Estructura de la investigación
| Autor | Diego Salinas Mendoza |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho y Ciencia Política y Magíster en Ciencias Penales |
| Páginas | 33-58 |
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO PRIMERO
Estructura de la investigación
I. TEMA
El tema propuesto está referido al mecanismo que utiliza el Tri-
bunal Constitucional de nuestro país, para determinar cuándo
la duración de un proceso se convierte en ilegítima y vulnera el
derecho fundamental que asiste a toda persona de ser juzgada en
un plazo razonable. La perspectiva elegida busca comprender la
evolución de la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete de
la Constitución, a fi n de mejor apreciar las principales tendencias,
inconsistencias y oscilaciones en los criterios utilizados por dicho
organismo.
Puede observarse que algunas de nuestras constituciones
establecieron que los magistrados no podían prolongar o abreviar
los procesos (Apolín; 2007: 83). Se trataba de referencias episódicas
que respondían a la percepción de que la duración legítima de
una actuación procesal, únicamente podía determinarse a través
de la ley.
En este orden de ideas, el juez se vinculaba con la dimensión
temporal del proceso de una forma aritmética, en concordancia
con la gran desconfi anza que existía en la actividad judicial.
Dichas circunstancias explican en gran medida el silencio que la
DIEGO SALINAS MENDOZA
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Carta de 1993 guarda sobre la garantía a ser juzgado en un plazo
razonable.
Por otra parte, en el orbe jurídico anglosajón es posible ob-
servar un vigoroso desarrollo del “speedy trial” (concepto similar
al plazo razonable), garantía de rango constitucional y marcada
naturaleza jurisprudencial, que ha infl uido decisivamente en la
incorporación del plazo razonable, como derecho fundamental, en
diversos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos,
muchos de los cuales son vinculantes para el Perú.
En este contexto, hizo su aparición la garantía a un plazo
razonable en nuestro país, “implícitamente”, (León; 2007: 110),
o como “garantía innominada”, gracias a la labor del Tribunal
Constitucional que ha permitido reconocer, defi nir y efectivizar
este derecho, desde una dinámica matriz de tipo jurisprudencial,
reinvindicando la labor creadora de la judicatura a través de sus
sentencias.
De esta manera, es posible apreciar que la determinación de
la legitimidad del tiempo empleado por el Estado para realizar
la “prestación” de justicia penal, no sólo involucra al legislador,
sino también al juez, con las herramientas de las que cada uno
dispone. La búsqueda del equilibrio y óptima complementación de
ambas funciones es una de las características actuales de nuestro
Derecho nacional.
II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
2.1. Objetivos
a) Conocer y elucidar la evolución de los criterios que utiliza el
Tribunal Constitucional, para establecer cuando se ha vul-
nerado el derecho a ser procesado en un plazo razonable, a
través de su jurisprudencia.
b) Apreciar el desarrollo de dichos criterios, en un marco tem-
poral y evolutivo, a partir de los mecanismos del derecho
jurisprudencial, en el contexto del proceso penal y la prisión
preventiva.
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