Revista LEX

Editorial:
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas
Fecha publicación:
2019-08-28
ISBN:
2313-1861

Últimos documentos

  • Tecnologías disruptivas: Contexto Político-Jurídico, Desafíos y Oportunidades en Latinoamérica

    En el presente trabajo se contextualizan las denominadas tecnologías disruptivas, explicando su naturaleza y principales características que son parte al ecosistema digital; se describen y ejemplifican de acuerdo a los siguientes autores: Vidal, Gavilondo, Rodríguez y Cuellar (2015); Boude y Andrea (2017); Rodríguez, Vidal y Martínez (2018); Mena, (2018); Vidal, Lio y Santiago (2018) y Naranjo (2018). De igual forma, se exponen de manera general, las principales estrategias en materia de políticas y leyes digitales y de conectividad en Latinoamérica. Se detallan tres casos de estudio, a fin de exponer el marco político y jurídico que describen las acciones y objetivos que estos tres Estados del Cono Sur han establecido para el abordaje de estas tecnologías de cuarta revolución industrial. Finalmente, se exponen los desafíos y oportunidades que se desprenden del análisis. Para ello, la metodología de investigación que se siguió es no experimental de carácter teórica sobre la base de fuentes bibliográficas actuales; planes de políticas de Colombia, Argentina y Uruguay en los temas de digitalización y, los principales informes de organismos internacionales. Concluyéndose que la tecnología ha permeado la existencia humana y, resulta de alto cuidado en materia de tecnologías disruptivas, no establecer límites en su uso, reconociendo que hay desafíos aun por superar y oportunidades que aprovechar a fin de garantizar el bienestar de la colectividad y, la asignación de responsabilidad frente a los abusos en el uso de estas tecnologías disruptivas.

  • La prueba en los juicios de consumo

    En el litigio de usuarios y consumidores, la prueba tiene características particulares definidas por el carácter protectorio del derecho de fondo, y de acuerdo a los distintos fenómenos que lo componen, por lo que debe ser considerada de una forma especial que admite una particular implementación de los medios de prueba habituales en los juicios, como también la incorporación de medios probatorios atípicos y criterios propios para valoración de su eficacia por parte de los jueces, que se combinan con presunciones legales, inversiones de cargas probatorias, deberes de colaboración procesal y la consideración de la prueba de indicios.

  • El arbitraje ¿divinidad jurídica o jurisdicción incompleta?

    Existe un riesgo potencial por el cumplimiento de decisiones emitidas fuera del marco de competencia de las Entidades, las cuales consisten en los mandatos de Tribunales Arbitrales, que vulneran la obligación jurídica de motivación. En nuestro marco jurídico desapareció la posibilidad de una segunda instancia arbitral, por lo que en este momento de la historia, el Estado Peruano, como cualquier litigante, se ve imposibilitado de cuestionar el fondo del laudo, no por una cuestión de acuerdo de voluntades, sino por la verticalidad de la Ley; por lo que surgen diversos aspectos de relevancia jurídica, como son los casos del perdedor injusto o conforme a nuestra materia, el daño potencial al Estado cuando se ordena el pago a favor de un privado con cargo a fondos públicos basados en una decisión irrevisable e injusta.

  • El delito de peculado en la jurisprudencia

    La ubicación del delito de peculado en el Código Penal, el conglomerado de tipos penales que agrupa el Sistema Administración Pública, la mención del individuo que interviene en su comisión y la relación competencial de este con el objeto de apropiación, son particularidades de un delito especial, por cuya razón, para ser considerado sujeto activo de este delito la norma, de todas las personas que integran la comunidad nacional, identifica a uno en particular con características definidas, roles, servicios, prestaciones y competencias contemplados en el artículo 425 del Código Penal, sin embargo, el delito de peculado no deja de ser uno de infracción de deber, ya que, la relación del sujeto activo y el bien objeto de protección se encuentran debidamente normados. Las particularidades en mención, han servido a la Corte Suprema al votar por una definición amplia del atributo normativo “funcionario público”. Por otra parte, el tipo penal del delito de peculado no fija parámetros cuantitativos mínimos para sancionar la conducta del agente público que, por ejemplo, utiliza cuatro hojas del papel que se le ha asignado a un abogado para desempeñar su función, en un escrito de defensa particular, lo que ha dado lugar a que se inaplique la disposición que sanciona el delito de peculado.

