Principio de celeridad procesal

... de las premisas y motivación aparente), el acto procesal no puede ser salvado haciendo uso de las técnicas de conservación previstas en el artículo 172 del código procesal civil, en tanto, no es posible subsanar, integrar o convalidar el acto procesal porque se ha lesionado el contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

... vicios de motivación graves, siendo que el acto procesal no puede ser salvado haciendo uso de las técnicas previstas en el artículo 172 del código procesal civil, en tanto estamos ante un vicio de nulidad insubsanable al haberse advertido una grave inconsistencia lógica en la sentencia impugnada, vicios en la justificación interna (falta de motivación interna del razonamiento).

... el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo ii del t. P. nlpt); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° nlpt).

La ley procesal del trabajo, ley n° 29497, no impone al trabajador demandante la carga de la prueba del despido alegado, mucho menos prohíbe que tal hecho sea presumido o deducido, haciendo alusión a presunciones e indicios a los que se puede recurrir cuando el despliegue probatorio sea insuficiente.

Si en la demanda se invoca un contrato de trabajo encubierto en una contratación civil o comercial, el análisis del caso no puede limitarse a comprobar el contenido formal de los documentos o pruebas que puedan denotar este tipo de contratación, de la que se predica obedecen a simulación absoluta o fraude a la ley. el juez laboral (tal concepto incluye al tribunal ad quem) tiene el deber de...

Se vulnera el principio constitucional del debido proceso, a través de su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, cuando los órganos jurisdiccionales, al emitir pronunciamiento, incurren en una motivación sustancialmente incongruente, al no efectuar un correcto análisis de las pretensiones y los argumentos que sustentan el debate judicial (incongruencia activa).

La sentencia de vista incurre en infracción normativa del artículo 70° del decreto ley n° 19990, al haber acreditado el recurrente con medios probatorios fehacientes los años de aportes mínimos (30 años) que exige la ley para el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada, de conformidad con el artículo 44° del decreto ley n° 19990.

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, tal como ha señalado el tribunal constitucional, es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, en tanto las resoluciones judiciales no pueden justificarse en el mero capricho del juez, sino en datos objetivos que proporcione el ordenamiento jurídico y los que se deriven del caso.

Estando acreditadas las labores del demandante como obrero municipal, en atención al artículo 37 de la ley orgánica de municipalidades, ley 27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, la relación laboral del actor debe estar regulada bajo los alcances del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, no siendo aplicable al...

La sentencia de vista no infringe el derecho a un debido proceso, ni la garantía procesal de la debida motivación, pues si bien resulta discutible el criterio de los jueces al cuestionar que hubo una indebida acumulación de pretensiones, lo cierto es, que se debió cumplir con la precisiones del caso dentro del plazo concedido; término que se encontraba dentro del rango permitido por la ley.

El artículo 70 de la constitución política del perú, establece que nadie puede ser privado de su propiedad, norma de carácter imperativa. el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 950 del código civil para hacerse declarar propietario por prescripción, vulnera el derecho de propiedad.

Las nomenclaturas sutep y suter, por su similitud ortográfica, por la longitud de la palabra, por la similitud en su unidad auditiva e ideológica, es factible de causar confusión entre sus propios agremiados, que pertenecen a una misma rama de actividad y cuyas consecuencias podrían trascender en forma negativa en el ámbito de las actividades propias de un sindicato.

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 139. 3 de la constitución política del perú, involucra el derecho a acceder al órgano jurisdiccional, ponerlo en movimiento con las debidas garantías y obtener del mismo una respuesta cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas

Se afecta el principio de igualdad consagrado en el artículo 2° inciso 2) de la constitución política del perú, si no existe justificación objetiva y razonable para el tratamiento diferenciado sobre el beneficio de comité de administración del fondo de asistencia y estímulo - cafae, pago de incentivos laborales, entre los trabajadores que laboran en una dirección regional y el gobierno regional.

... la resolución nº 07; por lo tanto, en virtud del principio de trascendencia de la nulidad regulado en el artículo 171 del código procesal civil y el derecho a la tutela impugnatoria, resultaba adecuado dar una respuesta en segunda instancia sobre la caducidad, tal como lo hizo la ad quem, pues, dicha situación fue invocada como agravio en el recurso de apelación de sentencia.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho integrante del derecho al debido proceso, importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión

El principio tantum apellatum quantum devolutum, implica que al resolverse la impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el recurso de apelación, no teniendo más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido...

... sede administrativa, con lo que se infringe el principio de congruencia procesal contenido en el artículo vii del título preliminar del código procesal civil, que exige que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento respecto de todas las pretensiones y alegaciones planteadas en la demanda o el recurso interpuesto

... de caducidad, no corresponde al domicilio procesal señalado en los escritos administrativos presentados por el ahora demandante; por lo tanto, al existir duda en cuanto a la notificación válida, resuelta de aplicación el principio de favorecimiento del proceso y lo establecido en el artículo 27° numeral 1) de la ley n.° 27444.

... de la demanda, respetando, además, los principios de la lógica formal, no pudiendo convertirse esta sede suprema, en una tercera instancia procesal en la que se deba revalorar los medios probatorios.

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