La judicatura en el sistema constitucional ruso
| Autor | Vladislav Arkhipov/Dmitriy Bartenev/Sergey Belov/Olga Kudryashova/Diana Mushtakova/Ilya Vasil'Ev |
| Cargo | PhD, profesor asociado de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia)/PhD, profesor asistente de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia)/PhD, profesor asociado de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia)/Profesor asistente de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia)/Profesor asistente de la Universidad Estatal... |
| Páginas | 557-587 |
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La Constitución rusa de 1993 incorpora el nuevo escenario del desarrollo del Estado de Rusia y los sistemas legales. Previamente, la Constitución de 1978 de la República Socialista Federativa de la Unión Soviética (RSFSR) era la Ley Fundamental, la cual estaba basada en la ideología comunista.
El propósito de adoptar la nueva Constitución de 1993 era definir el nuevo marco legal de las relaciones entre los individuos y el Estado. La Constitución se convirtió en uno de los símbolos de los cambios sociales radicales en la sociedad rusa y estableció un nuevo orden constitucional, similar al de Europa Occidental y al tipo de democracia de Estados Unidos. Para ello, la Constitución no solo rechazó las instituciones constitucionales de la RSFSR de 1978, sino también sus principios fundamentales.
Al mismo tiempo, el trasplante de los nuevos principios jurídicos haría considerar que la cultura y las tradiciones jurídicas de la sociedad rusa no eran un tabula rasa. El sistema constitucional ruso se convirtió en una mixtura de los principios de la democracia constitucional y las tradiciones jurídicas del sistema legal soviético y de su ideología.
El principio de la soberanía del pueblo fue reconocido a partir de la Constitución de 1993, identificando a las personas multinacionales de la Federación Rusa como titulares de la soberanía y como única fuente de poder. No tardó mucho para que el Estado fuera visto como una entidad colectiva que cubría a la totalidad de la sociedad, como una especie de organización de trabajadores, de modo que ponía en el mismo nivel a la sociedad y a sus miembros. El Estado ruso, dentro del significado de las disposiciones de la Constitución, tiene la condición de documento representativo de la sociedad. Sobre esa base, la Constitución vigente reconoce la igual importancia de los derechos personales, políticos, sociales y económicos y de las libertades. Este importante rasgo distingue a la Constitución de 1993 de su antecesora.
El sistema constitucional soviético no reconoció el principio de separación de poderes, favoreciendo así al principio de la democracia centralizada y proporcionando en esta medida el poder estatal, para políticamente consolidar la clase social hegemónica. Con el tiempo, la dictadura del Estado soviético retrocedió.
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Con la adopción de la Constitución de 1993, la necesidad política de la separación de poderes adquirió obligatoriedad legal. La separación de poderes, como un sistema de control y balance del poder, fue la forma de establecer el régimen democrático y alcanzar el buen gobierno. La interpretación de este principio envolvió la coordinación de las autoridades de todos los Estados desde un centro político.
El presidente de la Federación Rusa no era miembro de ninguna rama del gobierno y llevó a cabo la coordinación como garante de la Constitución. En la judicatura, la separación de poderes prohibió la concesión de cualquier facultad normativa a las cortes. Esta prerrogativa fue reservada a la legislatura.
La Constitución de 1993 definió la nueva estructura de la judicatura, estableciendo, entre otros principios, el del control de constitucionalidad. Tomadas del Estado soviético, fueron organizadas tres subramas de la judicatura: en un primer momento, las cortes de jurisdicción ordinaria (principalmente enfocadas en temas civiles, administrativos y penales) y las cortes estatales de arbitraje comercial (las cuales resolvían en su mayoría disputas civiles y administrativas, donde participaban diversos empresarios). La tercera subrama apareció como la nueva institución del control de constitucionalidad y recibió la denominación de Corte Constitucional Federal. Las cortes de arbitraje, que en la mayoría de judicaturas extranjeras son las organizaciones no estatales, en la Constitución de 1993 fueron conservadas como cortes estatales de la tradición soviética.
