bien juridico protegido usurpacion

No existe vulneración alguna en el proceso, si la sala de mérito ha emitido una sentencia justificada, lógica y congruente, justificando su decisión con la previa valoración conjunta de los medios probatorios acompañados por las partes y de las actuaciones realizadas en el proceso. asimismo, las excepciones procesales se proponen en la etapa postulatoria y cualquier cuestionamiento a la relación...

Acceso de paso de servidumbre. Habeas corpus. Derecho a la libertad. Uso publico

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende que el órgano jurisdiccional resuelva las pretensiones postuladas respetando la debida motivación y el debido proceso. la defectuosa valoración de la prueba incide en la debida motivación de las resoluciones judiciales.

La admisibilidad del recurso de casación por causal de desarrollo de doctrina jurisprudencial se encuentra condicionada a que los temas propuestos justifiquen un interés casacional relevante pasible de ser abordado por este colegiado supremo; lo que no se verifica en este caso, por lo que, al no apreciarse, además, la afectación a garantías y normas alegadas, el recurso no puede ser amparado.

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Sumilla. la prescripción de la acción penal extingue la posibilidad de persecución procesal del hecho imputado por el transcurso del tiempo.

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... los seis años. El titular de la acción penal, si bien planteó la modalidad excepcional de casación, no formuló el tema de desarrollo de doctrina jurisprudencial; asimismo, omitió fundamentarlo conforme al inciso 3 del artículo 430 del código procesal penal. por lo tanto, el presente recurso debe ser desestimado al no cumplirse con los requisitos de procedibilidad del recurso de casación.

A. La motivación de las resoluciones judiciales, como garantía de los derechos de las personas vinculada con la correcta administración de justicia, protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad y racionalidad a las decisiones del poder judicial, en el marco de una sociedad democrática, a la vez que garantiza que puedan ejercer

Habeas corpus. Judicatura penal ordinaria. Derecho a la libertad. Delito de usurpacion

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La prescripción de la acción penal se erige en una institución de relevancia constitucional, cuyo sustento nos remite al fin mismo de todo estado constitucional y de derecho, esto es, a la protección de la persona, por resultar contrario a la dignidad humana que el estado amenace, en cada caso concreto, con ejecutar su potestad punitiva sin limitación temporal alguna.

Establece que el despojo de la posesión o tenencia del inmueble o del ejercicio de un derecho real, debe producirse mediante violencia, sin especificar si este medio debe recaer sobre las cosas o sobre las personas.

Lo que se protege en el delito de usurpación no es la propiedad ni la titularidad de los derechos reales; lo que se tutela es la posesión de un inmueble como dato fáctico y no jurídico.

No existe prueba que establezca de manera patente la posesión de los agraviados, la existencia de linderos alterados ni el daño ocasionado, por lo que no se puede dar por desvanecida la presunción de inocencia que le asiste al procesado y por extensión a sus coprocesados no recurrentes.

... entido, el poseedor debe ostentar la tenencia del bien inmueble al momento del hecho delictivo, sin que sea relevante el título que pueda tener sobre él. los casos de posesión ilegítima o posesión precaria también están amparados por el derecho penal, no pudiendo ser privado el poseedor del inmueble sino por la vía lícita.

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende que el órgano jurisdiccional resuelva las pretensiones postuladas respetando la debida motivación y el debido proceso. la defectuosa valoración de la prueba incide en la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Delito de daños. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Usurpacion agravada. Debida motivacion. Ministerio publico. Tribunal constitucional

El juicio conclusivo emitido por el operador de justicia debe estar debidamente motivado , lo que exige una precisión detallada de las razones o justificaciones objetivas que llevaron a tomar tal o cual decisión. esta obligación constituye una garantía constitucional frente al ius puniendi estatal, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 139 de la constitución.