  • Litigiosidad climática: investigaciones sobre mecanismos jurisdiccionales en defensa de los derechos climáticos. Primera Parte

    El presente artículo tiene por objeto analizar las sentencias nacionales que se pronunciaron sobre la legitimación activa para demandar tanto a los Estados como a particulares para exigir el cumplimiento de los compromisos climáticos y la efectiva condena pecuniaria por contribuir con el cambio climático, basándose en la afectación a los derechos humanos. Por lo extenso de la investigación y análisis, el trabajo se presenta en dos partes diferenciadas: una primera, general, en la que se desarrolla el marco conceptual consistente en definir la terminología litigiosidad climática, casos comprendidos, excluidos y los antecedentes jurisprudenciales hasta el año 2020. Y la segunda, que describe el estado actual de los litigios climáticos, especialmente, dos de las últimas sentencias novedosas por su implicancia: la pionera resolución del Tribunal Administrativo de París, febrero de 2021, que responsabilizó a Francia por inacción frente a la lucha contra el cambio climático y la del Tribunal de Distrito de La Haya, en mayo de 2021, que consideró que la compañía matriz Royal Dutch Shell-como responsable de las políticas del grupo Shell- ocasionaba un daño ambiental inminente al no adoptar medidas suficientes para reducir sus emisiones de dióxido de carbono y le ordenó reducir dichas emisiones en un 45% neto para fines del 2030 en comparación con los niveles de 2019, a través de la política corporativa del grupo incluidos sus proveedores y clientes. La metodología se basó en el método científico, en la investigación bibliográfica y jurisprudencial referida a la temática. Se concluyó que, si bien en la actualidad no se percibe claramente la gravedad del cambio climático, la pandemia presenta oportunidades hacia una reconstrucción mundial más sostenible y las sentencias contra Francia y contra el grupo Shell constituyen un punto de inflexión hacia la condena de los Estados y empresas.

  • Revisión sistemática del análisis del marco legal peruano en el ámbito del acoso psicológico laboral o Mobbing

    En el Perú, no existe regulación normativa que sancione el acoso psicológico laboral. El objetivo de este estudio es determinar la necesidad de una regulación específica de la figura del acoso psicológico laboral o mobbing en el marco legal peruano. Para ello se ha analizado artículos nacionales e internacionales sobre el mobbing, término que es sinónimo de acoso psicológico, acoso laboral y acoso moral, publicados como estudio teórico en las bases de datos Redalyc, Scielo y ALICIA, entre el período de 2009 al 2019. El acoso psicológico o mobbing produce un menoscabo a la dignidad y salud mental de los trabajadores que lo sufren, por lo que, se recomienda que ésta figura jurídica se incorpore de manera específica en el Artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo N.º 728, como una falta grave.

  • La acción contencioso administrativa en la Constitución Política del Perú de 1993

    En este artículo el autor analiza la regulación de la acción contencioso administrativa en la Constitución Política del Perú de 1993, que establece en su artículo 148° lo siguiente: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”; teniendo en consideración las instituciones utilizadas en su contenido como son: “resoluciones administrativas”, “causa estado” e “impugnación”; términos que generan confusión al momento de interponer la demanda ante el Poder Judicial, que debido a la evolución de sus conceptos, deben de ser modificados. Es por ello, que con el presente trabajo se pretende advertir las consecuencias negativas que conlleva la fórmula normativa constitucional utilizada en la Carta Magna de 1993.

  • El requerimiento del expediente administrativo en procesos vinculados a materia previsional. Aportes para una aplicación correcta del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584

    Al momento de admitirse una demanda en la vía del proceso contencioso administrativo el órgano jurisdiccional, dispone – casi de manera automática - la remisión del expediente administrativo. Pero que sucede si la pretensión demandada está referida a un derecho pensionario y dentro del proceso judicial se insiste en la actuación de un documento que no resulta necesario para resolver la controversia planteada o sobre lo cual la parte demandada, al contestar la demanda, no formula cuestionamiento directo a los documentos presentados por el demandante (usualmente copia de las resoluciones administrativas o de su solicitud a nivel administrativo). Por ello, es importante que se aplique de manera adecuada la disposición legal referida a la solicitud del expediente administrativo, a efectos de que se requiera, solo cuando sea necesario, de ser el caso.

  • Editorial

    En los cien últimos años la tierra y la sociedad han experimentado cambios cualitativos y cuantitativos, dándoles un nuevo rostro. Correspondiendo a la ciencia y tecnología esta titánica transformación. La ciencia hoy dispone de respuestas, no solo de nuestro origen sino también del futuro. Sin embargo, muchos de los cambios no son compatibles con el bienestar humano y con el saludable medio ambiente. Es entonces imprescindible consolidar una nueva ética que contenga objetivos altruistas como la salud de la tierra, y la salud física y espiritual de los seres humanos. Es decir, sanear la historia en sus tres escenarios: el universo, la tierra y la sociedad.

  • El cambio climático desde un enfoque del derecho internacional de los derechos humanos

    Este artículo describe los avances del desarrollo del Derecho Internacional Ambiental respecto al cambio climático y los impactos de este a los derechos humanos, en especial estando en un contexto internacional que demanda la acción climática global teniendo como base los últimos reportes científicos alarmantes. La aparición de litigios en materia de cambio climático continúa desarrollándose, mucho de los cuales reclaman la acción a gobiernos y a empresas cumplir con sus obligaciones, incluso alegando afectación a derechos humanos.

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