Un evidente despropósito

Por Aníbal Quiroga (*)

El Congreso insiste con el proyecto de ley que modificaría el Código Penal para criminalizar la difusión de las comunicaciones privadas, extendiendo la complicidad del delito a los periodistas y a los medios de comunicación que, por una consideración u otra, decidan difundirlas en forma escrita, radial, televisada o virtual.

No está en discusión la conducta criminal de quien ilegalmente hace, dispone, solicita o ejecuta una grabación clandestina, vulnerando el derecho a la intimidad. Pero esa norma penal ya existe y, de hecho, se acaba de condenar ?con sus adicionales que, sin duda, traerán cola? el Caso BTR. Luego de un largo proceso judicial, se demuestra que la criminalización de esas actividades ya existe en el sistema jurídico, sus responsables han sido castigados y ya purgan prisión.

La norma aprobada con inusual consenso extiende tal responsabilidad ?con notoria ausencia de técnica legislativa? al difusor, lo que constituye un exceso que afecta el derecho constitucional a la libertad de información, además de criminalizar la labor de los periodistas y, por extensión, la de los medios de comunicación. Por eso es que el presidente de la República...

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