El constitucionalismo soviético no admitió la protección de los derechos de los ciudadanos sino solo en el ámbito nacional; es decir, no reconoció ninguna jurisdicción internacional en esta materia. La Constitución de 1993, a diferencia de la Constitución previa, estableció la prioridad de los tratados internacionales sobre la legislación nacional —e incluso sobre la Constitución en sí misma— y el derecho de las personas de denunciar las violaciones a sus derechos ante los tribunales internacionales. Luego, en 1998, el Parlamento ruso ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconociendo ipso facto la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bajo la concepción constitucional soviética, basada en la ideología marxista materialista, se dio prioridad a los derechos sociales y económicos —como los derechos a trabajar, al descanso y tiempo libre o a la seguridad social— sobre los derechos civiles o políticos. En el discurso político soviético se declaró que no eran necesarios los derechos políticos si las condiciones sociales y económicas no eran proporcionadas. La Constitución de 1993 declaró un número de esos derechos sociales, incluyendo los derechos de protección
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a la salud y asistencia médica gratuita en las ambulancias del Estado, el derecho a la vivienda (las viviendas para los más necesitados eran provistas por el Estado), el derecho a la educación, etc. Dentro de la economía liberal de mercado, estos derechos no se llevaban a cabo en la práctica, así que llegaron a ser normas jurídicas tradicionales, pero meramente ostentosas.
El principio «burgués» del imperio de la ley fue rechazado en el constitucionalismo soviético por ser considerado vago y por dar un amplio margen de discrecionalidad a las cortes. En reemplazo, la Constitución soviética reconoció el principio de «legalidad socialista», visto como la interpretación literal y ejecución correspondiente de las leyes y reglamentos de los órganos de gobierno del Estado soviético, los funcionarios, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. La Constitución de 1993 mencionó a ambos —al principio de legalidad y al principio de imperio de la ley—, dando amplio espacio de elección para la aplicación de cualquiera de estos. En la práctica, el principio del imperio de la ley abrió camino a la implementación directa de la Constitución. La Corte Constitucional Rusa apela al principio del imperio de la ley, exige certeza a las normas legales, y definición de las consecuencias de las acciones legales para las personas, etc.
La concepción soviética del principio de bienestar («social», en la Unión Soviética «socialista») fue también distinta de la existente en la democracia liberal. El principio de socialismo construyó un Estado paternalista con dominio de la propiedad estatal, con un tipo de planificación administrativa y con un estado de financiación de todos los gastos de atención social. La Constitución de 1993 cambió este principio por el liberal Sozialstaat, pero la discusión acerca de la correcta comprensión de este principio sigue formando parte de la agenda de Rusia. La presencia del Estado en la economía en Rusia aún es dominante, y las expectativas de las personas de obtener apoyo del Estado aún son exageradas. El principio del Estado social a menudo es entendido como el derecho a que se distribuya la renta nacional entre la población. Todos estos ejemplos demuestran el cambio radical del Estado y del sistema legal con la Constitución de 1993; sin embargo, la comprensión de muchos de estos principios aún es distinta de aquella en el extranjero, aunque el conjunto de estos principios es en cambio muy parecido a muchas de las democracias extranjeras. Las características generales del nuevo sistema constitucional de Rusia serán desarrolladas a continuación.
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La Constitución de la Federación Rusa establece la separación de poderes como el principio eje del sistema de gobierno1. Según este principio constitucional, el poder del Estado, siendo un todo singular, al mismo tiempo está dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno es independiente y sus autoridades actúan en determinadas formas jurídicas y a través de organismos gubernamentales específicos. Ello no significa que los poderes del Estado estén absolutamente aislados uno del otro; por el contrario, estos interactúan según el sistema de control y balance. Este sirve como garantía ante la brecha entre los poderes y ante la concentración del poder en uno solo.
El Poder Judicial, en igualdad con otras ramas de poder, está establecido en la Constitución rusa (artículo 11) como independiente y autónomo. Su característica distintiva es la específica función que cumple: la administración de la justicia. Los tribunales son especializados y las únicas autoridades del Estado que deciden las controversias jurídicas entre los miembros de la sociedad, así como las disputas entre estos y las instituciones gubernamentales de la administración de justicia. Según la Constitución de la Federación Rusa (artículo 18), la administración de justicia es una función exclusiva de los tribunales, llevada a cabo en determinadas formas jurídicas, mientras que otras instituciones no están...
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