Principio de celeridad procesal

• Lumen: Revista de la Facultad de Derecho

Las implicancias de la prohibición del principio de oportunidad en los casos de los delitos de peculado culposo, es una investigación del tipo aplicada que busco dar una propuesta de solución en relación a una norma prohibitiva del Código Procesal Penal que afecta gravemente nuestro sistema procesal generando carga procesal en nuestras instituciones pública e impidiendo en pago de la reparación...

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 139. 3 de la constitución política del perú, involucra el derecho a acceder al órgano jurisdiccional, ponerlo en movimiento con las debidas garantías y obtener del mismo una respuesta cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas

Que encontrándose el actor como beneficiario de la ley n° 27803, habiendo optado por el beneficio de la reincorporación, la entidad demandada no puede limitar el goce de dicho beneficio argumentando incompatibilidad por parentesco con otro servidor judicial, en tanto que tal situación no se encuentra en el supuesto de prohibición que establece el artículo 1° de la ley n° 26771, modificado por el...

De acuerdo al principio de la primacía de la realidad el accionante ya tenía implícitamente el status de trabajador contratado para desarrollar labores permanentes, en el régimen laboral público, amparado por el artículo 1° de la ley n° 24041, al haber superado el año de servicios, y por tanto, la suscripción de los contratos administrativos de servicios, no podían surtir sus efectos, por cuanto...

Habiéndose acreditado que el actor desarrolló labores en forma personal, subordinada y remunerada, durante más de un año sin solución de continuidad, como técnico de campo del proyecto & 1° de la ley n° 24041. "; consecuentemente solo podía ser cesado según las causales previstas en el capítulo v del decreto legislativo n° 276, conforme al artículo 1° de la ley n° 24041.

Conforme a la resolución directoral n° 048-91-ag-uad. Iii-l de fecha 29 de enero de 1991, se comprueba que el demandante cesó a partir del 30 de enero de 1991, al amparo del régimen de pensiones del decreto ley n° 20530, es decir que la contingencia de la pensión de cesantía ocurrió durante la vigencia del beneficio otorgado por resolución ministerial n° 0419-88-ag/t y como tal, formó parte de su

Para estimar el reconocimiento de aportaciones al sistema nacional de pensiones, el ex trabajador debe demostrar únicamente el vínculo laboral mediante la presentación de documentos probatorios idóneos para tal fin, de conformidad con el artículo 70° del decreto ley n° 19990 y el precedente vinculante emitido por el tribunal constitucional en el expediente n° 04762-2007-pa/tc.

Se vulnera el principio de informalismo y los artículos 52° y 53° de la resolución ministerial n.° 295-2009-ed, cuando no se considera que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados; que en el caso de autos, la investigación sumaria no se resolvió oportunamente, con la consecuencia exclusión del...

Se declara la NULIDAD de la Resolución s/n del 25 de mayo de 2016 y de todo lo actuado en el presente procedimiento, lo cual incluye la nulidad de la Resolución 238-2016/CD1-INDECOPI del 19 de octubre de 2016, emitida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi con relación a la denuncia presentada por Poder Verde S.A.C. contra el señor John Christian Valverde Chiclayo,

En el caso de autos, al haberse acreditado aportes al sistema nacional de pensiones por más de 20 años conforme lo establecen los artículos 11° y 70° del decreto ley n° 19990, así como la edad requerida por la ley n° 26504 para acceder a una pensión, al momento de la contingencia, corresponde ordenar que se otorgue pensión de jubilación general al actor.

Conforme al artículo 38 del decreto ley n.° 19990, concordante con el artículo 1 del decreto ley n.° 25967 y 9 de la ley n.° 26504, para acceder al goce de una pensión de jubilación dentro del régimen general del citado decreto ley n.° 19990, se requiere cumplir con dos requisitos copulativos: a) contar con 65 años de edad; y, b) acreditar un mínimo de 20 años de aportaciones al sistema nacional...

Al haberse acreditado más de 20 años de aportes conforme a la interpretación conjunta de los artículos 11° y 70° del decreto ley n.° 19990 y el decreto ley n.° 15967, más el requisito de edad (65 años) requeridos por la ley n.° 26504, corresponde otorgar pensión de jubilación general.

La regla de preferencia establecida en el vii pleno casatorio civil tiene como presupuesto lógico que tanto el derecho de propiedad del demandante como el embargo inscrito a favor del emplazado se encuentren probados en el proceso, no solo en su existencia sino también en su data (certeza sobre la existencia y data de la propiedad y el embargo enfrentados), pues solo sobre la base de esta premisa

En el presente caso, al haberse determinado que el demandante no fue notificado con el inicio del procedimiento administrativo emitido de oficio, que concluyó con la expedición del acuerdo municipal n° 031-gpch-2003, que dejó sin efecto el nombramiento del demandante, se afectó su derecho de defensa.

En un estado de derecho, el ejercicio de toda facultad discrecional, no puede entenderse como una competencia que se sustraiga del control de constitucionalidad.

El sistema de remuneraciones y bonificaciones otorgados por la demandada a los servidores en actividad (peticionadas en la demanda, para que se nivele y homologue la pensión del cesante), quedó consolidado en la resolución suprema nº 018-97-ef y en la resolución suprema nº 019-97-ef cuya condición jurídica pensionable, quedó definida recién a partir del día siguiente de la publicación de la...

Es nula la resolución administrativa expedida por la oficina de normalización previsional - onp, que dispuso suspender el pago de la pensión de jubilación del actor, sin considerar la existencia de otros documentos que acreditan la relación laboral invocada y los años de aportación al sistema nacional de pensiones.

Procede el cálculo de la compensación tiempo servicios por el periodo laboral anterior a la aplicación del decreto ley n° 26093, bajo el parámetro establecido en el decreto legislativo n° 650,conforme a la segunda disposición complementaria de la ley n° 27803, la quinta disposición final del decreto supremo n° 014-2002-tr y los artículos 1°, 9°, 10°, 16° y 19° del texto único ordenado del decreto

La bonificación especial por preparación de clases, evaluación y por cargo desempeñado prevista en el artículo 48° de la ley n° 24029, modificada por la ley n° 25212 debe ser liquidada conforme a la remuneración íntegra percibida por el profesor.

Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el decreto ley n.° 18846, fueron transferidos al seguro complementario de trabajo de riesgo administrado por la oficina de normalización previsional. no es necesaria la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la oficina