Los dilemas para consumir justicia: algunos alcances de la tutela procesal del consumidor en la vía administrativa y el arbitraje de consumo
| Autor | Moisés Rejanovinschi Talledo |
| Cargo | Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Páginas | 231-251 |
Los dilemas para consumir justicia: algunos
alcances de la tutela procesal del consumidor
en la vía administrativa y el arbitraje de
consumo
Dilemmas to consume justice: some scopes of procedural
protection of the consumer administrative procedure and
consumer arbitration
MOISÉS REJANOVINSCHI TALLEDO*
Resumen: El presente documento plantea que el consumidor debe escoger
el mecanismo procesal que pueda satisfacer de mejor manera su necesidad de
resolver una controversia y de ser indemnizado. Asimismo, la administración,
en defensa de los derechos de los consumidores, debe contar con facultades
para preferir la Constitución mediante el control difuso.
Palabras clave: Protección al consumidor – arbitraje de consumo – control
difuso de la Constitución – procedimiento administrativo
Abstract: This paper argues that the consumer should choose the procedural
mechanism that satisfies their need to resolve a dispute and being compensated.
Also, the administration, in order to defend rights of consumers, must have
the authority to prefer the Constitution through diffuse constitutional control.
Key words: Consumer protection – consumer arbitration – diffuse constitutional
control – administrative procedure
CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN. II. TUTELA DE LOS CONSUMIDORES EN LA
VÍA ADMINISTRATIVA. III. ARBITRAJE DE CONSUMO. III.1. EXPERIENCIA
EXTRANJERA. III.2 CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE DE CONSUMO.
IV. CONSIDERACIONES FINALES. V. BIBLIOGRAFÍA.
* Para Sandra. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho de
la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la misma casa de estudios. Docente del curso
Protección al Consumidor y del Seminario de Tesis, en la Maestría de Derecho de la Propiedad
Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente del curso
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Universidad Continental. Ha cursado el
Summer Academy on Integration Trade Regulation en el World Trade Institute (Berna, Suiza). Cuenta
con especializaciones en derecho de la propiedad intelectual dictadas por la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI). Participante en la Audiencia Pública de diversos Reglamentos de
Implementación del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Expositor y asesor legal en
temas de competencia y propiedad intelectual. El presente artículo refleja la opinión del autor y no de
las entidades que representa. Correo electrónico: mrejanovinschi@pucp.pe
N° 75, 2015
pp. 231-251
Moisés Rejanovinschi Talledo
232
Derecho PUCP, N° 75, 2015 / ISSN 0251-3420
I. INTRODUCCIÓN
El artículo 65 de la Constitución Política del Perú indica que el Estado
«defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto,
garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios
que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela,
en particular, por la salud y la seguridad de la población» (1993).
El Tribunal Constitucional ha reconocido que los derechos de los
consumidores, indicados en la norma anteriormente citada, son derechos
fundamentales (2003, fundamento jurídico 32) —aplicando la teoría de
los derechos innominados1 y añadiendo como derecho fundamental,
entre otros, a la indemnización por daños2—. La indemnización es
la vía para resarcir el daño causado por un proveedor, el cual puede
ser «psicofísico, patrimonial y no patrimonial» (Alpa, 2004, p. 434).
A su vez, la indemnización puede comprender criterios patrimoniales
(como el daño emergente, lucro cesante) y extrapatrimoniales (como el
daño moral) (Espinoza Espinoza, 2002, pp. 159ss.), proyectándose este
derecho «tanto frente a poderes públicos como frente a particulares»
(Canosa Usera, 2008, p. 101).
A su vez, también el máximo intérprete de la Constitución ha señalado
que el Estado tiene un deber especial de protección frente a los
consumidores, correspondiéndole
[...] crear un órgano estatal destinado a preservar los derechos e
intereses legítimos de los consumidores […] establecer procedimientos
apropiados para que, en su seno, los consumidores y usuarios puedan,
mediante recursos sencillos, rápidos y efectivos, solicitar la protección
de aquellos derechos e intereses. Con el establecimiento de ese tipo de
procedimientos no solo debe facilitarse una vía para la satisfacción de
los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, sino también
las reglas conforme a las cuales puedan solucionarse equitativamente
los problemas (Tribunal Constitucional, 2004, fundamento jurídico 14).
En el presente documento analizaremos cuáles son los procedimientos
apropiados u opciones procesales que ofrece el Estado para que los
consumidores puedan ser tutelados procesalmente, logrando satisfacer sus
necesidades de ser indemnizados, centrándonos en la vía administrativa
y el arbitraje de consumo. El objetivo del presente artículo es relevante,
ya que el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Congreso
de la República, 2010) —en adelante, Código de Consumo— incluye
1 Encontrándose la misma en el artículo 3 de la Constitución: «La enumeración de los derechos
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno».
2 La sentencia también reconoce como derechos fundamentales de los consumidores el del acceso
al mercado y la protección de sus intereses económicos, así como la defensa corporativa, es decir,
el derecho a la protección de los derechos mediante la creación y fomento de las asociaciones de
consumidores.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
COPYRIGHT Pontificia Universidad Catolica del Peru
