Una investigación anunciada

Por Carlos Adrianzén. Decano de la Facultad de Economía de la UPC

En la vida cotidiana la inercia y los intereses pesan. Incluso las lecciones supuestamente dejadas por algún desastre, poco tiempo después, se dejan de lado. En cambio, la ideología y los intereses de los que medran de esta son muy resistentes.

No hace muchos años, entre inicios de la década de 1970 y la de 1990, los peruanos pagamos una abultada factura. Nuestros gobiernos apostaron alegre y entusiastamente por la proliferación de empresas públicas. Para ello, sucesivas dictaduras y gobiernos democráticos quebraron abiertamente los derechos de propiedad de connacionales (no pocas veces abusando), expropiaron a inversionistas extranjeros (pagando silentemente compensaciones desproporcionadas años después) y embarcaron a los iluminados amigotes burócratas de cada régimen en aventuras empresariales para las que los aludidos no tenían ni el oficio ni la vocación.

Recordemos que a estos burócratas empresarios no solo se les entregó recursos y licencias monopólicas por doquier; se avalaron todos los endeudamientos de sus gestiones y se les transfirió parte significativa de la recaudación inflacionaria. Pero esto no fue todo. Envueltos en bonitas pócimas ideológicas, como las razones estratégicas o de soberanía nacional, estas empresas públicas (Hierro Perú, EMSA, Minero Perú, Pesca Perú, ENCI, Petro-Perú, Centromín Perú, etc.) configuraron una zona donde la corrupción campeó y las auditorías ni se asomaron. En nombre del Estado empresario se cocinó un delicioso botín para ciertas minorías (mercaderes amigos y burócratas dorados).

Tan pronunciados resultaron los errores de estas aventuras que, de 1973 a 1991, solo una porción de su costo âla huella contable dejada por sus pérdidas acumuladasâ superó los US$32.278 millones actuales. Cómo puede llegar a ser la...

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