Acción de nulidad de sentencia firme

Sumilla.- en nuestro país, el requisito de agotar la vía administrativa,tiene sustento constitucional, el artículo 148º dispone: “las resolucionesadministrativas que causen estado son susceptibles de impugnaciónmediante la acción contencioso administrativa”. exigencia reglamentadaen el artículo 218º de la ley nº 27444, de aplicación por razones detemporalidad. una vez vencidos los plazos para...

: no es posible cuestionar la validez de una escritura pública otorgada en virtud de una resolución judicial firme, mediante la pretensión de nulidad de acto jurídico, ya que dicha escritura pública no fue otorgada por voluntad de los contratantes sino por mandato judicial.

• Códigos

No corresponde a las instancias registrales declarar la nulidad o disponer la cancelación de los asientos registrales, ya que esto le corresponde al órgano jurisdiccional o arbitral, al amparo del artículo 2013 del Código Civil. Sin embargo, en su labor de calificación y al expedir publicidad compendiosa sí les corresponderá determinar qué asientos se encuentran enervados en virtud del efecto...

Improcedente. la demanda de revisión planteada no pretende dejar sin efecto una sentencia firme de condena, sino una rebaja de pena por responsabilidad restringida, lo cual no es materia de la presente acción.

Para los casos en que la actividad empresarial requiera contar con autorizaciones, contratos u otros títulos para su desarrollo, no resulta obligatoria la decisión previa y firme de la autoridad sectorial competente que determina la existencia de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, prevista en el artículo 14, numeral 14.2, literal b) de la ley de represión de la...

Improcedencia de la demanda de revisión sumilla. la procedencia de la demanda de revisión de sentencia por su naturaleza excepcional busca examinar una condena firme si se incorpora prueba nueva alternativa no conocida con anterioridad; caso contrario, resulta improcedente.

La causa adecuada está determinada por dos requisitos: a) la existencia de daño, y b) que la conducta antijurídica sea capaz de producir el daño en términos esperados y normales; pues determinada conducta puede estar relacionada al daño, pero no ser la determinante del mismo, por lo que dicha exclusividad deberá ser acreditada para concluir en el necesario nexo causal con el daño que se invoca