modelo apelación sentencia civil

Las partes no pueden pretender ante esta instancia que además del monto dinerario fijado como indemnización, se pretenda la adjudicación preferente de bienes, al ser ambos aspectos excluyentes, conforme así se ha determinado en el tercer pleno casatorio.

Exigir la modificación del estatuto de una asociación esté sujeta a su aprobación previa mediante decreto supremo, contraviene el derecho a la libertad de asociación regulado en la constitución política del estado y en el código civil.

La unión convivencial propia se inicia a partir de la fecha de la sentencia que aparece inscrita en el reverso de la partida de matrimonio, la que merece fe al ser el reniec una entidad pública encargada no solo del registro único de identificación de las personas físicas sino también de la inscripción de hechos y actos que atañen a su capacidad y estado civil, según el artículo 2° de la ley n° 26

Sumilla: &nstitucional para el uso del agua subterránea el pago obligatorio e ineludible de una retribución económica, en el marco del derecho fundamental del acceso equitativo al agua y de una explotación racional del recurso natural hidráulico basada en el interés público; pago que no constituye tributo sino retribución económica, conforme al artículo 66 de la constitución política, artículo 20

Se cumple con la debida motivación de las resoluciones judiciales cuando existe contestación explícita a lo que fue materia de agravio, valoración de los medios probatorios, y el análisis de los hechos controvertidos con la aplicación del derecho correspondiente, y la decisión tomada, es decir, con un desarrollo coherente posible de contrastar y corroborar, y una decisión congruente con lo...

Motivación: el principio de la adecuada motivación garantiza la obtención de una resolución fundada en derecho, en la cual se expliciten en forma suficiente las razones de los fallos, con mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que los determinaron, mediante los cuales el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de los...

El tercer pleno casatorio civil establece que la indemnización para el cónyuge más perjudicado con la separación tiene carácter asistencial, pues su finalidad es corregir el desequilibrio económico de uno de los cónyuges producido por el divorcio. por tanto, no habrá una indemnización real y efectiva para el cónyuge perjudicado si se dispone la adjudicación preferente de un bien social a su favor,

Responsabilidad extracontractual y leasingsi se trata de optimizar los costes de transacción y de asignar de la manera más eficiente los recursos, no cabe duda que el coste secundario del accidente, esto es, la reparación de los daños ya producidos, se alcanza provocando que el arrendador financiero obligue a su contraparte, la arrendataria, que suscriba los seguros necesarios para compensar a...

La seguridad jurídica en el iter contractual: negociación, celebración y ejecución, se basa en la buena fe de las partes contractuales y la fuerza de ley de lo acordado, esto es, lo pactado debe cumplirse en sus propios términos y las partes deben asumir sus consecuencias; conforme así se tiene de los artículos 1361° y 1362° del código civil.

En el marco del principio de congruencia es menester e imprescindible que la sala superior emita pronunciamiento sobre el agravio que denuncia que entre los convivientes no pueden celebrarse contratos, asimilándose al texto del artículo 312° del código civil en un supuesto fáctico donde no existe vínculo matrimonial, pero sí una unión de hecho que genera algunas consecuencias similares a las del...

El modelo penal vigente determina la necesidad de motivar debidamente las decisiones sobre responsabilidad civil aun cuando se absuelve al imputado, pues no es de recibo eximir dicha responsabilidad por el solo mérito de la inexistencia de responsabilidad penal, tanto más si ambas opciones obedecen a criterios normativos y materiales diferentes.

Dentro de la idea de coherencia de nuestro sistema jurídico, el carácter normativo del precedente y de la doctrina constitucional puede dar lugar a situaciones de antinomia. en este sentido, por ejemplo, el poder legislativo, ejerciendo sus atribuciones constitucionales, puede válidamente promulgar disposiciones normativas que regulen de un modo distinto a los precedentes previamente establecidos,

El recurso de casación es infundado, al no haberse acreditado las infracciones in procedendo e in judicando denunciadas contra la sentencia recurrida emitida por el ad quem, el cual ha sustentado su decisión de declarar infundada la demanda de obligación de hacer interpuesta, en atención a que, por un lado, no se acredita la existencia de una obligación de hacer (suscribir una escritura pública)...

Sumilla: el derecho de propiedad inscrito obtenido de mala fe no puede tener prevalencia sobre el contrato de compra venta con fecha cierta y que se encuentra investido de buena fe, más aún, cuando ha quedado demostrado que el demandado, conocía que sobre el bien en disputa se realizó una doble venta, hecho que genera el quebrantamiento de la buena fe registral alegada.

Al no haberse cuestionado en modo alguno el otro extremo de la recurrida que desestimó la presente acción por haberse configurado la causal de nulidad formal del título, debido a la existencia de una serie de aspectos que han sido omitidos en la emisión del pagaré puesto a cobro, es forzoso concluir que el vicio que alega la recurrente orientado a cuestionar solo un extremo de la recurrida no va...

Cuando la controversia verse sobre reparos formulados por la administración tributaria, principalmente sustentados en cuestiones de valoración probatoria, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis exhaustivo del caso y una valoración conjunta de todos los medios probatorios que coadyuven a la resolución de la cuestión litigiosa; en virtud de la naturaleza de plena jurisdicción que rige

Sedapal se encuentra constitucional y legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua subterránea, por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía del estado; según la ley de recursos hídricos, ley n° 29338, es obligatorio el pago por parte de los usuarios.