La práctica del control de constitucionalidad en China
| Autor | Guoqiang Zhai |
| Cargo | Profesor asociado al Instituto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales, Secretario general adjunto de la Asociación China de Derecho Constitucional |
| Páginas | 589-602 |
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No existe Tribunal Constitucional ni otro órgano especial encargado de evaluar la constitucionalidad de la acción estatal en China. Pese a que la Constitución y la Ley Legislativa establecen que China dispone del control formal de la Constitución, esta no ha sido habilitada. Según la Constitución de este país, la Asamblea Popular Nacional (NPC) y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (NPCSC) no son solo los más altos órganos legislativos de China, sino también los órganos autorizados para resolver las controversias. Además, son los responsables de asegurar el cumplimiento de la Constitución, así como de interpretarla, al igual que a las demás leyes. La participación de la Asamblea Popular Nacional puede tener gran influencia en la solución de controversias de dos modos: a través del control de constitucionalidad, y por medio de la interpretación constitucional y legal a cargo de la NPCSC, la cual puede influir en la decisión de la Corte y, por lo tanto, producir un impacto indirecto en la solución de la controversia1.
Algunos estudiosos argumentan que no existe ningún sistema de control constitucional en China. Por el contrario, el profesor Zhuguobin sostiene que, tomando en consideración a la Constitución china y a la función de resolución de conflictos realizada por las diferentes ramas gubernamentales, podemos concluir que el control constitucional sí está presente en este país, a tal punto que la Constitución establece un sistema de revisión constitucional en el propio Poder Legislativo en lugar de en las Cortes2.
Existen al menos tres diferentes modelos de control constitucional en el mundo. El modelo del Tribunal Constitucional, adoptado por muchos países europeos, consiste en un órgano especial encargado de velar por la constitucionalidad, y en este sentido, mantiene cierta superioridad legal en relación con otras ramas de poder. Esta revisión alcanza a todos los actos legislativos, los cuales son los más altos instrumentos legales de un sistema jurídico y político específico. Una verdadera institución con el poder de brindar un adecuado control constitucional debe ser tal que en un determinado sistema de separación de poderes imponga cierto límite al Poder Legislativo (el Parlamento), de modo que pueda anular las leyes aprobadas por este. Francia es un ejemplo especial de este modelo, ya que el Consejo Constitucional solo puede revisar la constitucionalidad
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de las leyes antes de que entren en vigor. El sistema francés realiza un control abstracto, por el cual decide sobre la constitucionalidad de una ley sin haber antes conocido un caso que haya surgido bajo el supuesto de dicha ley. Se emiten opiniones consultivas en lugar de verdaderos juicios.
Además del modelo del Tribunal Constitucional, la Revisión Judicial constituye otro modelo por el cual los tribunales de causas comunes tienen el poder de revisar la constitucionalidad de las acciones del Estado y de las decisiones legislativas. El típico ejemplo de este modelo lo encontramos en Estados Unidos, y en específico en el caso Marbury (1803). Charles Evans Hughes afirmó: «Estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es». La revisión judicial constituye una revisión específica y a posteriori, por la cual la Corte Suprema procura la uniformidad de la jurisprudencia. Hoy en día, este modelo ha sido adoptado por muchos otros países fuera de los Estados Unidos, como es el caso del Japón.
El Control Parlamentario es un modelo inusual y distinto de los ya mencionados. En algunos países, son los comités dentro del Parlamento —e incluso el Parlamento mismo— los que llevan a cabo el control de constitucionalidad en el sistema de gobierno. Los ejemplos de este modelo incluyen a Finlandia, Australia, la República Popular China y otros. De conformidad con la Constitución china, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional puede definir la Constitución, aunque hasta la actualidad no ha dicho qué es. El Comité Permanente puede derogar cualquier ley o decisión judicial que considere en contra de la Constitución, los estatutos, o normas y los reglamentos administrativos.
Hay distintos modelos de control constitucional alrededor del mundo, pero pueden identificarse dos tareas centrales de esta institución, independientemente del modelo que se adopte. La primera es la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución, pues los derechos constitucionales perderían sentido si no existiera mecanismo alguno para su efectiva realización. Los derechos básicos son la prioridad en el derecho positivo, e incluso en la propia Constitución3. Tal control, en relación con las normas sobre derechos constitucionales, puede proteger a aquellas de la intervención de los órganos gubernamentales (incluyendo el órgano legislativo).
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La otra tarea es el control de constitucionalidad del sistema legal. Considerado el imperio de la ley como un principio constitucional básico, la unificación del sistema legal es otra importante función del control de constitucionalidad. El derecho, según Kelsen, es un sistema de normas, y las normas son declaraciones de «deberes» que prescriben ciertos modelos de conducta. Todas las normas dadas por un sistema legal derivan su validez de la Constitución, de modo que un Tribunal Constitucional debe funcionar como un «legislador negativo» encargado de derogar las leyes que son incompatibles con la Constitución.
En China, la Constitución tiene la más alta autoridad legal, así que ninguna ley nacional, reglamento administrativo, reglamento local, reglamento autónomo, reglamento especial ni regla local o administrativa puede contravenirla; la ley nacional (elaborada por la Asamblea Popular Nacional y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional) tiene mayor autoridad legal que un reglamento administrativo, decreto local y regla administrativa o local; los reglamentos administrativos (dados por el Consejo de Estado) tienen mayor jerarquía legal que un reglamento local y reglas locales o administrativas; mientras que los reglamentos locales (a cargo de la Asamblea Popular y sus comités permanentes en las diferentes provincias) superan la autoridad legal de las reglas locales emitidas por los gobiernos en los mismos o inferiores niveles, y estas últimas (promulgadas por el Gobierno Popular de las provincias, regiones autónomas y municipios) prevalecen sobre las reglas locales dictadas por el Gobierno Popular de la «gran ciudad» localizada en su jurisdicción4.
El Sistema de la Asamblea Popular es el sistema constitucional básico de China. La Constitución de la República Popular China prescribe que el poder del Estado pertenece al pueblo. La Asamblea Popular Nacional y las Asambleas Populares Locales, en todos los niveles, son los órganos a través de los cuales las personas ejercen el poder del Estado. Dichas asambleas se constituyen por medio de elecciones democráticas, son responsables ante el pueblo y están sujetas a su supervisión. Los órganos administrativos, judiciales y fiscales del Estado son creados por la Asamblea Popular, frente a quien son responsables y fiscalizados. La Asamblea Popular Nacional se reúne solo una vez al año, y cada sesión dura entre diez días y dos semanas. Tiene alrededor de 2900 miembros y 9 subcomités. Sin duda, es
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técnicamente imposible para la Asamblea Popular Nacional ejercitar de manera frecuente su función como «Tribunal Constitucional».
En este sentido, la Constitución China autoriza al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional llevar a cabo la revisión constitucional. Este Comité cuenta con 175 miembros y se reúne cada dos meses, lo que le permite desarrollar su rol de manera mucho más efectiva. En virtud de la Constitución, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional tiene el poder de interpretar la Constitución y supervisar su ejecución; interpretar estatutos; anular las reglas y reglamentos administrativos, decisiones, y órdenes del Consejo de Estado que contravengan la Constitución o sus estatutos; así como anular los...
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