despido invocado tuvo lugar 30 de abril del 2008 y la resolución que dejaba a salvo su derecho para recurrir en la vía correspondiente, le fue notificada al actor el 16 de setiembre del 2010, sin embrago interpuso la presente acción un año después, el 21 de setiembre del 2011, cuando su derecho para cuestionar su despido había caducado.

Procede el cálculo de la compensación tiempo servicios por el periodo laboral anterior a la aplicación del decreto ley n° 26093, bajo el parámetro establecido en el decreto legislativo n° 650,conforme a la segunda disposición complementaria de la ley n° 27803, la quinta disposición final del decreto supremo n° 014-2002-tr y los artículos 1°, 9°, 10°, 16° y 19° del texto único ordenado del decreto

Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el decreto ley n.° 18846, fueron transferidos al seguro complementario de trabajo de riesgo administrado por la oficina de normalización previsional. no es necesario la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la oficina

Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el decreto ley n° 18846, fueron transferidos al seguro complementario de trabajo de riesgo administrado por la oficina de normalización previsional. no es necesario la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la oficina...

Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el decreto ley n.° 18846, fueron transferidos al seguro complementario de trabajo de riesgo administrado por la oficina de normalización previsional. no es necesaria la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la oficina

Se declara la NULIDAD de la Resolución s/n del 25 de mayo de 2016 y de todo lo actuado en el presente procedimiento, lo cual incluye la nulidad de la Resolución 238-2016/CD1-INDECOPI del 19 de octubre de 2016, emitida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi con relación a la denuncia presentada por Poder Verde S.A.C. contra el señor John Christian Valverde Chiclayo,

Las nomenclaturas sutep y suter, por su similitud ortográfica, por la longitud de la palabra, por la similitud en su unidad auditiva e ideológica, es factible de causar confusión entre sus propios agremiados, que pertenecen a una misma rama de actividad y cuyas consecuencias podrían trascender en forma negativa en el ámbito de las actividades propias de un sindicato.