El Gobierno persigue la quiebra de las universidades públicas
| Autor | Alfonso Conde Cotes |
La universidad pública es considerada una competencia desleal (recibe "subsidios" del Estado) que debe eliminarse o "marchitarse". No sólo es víctima de la represión oficial sino de la política de privatización de la educación.
Ya no es sólo el caso de la Universidad del Atlántico que se quiere conducir a la liquidación bajo la aplicación de la ley de quiebras. Se trata de otras varias en trance de ser cobijadas por esa ley 550 (Caldas, Cauca, Cartagena... ) y aquellas como la Universidad Nacional de Colombia que inician, por cuenta de las medidas arbitrarias del Ministerio de Hacienda, el camino hacia la inviabilidad financiera.
Se trata, en el proceso de adecuación de la situación colombiana a las exigencias del TLC con los Estados Unidos, aún sin la firma de ese tratado, de "reducir los efectos negativos de las leyes y reglamentos que puedan afectar la capacidad de competir de los servicios (educación superior)" , como afirmaba el Viceministro para la Educación Superior en un foro sobre TLC y Educación. Se trata de "Ofrecer a los servicios y proveedores de servicios... condiciones de competencia no menos favorables que las que ofrecen a sus propios servicios y proveedores...". La universidad pública es considerada una competencia desleal (recibe "subsidios" del Estado) que debe eliminarse o "marchitarse" en el mercado de la nueva mercancía: la educación de los colombianos. De forma simultánea, se trata de desmontar la responsabilidad gubernamental de financiar la educación y ahorrar recursos que se destinarían a la "sostenibilidad de la deuda pública".
¿Cómo ha sido el proceso? De manera unilateral e ilegal, el Ministerio de Hacienda ha venido negando la validez de las pensiones que se han liquidado en las universidades públicas de manera que se rehúsa a aportar los recursos correspondientes y recarga, sobre los ingresos propios de las universidades para su funcionamiento, el peso de las pensiones de jubilación. Con el mismo argumento pretende que las instituciones devuelvan al Ministerio lo que ellas han pagado "en exceso" desde la vigencia de los actos administrativos de liquidación de las pensiones de profesores y empleados administrativos. Asimismo pretende hacer recaer los pasivos pensionales sobre las propias entidades de educación superior y deshacerse de su responsabilidad sobre ellos. Sin remedio, la aplicación de estas medidas conduciría a las universidades públicas a la inviabilidad financiera y a la quiebra.
Así, por ejemplo...
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