doctrina sobre asociacion ilicita delinquir

1. la incautación cautelar está informada por los principios de intervención indiciaria (suficientes elementos de convicción) y de proporcionalidad -prohibición del exceso- (cumplimiento de los requisitos generales de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad). el principio de proporcionalidad, desde la coerción real, se expresa, en orden al peligrosismo procesal, en evitar los riesgos de...

. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...

Sumilla. 1. es posible en segunda instancia condenar al absuelto en primera instancia. la legitimidad de esta posibilidad está en función, desde luego, a las notas características del recurso de apelación, a su estructura, dimensión y particularidades nacionales, así como a las situaciones procesales concretas que se presenten en la causa. tal posibilidad, como es obvio, es aceptada en el derecho

El motivo casacional que debe admitirse es el de quebrantamiento de precepto procesal e infracción de precepto material. se discute el alcance de una institución procesal de carácter coercitivo patrimonial o real -incautación-, así como el objeto material -bienes- sobre el cual recae. el artículo 102 del código penal establece cuáles son los objetos permitidos por ley para la afectación...

La discrecionalidad del ministerio público no lo exime de solicitar la prórroga del plazo al juez de la investigación preparatoria en los casos complejos referidos a organizaciones criminales, pese a que no hiciera uso de la totalidad del plazo legal, en virtud de los principios de plazo razonable y de interdicción de la arbitrariedad.

Inaplicabilidad retroactiva de los acuerdos plenariossumilla. la constitución exige que la norma jurídica a retrotraer en sus efectos tenga rango de ley. un acuerdo plenario no posee naturaleza de ley y sin la calificación de ley o norma con rango de ley, un acuerdo plenario no puede aplicarse de manera retroactiva.

Al tener el agente la calidad de servidor público e infringir su conducta el deber jurídico especial que se corresponde con el bien jurídico que es objeto de tutela penal, se justifica la duplicidad de los plazos de prescripción; en consecuencia, la pena de ocho años de privación de libertad, fijada en el artículo 387 del código penal, debe computarse desde el treinta y uno de diciembre de dos...

Los recursos planteados no revelan la necesidad de un desarrollo jurisprudencial sobre la prisión preventiva. la interpretación que realizan los casacionistas del artículo 158, inciso 2, del código procesal, no presenta base jurídica y no se expone jurisprudencia contradictoria que amerita la intervención de la corte suprema para preservar la seguridad jurídica.

Casación fundada, lex artis advocati y excepción de improcedencia de acciónla excepción de improcedencia de acción tiene lugar &co penal de la imputación, el que el hecho que integra la disposición fi". incide, por tanto, en la carencia de objeto jurídico penal de la imputación, el que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal, de un lado, no constituye un injusto...

Tanto el auto de vista superior recurrido como el de primera instancia carecen de la debida motivación, por lo que resulta pertinente declarar la nulidad de ambas y retomar los actos procesales a la audiencia de prisión preventiva a fin que otro juzgado de investigación preparatoria emita la resolución respectiva.

La prueba trasladada es aquella que se admite y practica en un proceso, que se incorpora a otro en copia certificada, pudiendo tener eficacia si hay identidad total o parcial de las partes; es decir, si las partes son las mismas o por lo menos coincide una de ellas, esto en virtud del principio de unidad jurisdiccional dentro del cual se señala el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos...

La discrecionalidad del ministerio público no lo exime de solicitar la prórroga del plazo al juez de la investigación preparatoria en los casos complejos referidos a organizaciones criminales, pese a que no hiciera uso de la totalidad del plazo legal, en virtud de los principios de plazo razonable y de interdicción de la arbitrariedad.

Adecuación de la prolongación de prisión preventiva e inaplicación retroactiva de los acuerdos plenariossumilla. I. Este tribunal supremo, respecto al fondo del asunto, establece que lo resuelto en primera y segunda instancia, en el sentido que se alcanzó el plazo máximo de la vigencia de la prisión preventiva, es conforme a derecho. la liberación del acusado modesto mondragón becerra, en...

Sumilla. procede la desvinculación de la calificación jurídica señalada en la acusación fiscal, al verificar que la conducta del acusado se subsume en el tipo penal base de delito de receptación. de otro lado, a fin de garantizar efectivamente los principios básicos del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, previstos en el inciso tres del artículo ciento treinta y nueve de la...

El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...

El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...

Principio de legalidad procesalsumilla. i. El artículo doscientos setenta y cuatro del código procesal penal fue modificado mediante el decreto legislativo número mil trescientos siete, del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, estuvo vigente en la data en que se emitió la resolución que prolongó la prisión preventiva por doce meses adicionales, del doce de mayo de dos mil...

La permanencia sí constituye un elemento típico del delito de asociación ilícita para delinquir. su imprescindible presencia ha sido adoptada como criterio constante y vinculante en esta sede suprema. la postura de la parte civil es equivocada y, por lo demás, refleja un profundo desconocimiento de la naturaleza, finalidad y legalidad de la jurisprudencia penal, especialmente, de los acuerdos...

Adecuación de la prolongación de prisión preventiva e inaplicación retroactiva de los acuerdos plenariossumillai. Este tribunal supremo, respecto al fondo del asunto, establece que, si bien lo resuelto en primera y segunda instancia, en el sentido de que se alcanzó el plazo máximo de la vigencia de la prisión preventiva, es conforme a derecho; la liberación del acusado hugo raúl mayo cortez, en...

Naturaleza del acuerdo plenariolos acuerdos plenarios le dan un sentido interpretativo a las disposiciones legales. los criterios fijados son lineamientos hermenéuticos que los jueces tienen que invocar como sustento al resolver un caso en el que deben aplicar una disposición legal interpretada plenariamente. por tanto, es impropio hablar de su aplicación retroactiva.

Naturaleza del acuerdo plenariolos acuerdos plenarios le dan un sentido interpretativo a las disposiciones legales. los criterios fijados son lineamientos hermenéuticos que los jueces tienen que invocar como sustento al resolver un caso en el que deben aplicar una disposición legal interpretada plenariamente. por tanto, es impropio hablar de su aplicación retroactiva.

El artículo 203 de la ley del procedimiento administrativo general, establece que la revocación consiste en la potestad excepcional que la ley le confiere a la administración para de manera directa, de oficio y mediante un nuevo acto administrativo, modificar, reformar o sustituir -total o parcialmente- o simplemente extinguir los efectos jurídicos futuros de un acto administrativo generado...

La potestad sancionadora del estado, en general, debe ajustarse al principio de legalidad; el estado no debe imponer una sanción que no esté previa y expresamente establecida en la ley para el caso concreto.